Aún queda mucha batalla por librar en Texas por los derechos reproductivos

Numerosos profesionales y defensores de los derechos reproductivos estaban el lunes pasado reunidos en torno a un ordenador en Austin (la capital de Texas), esperando noticias del Tribunal Supremo. Cuando se publicó la sentencia, que supuso una gran victoria para los partidarios del derecho al aborto que se enfrentan a las duras restricciones impuestas por Texas en una ley de 2013, surgió la euforia. Pero ese sentimiento pronto se vio eclipsado por la conciencia de los retos que quedan por delante: deshacer el daño provocado por la normativa anulada y prepararse para futuras batallas contra un parlamento del Estado, empeñado en encontrar formas de limitar los abortos.

El edificio en el que se reunieron es un monumento a las consecuencias de la ley. Hasta el verano de 2014 era una clínica que practicaba abortos de la organización Whole Woman's Health, la principal demandante en la causa del Tribunal Supremo. Ahora es ChoiceWorks, un espacio colaborativo para los colectivos de derechos reproductivos, entre otros.

En Texas hay 18 clínicas que practican abortos, frente a las 41 que había en noviembre de 2013, cuando entró en vigor parte de la ley. La legislación incluía dos requisitos –desestimados este lunes por no estar médicamente justificados y ser demasiados restrictivos en una decisión de los jueces con cinco votos a favor y tres en contra– obligaba a los profesionales a tener permiso para atender en un hospital situado a menos de 48 kilómetros de la clínica y cumplir los mismos requisitos quirúrgicos que un pequeño hospital.

La directora de servicios clínicos de Whole Woman's Health, Marva Sadler, explica que, antes de que se conociera la sentencia, “estaba hecha un manojo de nervios, caminando sin parar y negándome a coger el teléfono; fue claramente un momento exasperante”.

Después de la defensa legal viene la resolución real de problemas. Ahora Whole Woman's Health y otras instituciones que practican interrupciones del embarazo en Texas tendrán que valorar la viabilidad de reabrir clínicas cerradas. Esta será posiblemente una tarea compleja que podría incluir buscar trabajadores, solicitar licencias y alquileres y recaudar fondos, y se puede tardar meses o años en llevarla a la práctica.

“Por supuesto tenemos algunos planes preparados en función de los diferentes escenarios que podrían haberse dado hoy, pero en este momento es demasiado pronto para tomar una decisión sobre cuáles serán nuestros próximos pasos, dónde abriremos clínicas, si las abriremos o cuándo, qué clínicas... Es demasiado pronto para eso”, explica Sadler.

“Hoy estamos en una nube, pero sabemos que tenemos un largo camino por delante”, explica Bhavik Kumar, médico de Whole Woman's Health que estaba entre los que seguían SCOTUSblog en ChoiceWorks cuando la web retransmitió en directo la sentencia del tribunal.

“Decidí practicar abortos por la falta de profesionales que lo hagan en un lugar como Texas. Es difícil lidiar con los manifestantes, con los riesgos de seguridad y con la sensación de aislamiento porque somos tan pocos haciendo este trabajo que es difícil encontrar un sentido de comunidad”, lamenta. Eso, espera Kumar, está cambiando. Pero, con los recortes de recursos, señala que algunos pacientes han tenido que sufrir listas de espera de más de 20 días para una primera cita. Cuanto más retraso, más probabilidades hay de que el embarazo sobrepase el límite de 20 semanas que también establece la ley para poder abortar.

Mujeres no blancas y con pocos recursos

La directora ejecutiva de la organización Lilith Fund –radicada en Austin–, Amanda Williams, que el año pasado ofreció casi 250.000 dólares en ayuda financiera a mujeres que querían abortar, afirma que los cierres de clínicas provocados por esa ley han supuesto una carga para muchas mujeres. La mayoría de las beneficiarias de la entidad son mujeres de color con pocos recursos que se pueden ver obligadas a pedir varios días libres en el trabajo para recorrer largas distancias hasta llegar a una clínica. Williams señala que el 91% de las beneficiaras de 2015 ya eran madres.

La directora del National Latina Institute for Reproductive Health, Jessica González-Rojas, indica que algunas mujeres latinas en Texas “piden préstamos rápidos con intereses del 17 o el 18% para pagar sus abortos”. “Algunas se arriesgan a perder sus puestos de trabajo, otras nos hablan de las dificultades de conseguir cita, o de tener que hacerlo en las horas en las que sus hijos están en el colegio. Tienen que aunar recursos solo para ejercer la decisión de acabar con un embarazo, que está protegida constitucionalmente. Se ha convertido en una carrera de obstáculos”.

Mientras los activistas daban una rueda de prensa de celebración en ChoiceWorks el lunes por la tarde, el subgobernador de Texas, Dan Patrick, expresaba su frustración a la prensa en Houston. Patrick fue uno de los redactores de la ley y en 2011, cuando era senador del Estado, presionó con éxito a favor de una legislación que obligaba a las mujeres de Texas a someterse a una ecografía y a que un médico les explicara los resultados al menos 24 horas antes de un aborto.

En un comunicado, Patrick consideró la sentencia del Tribunal Supremo “un golpe devastador a la protección de la salud y la seguridad de las mujeres en Texas”, que da a las clínicas “la libertad de ignorar los estándares básicos de seguridad y seguir ejerciendo en condiciones inferiores”. El gobernador, Greg Abbott, republicano al igual que él, se mostró de acuerdo con su mano derecha.

Esta postura no fue la que persuadió a la mayoría de los jueces del Tribunal. El magistrado Stephen Breyer escribió que Texas no había presentado una argumentación convincente sobre la validez del requisito de que los profesionales tengan permiso para atender en un hospital. “Cuando se les preguntó directamente si Texas sabía de un solo caso en el que el nuevo requisito habría ayudado a una sola mujer a obtener un mejor tratamiento, Texas admitió que no había ninguna evidencia de eso”, escribió. En un voto particular concurrente, Ruth Bader Ginsburg apuntó que “muchos procedimientos médicos, como el parto, son mucho más peligrosos para los pacientes y sin embargo no están sometidos a esos requisitos”.

A pesar de este revés para quienes se oponen al aborto, el parlamento de Texas, dominado por los republicanos, volverá a reunirse el próximo enero y es casi inevitable que haya nuevos intentos de limitar los abortos, centrados posiblemente en los tiempos y en los métodos; en las condiciones del feto más que en las de la clínica.

“No creo que esta sentencia vaya a tener ninguna consecuencia sobre mis compañeros que quieren acabar con este procedimiento legal, desgraciadamente”, lamenta Donna Howard, diputada demócrata en el estado en representación de Austin. “Su objetivo realmente es eliminar el aborto, y la forma en que intentan hacerlo es creando tantos obstáculos como puedan”.

Con información adicional de Molly Redden

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo