La mano dura de Erdogan se ceba con los kurdos tras el intento de golpe de Estado

Ahmet, de pie en uno de los tejados del distrito de Sur, en Diyarbakir, ve cómo dos bulldozers derriban su hogar familiar. Nubes de polvo suben hasta el cielo mientras otro de los muros se desploma. “Esta es la segunda vez que les veo tirando mi casa”, dice con voz suave el kurdo de 33 años.

La primera vez Ahmet tenía nueve años. En los 90, cuando el conflicto entre el Estado turco y el ilegalizado PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) estaba en su punto más alto, los soldados quemaron su pueblo. Junto a otras miles de personas desplazadas de la región, su familia se trasladó al sur. “Tuvimos que dejar todo atrás. Ni siquiera tenía zapatos cuando llegamos a Diyarbakir”, recuerda.

Mirando a sus pies afirma: “Esta vez por lo menos fui capaz de salvarlos”.

La violencia en la región del sureste del país, predominantemente kurda, ha aumentado repentinamente después de que se rompiera en julio el cese al fuego entre el partido en el gobierno, Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), y el ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), convirtiendo en jirones el proceso de paz de tres años y reviviendo un conflicto que ha costado la vida a más de 40.000 personas desde 1984.

Intensificación tras el intento de golpe

En el verano del año pasado, activistas kurdos anunciaron autonomía local administrativa para varias ciudades y distritos kurdos, incluido Sur. Ankara se inquietó por la posibilidad de un autogobierno kurdo con los mismos términos que ya existen en las fronteras de Turquía con Siria e Irak y respondió con una feroz represión. Se impusieron toques de queda totales durante meses.

Solo en Sur, más de 100 personas fueron asesinadas por los tanques y la artillería pesada de las fuerzas de seguridad turcas contra los militantes kurdos, que cavaron trincheras y establecieron armas trampa. Los enfrentamientos violentos en la región han convertido barrios enteros en desechos, desplazando a más de medio millón de personas en un país que ya acoge a 2,7 millones de refugiados sirios.

Después del intento de golpe de Estado fracasado en julio, el conflicto se está intensificando. El lunes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, extendió el estado de emergencia impuesto en el país tras el intento de golpe de Estado hasta el año que viene. También se nombraron docenas de administradores para los municipios dirigidos por los kurdos, con Ankara acusando a los alcaldes electos de apoyar al PKK.

Desplazado una vez más, Ahmet y su familia alquilaron un pequeño apartamento en otro distrito de Diyarbakir después de que la policía les ordenase abandonar su hogar en Sur en noviembre, justo antes del toque de queda. Él gana ahora unas 500 liras turcas (147 euros) al mes vendiendo sirope de regaliz, una exquisitez local. Ahmet no tiene plan para este próximo invierno.

“Europa nos ha vendido por el acuerdo de refugiados”

El gobierno turco ha anunciado planes de renovación urbana para Sur y está dando a sus residentes la posibilidad de comprar pisos en rascacielos a las afueras de la ciudad de Diyarbakir. A los propietarios de casas se les ha asegurado que recibirán una compensación por sus hogares demolidos, pero nadie sabe cuánto. Ahmet se muestra escéptico.

“Todo lo que quiero es mi casa”, dice. “No quiero que el gobierno me de dinero o que me venda una casa. Prefiero tirar una tienda sobre las ruinas de mi viejo hogar en Sur”, añade.

Ahmed está atónito ante el silencio mundial respecto a la situación de los kurdos en Turquía. Señalando el centro de la ciudad en ruinas, donde los bulldozers amontonan los escombros de su casa, comenta: “Parece Siria ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿No se nos aplican a nosotros?”. Como muchos otros kurdos en Turquía, Ahmed se siente abandonado por la UE, que el año pasado cerró un acuerdo con Ankara para cortar de raíz el número de refugiados que llega a Europa. “Nos han vendido por el acuerdo de refugiados”, afirma.

Aunque los ataques en la región a los bastiones de la policía y del ejército continúan, la operación militar en Sur se dio por terminada en marzo. La mayoría de los comercios junto a la principal carretera han reabierto, pero la mitad de los centros históricos permanecen cerrados. Varias calles están bloqueadas por vallas de la policía y largas barreras de plástico. Los muros derrumbados obstruyen la mayoría de las puertas en los muros de la ciudad vieja. Banderas turcas cuelgan de ventanas y minaretes. Vehículos armados de la policía patrullan las calles.

El diálogo, único camino

“Aquí el Estado turco se comporta como una potencia ocupante”, cuenta un propietario de una tetería. A escasos metros, un vendedor de queso se sienta en su puesto medio vacío. Ahora es incapaz de permitirse los más de 20 tipos de quesos que solía vender, ya que la mayoría de sus clientes han dejado la ciudad. Su casa fue demolida. Uno de sus familiares cercanos está en detención preventiva acusado de pertenecer al PKK.

