Escupitajos, insultos y agresiones: la violencia contra el personal sanitario aumenta durante la pandemia

Cientos de profesionales de la salud alrededor del mundo han recibido agresiones físicas y verbales durante la pandemia de la COVID-19. En algunas ocasiones estos ataques resultaron en una amenaza para sus vidas, por lo que organizaciones de derechos humanos están haciendo un llamamiento a la acción.

Debido a los estragos causados por las nuevas variantes en países como India y los retrasos en la vacunación, se espera un aumento en las agresiones al personal sanitario, según dice la relatora especial sobre el derecho a la salud de Naciones Unidas, Tlaleng Mofokeng.

“Con el estrés adicional por la COVID-19, estos ataques irán en aumento”, dice Mofokeng. “Es triste. Los profesionales de la salud escasean y muchos han muerto. Además, sabemos que los países desarrollados acaparan las vacunas y que las compañías farmacéuticas no quieren liberar las patentes. Hemos creado una situación en la que hay carencias. Estas insuficiencias añaden aun más presión a los centros de salud”.

La doctora califica de “desalentadoras y decepcionantes” a las agresiones. Dice que, si bien la violencia contra el personal sanitario no es algo nuevo, la COVID-19 empeoró una situación que ya era precaria debido a la falta de liderazgo político y de inversiones en el sistema de salud público.

“Cuando los gobiernos fallan, el personal sanitario es quien toma el relevo y se asegura de que el sistema de salud no colapse. ¿Pero cuánto más podrán hacer en estas circunstancias?”

848 incidentes violentos entre febrero y diciembre de 2020

Los últimos datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registran 848 incidentes violentos vinculados a la COVID-19 de febrero a diciembre de 2020. Es probable que este número sea “la punta del iceberg” y parte de “un fenómeno mucho más extendido”, dice Maciej Polkowski, director del proyecto sobre la asistencia de salud en peligro del CICR. Muchos incidentes no son reportados.

Los análisis del CICR muestran que la mayoría de los casos corresponden a agresiones por parte de grupos de comunidades, pacientes o sus acompañantes hacia sanitarios, a veces con consecuencias graves. Polkowski pone el ejemplo de un paciente con síntomas de COVID-19 en Nápoles, Italia, que enfadado tras habérsele dicho que debía esperar, escupió a un doctor y a una enfermera, debido a lo cual todo el pabellón fue cerrado y el personal debió aislarse.

Las reacciones también incluyen la violencia física. En centros de salud de India y Pakistán hubo saqueos y agresiones al personal. En México, se les arrojó lejía a trabajadores sanitarios que caminaban por la calle. La frase “rata contagiosa” apareció escrita en el coche de una médica en España. Comunidades en la costa oeste de Estados Unidos expulsaron de su territorio a centros de tratamiento contra la COVID-19, dice Polkowski.

En el Reino Unido, el personal del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) recibió escupitajos. Los pacientes insultaban al personal que les solicitaba el uso de mascarillas dentro de los hospitales. Los médicos de familia también reportaron agresiones y ataques sin precedentes por parte de los enfermos.

Las consecuencias de la mala o escasa información

Polkowski culpa a los gobiernos por permitir que se propague la desinformación. “La ansiedad surge en gran parte por la poca claridad de las autoridades al comunicar sobre este asunto. Han restado importancia a la gravedad de la cuestión y priorizado la economía sobre la salud de las personas, lo que dio lugar a las repercusiones violentas”.

Cuando las agresiones provenían de los pacientes y sus acompañantes, por lo general estaban vinculadas con la muerte del paciente o el miedo ante esa posibilidad, dice Polkowksi. La prohibición de realizar ceremonias fúnebres también incitó a algunos parientes a agredir al personal sanitario y a dañar las instalaciones.

Según Polkowksi, las fuerzas de seguridad del Estado son responsables de alrededor del 20% de los ataques vinculados a la COVID-19. En Myanmar la detención de médicos que iban en camino a tratar casos de dificultad respiratoria causada por el coronavirus resultó en la muerte evitable de esos pacientes, de acuerdo con el testimonio de un profesional que no puede ser nombrado por motivos de seguridad.

El Gobierno de Nicaragua restó importancia en repetidas ocasiones a la evolución de la pandemia en el país, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional. Personal sanitario fue despedido por el uso de equipos de protección personal contra la COVID-19. Incluso les arrancaron la protección de forma agresiva.

La respuesta de los gobiernos

Algunos países tomaron medidas en respuesta al aumento de agresiones vinculadas a la COVID-19. India ha modificado su ley de emergencia sanitaria para que los ataques a los sanitarios sean castigados con hasta siete años en prisión. Las autoridades en Sudán han anunciado la creación de una policía dedicada a proteger a los profesionales sanitarios durante la pandemia. En Argelia se ha reformado el código penal para aumentar la protección al personal sanitario contra agresiones y castigar a los individuos que cometan actos de vandalismo en centros de salud.

En el Reino Unido una ley propone incrementar la pena máxima de 12 meses a dos años en prisión para cualquiera que ataque a un trabajador de emergencias. Tras el aumento de los ataques, el personal de emergencias sanitarias en Inglaterra recibirá cámaras corporales. Todo después de que 3.569 miembros del personal de ambulancias fueran agredidos físicamente por pacientes en 2020, un 30% más que en el período 2016-2017.

Entre el personal sanitario, el impacto de la violencia puede causar problemas psiquiátricos, agotamiento y en algunos casos llevar al suicidio, dice Mofokeng. Pide un incremento en la vigilancia y la recolección de datos de ataques violentos. “La necesidad es inmediata y hay vidas que dependen de ello. Necesitamos compromiso en todas las áreas y que los Estados miembro de Naciones Unidas hagan lo correcto”.

Mofokeng también apoya una ampliación de la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2016, que obliga a los países a prevenir y responder a los ataques al personal sanitario en zonas de conflicto. La modificación haría que se incluyan los incidentes vinculados a la COVID-19.

En cualquier caso, eso solo no resolverá el problema, según el profesor Leonard Rubinstein, fundador y director de Safeguarding Health in Conflict Coalition (SHCC). “Hasta que no haya una voluntad no solo de condenar los ataques y apoyar las resoluciones, sino también de actuar de forma efectiva por la prevención y la responsabilidad, los ataques continuarán”.

“Los trabajadores de la salud siempre necesitarán apoyo. Les gustaría recibir apoyo y protección en lugar de aplausos”, dice.

Traducción de Julián Cnochaert