El presidente guatemalteco intenta frenar la investigación de corrupción que puede provocar su detención
Guatemala ha caído una vez más en una profunda crisis política relacionada con la corrupción. El presidente Jimmy Morales ha declarado persona non grata al jefe de una unidad anticorrupción apoyada por la ONU que le investiga a él y a su partido. La orden de expulsión fue bloqueada horas más tarde por el Tribunal Constitucional del país.
El excómico elegido presidente hace dos años, tras la caída del anterior gobierno por acusaciones de corrupción, está luchando por su supervivencia política, y por su libertad, desde el pasado domingo después de un intento fallido por expulsar al director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
Morales anunció la expulsión del respetado fiscal colombiano a través de un vídeo en su cuenta de Twitter, el domingo por la mañana. También anunció que pediría la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores por no haber expulsado a Velásquez antes y lo reemplazó por un aliado que está siendo investigado por adopciones ilegales.
Los anuncios se realizaron menos de 48 horas después de que Velásquez y Thelma Aldana, la fiscal general, solicitasen al tribunal la retirada de la inmunidad política a Morales con el objetivo de poder así presentar cargos en su contra por supuesta financiación ilegal de la campaña de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), en las elecciones de 2015.
Los fiscales alegan que Morales no dio cuenta del origen de más de 670.000 euros que sirvieron para financiar su campaña y le acusan de esconder los balances de su propio partido. Morales, que se presentó como candidato con el lema “ni corrupto ni ladrón”, ha negado una y otra vez las acusaciones.
La investigación de la financiación de la campaña es parte de una más amplia sobre un arraigado problema en Guatemala: los partidos políticos aceptan dinero de grupos de crimen organizado y de empresarios muy poderosos a cambio de contratos públicos, sobornos y protección judicial.
Los fiscales presentaron la acusación contra Morales mientras éste estaba en Nueva York intentando, en vano, que el secretario general de la ONU retirara a Velásquez de la investigación.
Los jueces decidirán sobre la inmunidad del presidente el próximo lunes. Si se acepta la petición y el Congreso retira la confianza al presidente, Morales podría ser arrestado en unos pocos días.
Sin embargo, los activistas temen que Morales y sus asesores militares no acepten el mismo destino que sufrió el expresidente y general Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxanna Baldetti. Ambos fueron encarcelados inmediatamente después de ser destituidos en 2015, en medio de una ola de protestas sin precedentes.
Miles de personas han salido a protestar a las calles de la capital ante los temores de que Morales declare el estado de sitio. Un comunicado interno de la policía al que ha tenido acceso the Guardian reveló que se han cancelado todas los permisos de las fuerzas especiales de la policía del país.
“Hay un gran peligro de que Morales y su círculo de la vieja guardia militar declaren el estado de sitio para detener el proceso judicial”, ha indicado a the Guardian Anabella Sibrian, directora de la ONG Plataforma Internacional contra la Impunidad, en una entrevista telefónica.
“Lo que hemos presenciado hoy es un acto arbitrario contra figuras anticorrupción con respaldo internacional, pero también es un fuerte mensaje para los movimientos sociales del país, cada vez más fuertes, de que ellos podrían ser los siguientes en la lista”.
El FCN fue formado por un grupo de militares de línea dura, sospechosos de violaciones de derechos humanos durante la guerra civil de 36 años que sufrió el país latinoamericano, en la que murieron 200.000 personas, la mayoría de ellas pertenecientes a comunidades indígenas.
La CICIG fue creada para desarmar las estructuras de seguridad paralelas y los grupos de crimen organizado que comenzaron a funcionar durante la guerra civil. En los últimos meses y a medida que los investigadores se acercaban a los vínculos económicos y militares del Gobierno actual, los ataques a Velásquez han aumentado.
El domingo, varias embajadas, incluidas las de Estados Unidos y países de la UE, manifestaron enfáticamente su apoyo a Velásquez y varios ministros han renunciado como protesta ante la amenaza de Morales de despedirlo.
Se cree que Velásquez está dentro de la oficina del fiscal de Derechos Humanos, que ha pedido medidas de protección urgentes para los tres jueces que votaron contra su expulsión.
“Este es un día negro para la justicia en Guatemala, una crisis constitucional provocada por el presidente, sus aliados militares y sus socios que ya están siendo juzgados o temen que lo serán”, afirmó Jo-Marie Burt, experta en asuntos judiciales guatemaltecos y miembro de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). “Pero incluso si expulsan a importantes personalidades, aunque fuera un duro golpe, no sería el fin del mundo. Las investigaciones anticorrupción continuarán”, añadió.
Traducido por Lucía Balducci
