El decreto que podría acabar con el gobierno socialista rumano tras menos de un mes en el poder

El Partido Socialista de Rumanía lleva en el Gobierno menos de un mes y ya se enfrenta a una nueva crisis que no solo ha dañado su legitimidad popular, sino también la unidad dentro del partido. Los socialistas anunciaron el martes un decreto para despenalizar la corrupción institucional si los fondos afectados no superan los 200.000 lei (44.500 euros).

Las noticias sobre la decisión del Gobierno trascendieron a las diez de la noche hora local y, a medianoche y a pesar de las bajas temperaturas, ya había unas 12.000 personas manifestándose en Bucarest y otras 10.000 protestando en diferentes ciudades, según informó la prensa local. “¡Ladrones!”, “¡No os saldréis con la vuestra!”, gritaban. Las manifestaciones se han extendido durante días y es la mayor oleada de protestas desde la violenta caída del régimen comunista en 1989.

Mientras cientos de miles de personas tomaron las calles en todo el país para protestar contra el decreto por tercera noche consecutiva el jueves, aparecieron las primeras diferencias en el Gobierno, que provocaron la dimisión del ministro de Negocios, Florin Jianu, y la petición del vicepresidente de los socialistas para que se retirase la medida.

Además, Mihai Chirica, alcalde de Iasi, exigió al Gobierno retirar el decreto y enviar otro proyecto de ley sobre el mismo asunto para que el parlamento lo debatiese. También declaró que el ministro de Justicia, Florin Iordache, debería dimitir. El ministro Iordache, que ha sido fuertemente criticado por publicar el decreto, ha delegado temporalmente sus funciones a un subordinado, según ha explicado una portavoz.

Un año después del incendio en una discoteca en Bucarest que acabó con la vida de casi medio centenar de personas y las subsiguientes protestas que acabaron con la dimisión del Gobierno socialista, el partido se volvió a hacer con el Ejecutivo en diciembre de 2016 tras imponerse con un 45% de los votos, muy por delante del 20% conseguido por el Partido Nacional Demócrata del presidente Klaus Iohannis.

Los casos de corrupción parecieron no afectar a un Partido Socialista. Precisamente una sentencia por corrupción prohíbe a su líder, Liviu Dragnea, ocupar el cargo de primer ministro. Dragnea ha defendido el decreto, que no ha pasado por el parlamento, señalando que no “liberará a corruptos”. También ha acusado al presidente Iohannis de ser “el autor moral” de la violencia en las protestas del miércoles entre policía y manifestantes.

El Gobierno de Rumanía ha rechazado las peticiones de retirar el decreto que los críticos denuncian como un importante retroceso en las reformas anticorrupción. El Ejecutivo se mantiene firme a pesar de las multitudinarias protestas que estallaron el martes, tan solo unos minutos después de que se anunciase la medida. Los críticos denuncian que la medida ayuda a los aliados del Gobierno y a otras autoridades acusadas de corrupción a salir de prisión o limpiar sus antecedentes. Aseguran también que motivará a más cargos públicos a robar.

La policía antidisturbios calculó que unas 80.000 personas se reunieron el jueves por la noche frente a la sede del Gobierno, situada en la plaza más grande de Bucarest. Miles más se manifestaron en las calles de otras ciudades exigiendo la dimisión del Gobierno.

A pesar de las presiones, el primer ministro socialista, Sorin Grindeanu, aseguró que el Gobierno no retiraría el decreto, intensificando así la crisis política en el país. El presidente Klaus Iohannis anunció que llevaría el decreto al Tribunal Constitucional, el último recurso legal para frenar la medida impuesta por los socialdemócratas. Iohannis, que el mes pasado se unió a otras manifestaciones, declaró tras el anuncio del decreto: “Hoy es un día de duelo para el Estado de derecho”.

Miembros del Gobierno han sugerido que las leyes tienen el objetivo de liberar las abarrotadas prisiones. Muy pocos expertos están convencidos de ello y creen que el propósito real es ayudar a los políticos sentenciados por corrupción o a aquellos que están actualmente bajo investigación.

Rumanía, un convencido miembro de la Unión Europea y uno de los principales receptores de fondos comunitarios, sigue siendo uno de los países europeos más corruptos: un infome del think tank IPP desveló el año pasado que de los 588 diputados elegidos en las elecciones de 2012, 89 —el 15%— estaban siendo investigados por chanchullos, habían sido sentenciados o prefirieron dimitir en favor de otros cargos.

Presión internacional

En un comunicado, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Finlandia, Holanda y Francia han afirmado que el Gobierno rumano ha debilitado el “progreso del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción de los últimos 10 años”.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frank Timmermans instó el jueves al Gobierno rumano a “reconsiderar de forma urgente” el decreto, advirtiendo que si era adoptado, podría afectar a la financiación recibida desde la Unión Europea.

El portavoz del Departamento de Estado Mark Toner señaló que la credibilidad internacional de Rumanía y su atractivo para inversiones extranjeras están en juego. “Estados Unidos está profundamente preocupado por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Rumanía que debilitan el Estado de derecho y la responsabilidad por delitos financieros y casos de corrupción”, declaró Toner.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti