¿'Intifada' o 'genocidio'? El debate sobre la libertad de expresión sacude las universidades de EEUU

La polémica suscitada por los comentarios de tres rectoras de universidades de élite de Estados Unidos durante una audiencia del Congreso sobre antisemitismo podría tener repercusiones mucho más allá de los campus.

La Harvard Corporation, máximo órgano de gobierno de esa prestigiosa universidad, ha anunciado que la presidenta Claudine Gay permanecerá en su puesto, a pesar de los llamamientos para su destitución surgidos a raíz de sus declaraciones ante el Congreso. Sin embargo, otra rectora, Elizabeth Magill, de la Universidad de Pensilvania, ha tenido que dimitir tras el repudio suscitado por sus respuestas al combativo interrogatorio de la congresista republicana por Nueva York, Elise Stefanik.

La controversia no ha hecho más que crecer desde la audiencia a principios de diciembre, con implicaciones para la libertad de expresión en los campus de EEUU. Los partidarios de los derechos de los palestinos consideran que se trata de un intento de silenciar las críticas a Israel por el elevado número de muertos en su ofensiva militar contra Gaza.

El asunto en cuestión es cómo las universidades del país están lidiando con las acusaciones de antisemitismo tras el ataque del 7 de octubre del grupo palestino Hamás contra Israel y la consecuente operación aérea y terrestre israelí en la Franja, que ha desencadenado una oleada de protestas pro-Palestina en los campus.

¿Por qué las rectoras acabaron en el punto de mira?

Por haber dado lo que, en general, se consideraron respuestas débiles y legalistas a las incisivas preguntas de Stefanik en una audiencia del Congreso, en Capitol Hill el 5 de diciembre, sobre si los códigos de conducta de sus universidades permitían a los estudiantes pedir el asesinato o genocidio de judíos.

Magill fue especialmente criticada por responder que se trataba de una “decisión que depende del contexto” cuando se le preguntó si “llamar al genocidio de los judíos” infringía las normas de su universidad.

Gay, la primera presidenta afroamericana de Harvard, y Kornbluth, que es judía, ofrecieron respuestas legalistas similares citando el contexto, que los defensores de la libertad de expresión calificaron como técnicamente correctas, a pesar de haber suscitado una tormenta política.

Tanto Magill, antes de renunciar, como Gay se disculparon posteriormente por sus respuestas. Por su parte, Sally Kornbluth, presidenta del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha recibido el respaldo de esta institución educativa y Gay de la Harvard Corporation.

¿Qué papel desempeña la derecha trumpista?

Stefanik –graduada en Harvard y otrora conservadora de la línea republicana convencional que se ha rebautizado a sí misma como republicana MAGA a favor de Trump– tendió una emboscada a las rectoras universitarias hacia el final de las cinco horas de testimonio.

Exigiendo que respondieran “sí o no” y planteando preguntas generales y de brocha gorda, cuyos términos estaban abiertos a definiciones contrapuestas, Stefanik logró que las contestaciones de las rectoras parecieran ambivalentes o equívocas sobre la cuestión del genocidio. En una de las preguntas, que algunos consideraron tendenciosa, relacionó la palabra árabe 'intifada' –generalmente traducida como levantamiento– con la palabra 'genocidio', que se refiere al exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano“.

“¿Comprende usted que el uso del término ‘intifada’ en el contexto del conflicto árabe-israelí es de hecho un llamamiento a la resistencia armada violenta contra el Estado de Israel, incluida la violencia contra civiles y el genocidio de judíos?”, preguntó Stefanik a Gay. La pregunta fue formulada a raíz de los cánticos –coreados incluso en manifestaciones estudiantiles– a favor de “globalizar la intifada” en respuesta al ataque israelí contra Gaza.

Sin embargo, utilizar 'intifada' como sinónimo de 'genocidio' resulta muy dudoso. La Primera Intifada palestina, a finales de la década de 1980, consistió en gran medida en formas no violentas de desobediencia civil. Mientras que, durante la Segunda Intifada, entre los años 90 y principios del siglo XXI, se registró una oleada de atentados suicidas que mataron a más de mil israelíes y mutilaron a muchos otros. Si bien algunos segmentos de la sociedad israelí quedaron traumatizados, no llegó a constituir lo que legalmente se define como genocidio.

Gay no refutó ni se enfrentó a las definiciones de Stefanik, pero dijo que “ese tipo de discurso odioso, imprudente y ofensivo es, en mi opinión, aborrecible”. Más perjudicial aún fue el intercambio de Stefanik con Magill, que evitó las respuestas directas y se enredó en legalismos.

Cuando la congresista preguntó específicamente si “el llamamiento al genocidio de los judíos constituye intimidación o acoso”, Magill –que ya había sido criticada por los donantes de la universidad por haber autorizado un festival de literatura palestina en el campus de Pensilvania el pasado septiembre– respondió: “Si es directo y grave, o generalizado, es acoso”.

¿Cómo han reaccionado los políticos y los donantes universitarios?

La polémica está impulsada por la política. Los críticos de Stefanik sostienen que su cruzada contra el antisemitismo apestaba a hipocresía. El representante demócrata de Maryland, Jamie Raskin, preguntó en MSNBC: “¿Cómo puede Elise Stefanik sermonear a alguien por antisemitismo cuando ella es la mayor defensora de Donald Trump, que trafica con el antisemitismo todo el tiempo? No dijo ni pío cuando Trump invitó a cenar a Kanye West y Nick Fuentes”, en alusión a un evento con los dos antisemitas declarados en la propiedad Mar-a-Lago del expresidente, ocurrido en noviembre del año pasado.

Anteriormente, la propia Stefanik había sido acusada de reproducir la teoría antisemita del “gran reemplazo”. Los nacionalistas blancos que apoyan la teoría afirman que la población blanca de EEUU está siendo usurpada por la gente de color en un proceso diseñado, al menos en parte, por los judíos.

El ataque de Stefanik a las rectoras de las universidades ya ha granjeado elogios del mismo Donald Trump. Además, el apoyo de algunos demócratas le otorga más credibilidad. Un portavoz de la Casa Blanca condenó a las tres rectoras, mientras que el gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, se unió al clamor que exigía la dimisión de Magill.

La destitución de Magill se dio después de una carta redactada por Stefanik y el representante demócrata Jared Moskowitz –firmada por un total de 71 republicanos y tres demócratas–, en la que se exigía que las tres presidentes universitarias fueran cesadas.

Hay muchos millones de dólares en juego. Los donantes de la Universidad de Pensilvania han desempeñado un papel importante en la retirada de Magill y muchos otros han exigido la renuncia de Gay y Kornbluth. Ross Stevens, propietario y fundador de Stone Ridge Asset Management, con sede en Nueva York, anunció la retirada de una donación de 100 millones de dólares a la Universidad de Pensilvania, aduciendo que la institución tenía un “enfoque permisivo con la incitación al odio”.

¿Por qué están preocupados los defensores de la libertad de expresión?

Tanto FIRE (Fundación para los Derechos Individuales y la Libertad de Expresión, por sus siglas en inglés) como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han alegado que eslóganes como los citados por Stefanik están protegidos, de acuerdo con lo establecido en la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU.

“Frases como ‘Desde el río hasta el mar’, ‘Ningún alto el fuego’, ‘Hacer a América grande otra vez’ y ‘Sin justicia no hay paz’ están protegidas”, declaró la semana pasada Jenna Leventoff, asesora política jefe de la ACLU.

Respecto a las vacilantes respuestas de las autoridades universitarias en el Congreso, y advirtiendo contra los esfuerzos de sus colegas por adoptar un enfoque más restrictivo, Leventoff añadió: “Los discursos que contengan una seria e inminente amenaza de violencia o incitación a la violencia, o que acosen de forma sostenida a alguien por su raza, sexo, etnia, religión, origen nacional u otras características protegidas no están amparados por la Primera Enmienda ni por los principios de libertad académica (...) pero el Congreso no puede esperar que los administradores universitarios se dediquen a decidir qué creencias profundamente arraigadas pueden ser censuradas y qué opiniones pueden ser expresadas”, escribió.

La referencia de Stefanik a la “intifada” puede ser un ejemplo pertinente: una palabra que los defensores de Israel consideran sinónimo de violencia contra los israelíes es reivindicada por los defensores de la causa palestina como una expresión legítima de convicción nacional. Ahora se les pide a los responsables universitarios que arbitren esta diferencia de percepción.

¿Qué dicen los estudiantes y los profesores?

En Harvard, Gay obtuvo un considerable apoyo de parte de sus colegas: antes de que la Harvard Corporation la respaldara, cientos de profesores habían firmado una petición en contra de las peticiones de dimisión. El MIT ha respaldado a Kornbluth, elogiando su “excelente labor al frente de nuestra comunidad, incluida la lucha contra el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de odio”.

La respuesta de los estudiantes ha sido variada. El periódico estudiantil de la UPenn, Daily Pennsylvanian, citó a algunos estudiantes que temen el impacto que la dimisión forzada de Magill pueda tener en la libertad de expresión. Un estudiante dijo estar “alarmado por las implicaciones que tendrá para la libertad de expresión y la libertad académica si la extrema derecha utiliza esta dimisión como licencia para empezar a vigilar los llamamientos a la paz, el alto el fuego y los derechos de los palestinos”.

Pero el periódico también citó a una estudiante de último curso, Albena Ruseva, que calificó la dimisión de la rectora como “una pequeña victoria para quienes valoran la libertad de expresión y a su vez se oponen a la incitación al odio”.

Traducción de Julián Cnochaert