“Quizá debería estar agradecido”, dice. “Han muerto muchos jóvenes aquí, ¿qué es la cárcel comparado con eso?”. Ahmet opina que construir trincheras y barricadas fue un error. “No encontraremos una solución así. Y muchos gobiernos turcos han probado la violencia. Destrozaron nuestros pueblos, quemaron nuestros bosques. Ahora nuestras ciudades también están en ruinas. El diálogo es el único camino. [Erdogan] podría terminar esta guerra con una simple frase”, suspira. “Estamos muy cansados. Queremos que Erdogan acabe con este conflicto”, añade.

El gobierno, aun así, no muestra mucho entusiasmo por reiniciar las conversaciones de paz con el primer ministro, Binali Yildirim, afirmando repetidamente que “no se llevará a cabo ninguna de estas soluciones estúpidas”. Además, después del golpe de Estado sangriento, la represión sobre los kurdos se ha intensificado.

En contra del golpe la noche del 15 de julio

“Soy kurdo, pero también ciudadano de este país”, indica un vendedor de queso, quien prefiere no decir su nombre. “En Diyarbakir la gente también salió a la calle la noche del 15 de julio para protestar contra el golpe. No me gusta Erdogan, pero cuando lo vi en la pantalla de un teléfono móvil en la televisión, recé por él. Cuando pidió a la población que protestase contra los golpistas, lo hicimos”, relata Ahmed.

“Hemos vivido varios golpes militares aquí y siempre han sido terribles para nosotros [los kurdos]. Esta vez los golpistas no tuvieron éxito y estamos felices por ello”, señala. “Pero aun así es como si la junta estuviese en el poder”, añade.

El AKP ha extendido las purgas posteriores al intento de golpe de Estado a los kurdos, no limitándose solo a los seguidores de Fethullah Gulen, quien reside en Estados Unidos y a quien el gobierno culpa de dirigir el golpe. Erdogan argumenta que los seguidores de Gülen y el PKK son exactamente lo mismo. “Eso es absurdo”, señala un periodista basado en Diyarbakir. “Gülen ha arremetido contra el proceso de paz”, concluye.

Aun así, el gobierno está ejerciendo al máximo los poderes legales que tiene garantizados bajo el estado de emergencia. Basado en un decreto aprobado en julio, Ankara cerró la semana pasada 23 canales y emisoras de radio predominantemente pro kurdas argumentando que “constituían una amenaza a la seguridad nacional” y que “apoyaban el terrorismo”. Entre los canales de televisión cerrados está un canal infantil que traducía al kurdo dibujos animados como Bob Esponja y Los Pitufos.

“Esto se traduce en el fin de las emisiones críticas y objetivas en Turquía y en el final a una información adecuada de esta región”, afirma Remzi Budancir, editor del canal de noticias kurdo Azadi TV en Diyarbakir. “Todos los periodistas de aquí están o buscando otros trabajos o esperando a abandonar el país. Incluso si pudiésemos trabajar sin obstáculos, no quedan medios en los que publicar nuestro trabajo”, añade.

Periodistas, profesores y alcaldes

La mano dura no es solo contra los medios de comunicación. Solo días antes del inicio del nuevo año escolar el ministerio de Educación suspendió a alrededor de 11.000 profesores en la región del kurdistán, acusándoles de apoyar al PKK. Más de 4.000 de ellos trabajaban en escuelas de Diyarbakir.

“Se ha suspendido ha profesores por acudir a reuniones del sindicato y manifestaciones”, cuenta un profesor de una provincia vecina. “Decenas de miles de niños se han visto de nuevo privados de una educación, situándoles en mayor desventaja”.

Justo antes de la festividad musulmana de Eid al-Adha, el gobierno turco nombró administradores para 24 municipios dirigidos por kurdos, incluido Sur. Desde entonces, más alcaldes electos han sido expulsados de sus puestos. Ankara acusa a políticos locales de apoyar al PKK. Süleyman Soylu, el ministro de Interior turco desde septiembre, ha declarado que el gobierno no puede consentir que “terroristas” ocupen puestos municipales. La formación pro kurda Partido Democrático del Pueblo (HDP) se refirió a estas acciones de “golpe”.

Idris Baluken, representante del HDP en el Parlamento por la ciudad de Bingöl, critica la medida. “Muchos votantes en la región no lo aceptarán ¿Por qué celebramos elecciones si un político que obtiene hasta el 80% de los votos puede ser expulsado a capricho del gobierno?”.

A principios de septiembre, Yildirim anunció que el gobierno invertiría 2.329 millones de euros para reconstruir el sureste kurdo golpeado por el conflicto, con planes que incluyen la construcción de 67.000 pisos, hospitales, fábricas, centros deportivos y comisarías.

Pero Ahmed no está convencido. “La inversión siempre es buena ¿Pero sabes cuántas veces hemos escuchado esto? Muchos gobiernos turcos nos han prometido pisos y fábricas, pero nada ha cambiado”. Sacude su cabeza. “No somos mendigos. No es correcto tratar la cuestión kurda como un asunto de dinero. No queremos su caridad. Queremos nuestros derechos.”

Algunos nombres en esta pieza han sido modificados por razones de privacidad

Traducido por Javier Biosca Azcoiti