Erdoğan no ceja en su guerra contra una justicia independiente

Nesrin Şimşek recuerda hasta el más mínimo detalle del día en que la dejaron salir de la cárcel y pudo reunirse con su hijo. “Lloré durante un mes después de volver a ver a mi bebé”, recordó la jueza turca. “Se había quedado sin tomar el pecho mientras yo estuve en prisión; en cada sueño yo veía a mi hijo y trataba de darle la leche”.

A Şimşek (no es su nombre real) y a su marido se los llevaron de su hogar en el Mar Negro cuatro días después del intento de golpe de Estado que sufrió Turquía en 2016. Dos meses después, la liberaron para que pudiera ocuparse de su niño. Su marido, un exfiscal, lleva casi un año en la cárcel y sin juicio. Los dos aún están bajo investigación.

En protesta por el desmantelamiento del sistema judicial, miles de turcos se sumaron a la Manifestación por la Justicia de 450 kilómetros comenzada en Ankara el 15 de junio y culminada el domingo en Estambul con una gran marcha opositora.

El caso de la familia Şimşek es uno más entre los cientos de exfiscales y jueces detenidos o despedidos sin acusaciones formales. Tras entrevistar a antiguos miembros del sistema judicial y a sus familiares, a expertos legales, a consejeros legales y a legisladores veteranos, queda de manifiesto el extenso y sistemático plan de intimidación y transformación del poder judicial turco llevado a cabo por el partido gobernante AKP y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan para sumar aún más poder.

Según los expertos, el desmoronamiento del poder judicial turco socava un pilar clave de la democracia en una nación aún tambaleante tras el intento de golpe de Estado del año pasado y en la que nada hace pensar en una reducción de la polarización política. “Es terrible. Los jueces están pendientes del palacio (presidencial) y creen que cuanto más duros sean los castigos (en sus sentencias), más alto ascenderán”, denuncia Kemal Kılıçdaroğlu, líder del principal partido opositor turco, el partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), y líder de la manifestación. “Esta es nuestra gran causa”.

Entre funcionarios, militares, miembros del sistema judicial, académicos y periodistas, decenas de miles de personas han sido arrestadas o despedidas de sus trabajos en esta nueva ola de mano dura que, según el Gobierno, tiene como objetivo a los seguidores de Fethullah Gülen (el predicador exiliado en EEUU lidera el movimiento acusado por el Gobierno de estar detrás del golpe de julio de 2016). Pero la purga ha ido más allá de los supuestos perpetradores para incluir a opositores de todo tipo, incluso a los diputados de la oposición.

Prácticamente el 25% de los jueces de Turquía, unas 4.000 personas, ha perdido su trabajo o ha sido arrestado desde el intento de golpe. El control del Gobierno sobre el poder judicial ha crecido tras el referéndum constitucional de abril, en el que se ampliaron los poderes del presidente: junto al Parlamento (controlado por su partido, el AKP), el presidente puede ahora nombrar a todos los miembros del alto consejo de jueces y fiscales (HSYK, por sus siglas en turco), un organismo con autoridad para nombrar, ascender, sancionar y despedir a los jueces.

Antes del referéndum de abril, la Comisión de Venecia (un organismo europeo que brinda asesoramiento legal a otros países) señaló en un informe que “las enmiendas propuestas debilitan, en vez de fortalecer, al sistema judicial turco”. “Las enmiendas constitucionales propuestas introducirían en Turquía un régimen presidencial que carece de los sistemas de control necesarios para evitar que se convierta en uno autoritario”, publicó.

Gobierno contra gulenistas

Casi nadie discute que los gulenistas, una extensa red comunitaria, se había infiltrado en el poder judicial. En los primeros años 2000 trabajaron mano a mano con el gobierno del AKP durante los famosos juicios de Ergenekon y Sledgehammer, cuando se acusó a altos cargos del Ejército de un plan para terminar con el Gobierno electo. Esa investigación ha sido muy desacreditada recientemente por basarse en pruebas falsas. Pero la ruptura definitiva ocurrió en 2013, cuando los gulenistas trataron de investigar por corrupción al círculo íntimo de Erdoğan, una decisión que fue catalogada como un “golpe judicial”.

Tras el golpe del año pasado, el Gobierno se consideró engañado por sus antiguos aliados. Ahora sostiene que las víctimas de la purga son miembros del movimiento. Pero teniendo en cuenta el tamaño de la limpieza y la aparente falta de pruebas o de acusaciones formales contra muchos de los jueces, los críticos del presidente y de su partido creen que está tratando de controlar una rama independiente del Gobierno para cimentar su control sobre el país.

Por ejemplo, muchos de los detenidos dijeron que durante la investigación inicial les preguntaban una y otra vez si en las últimas elecciones del HSYK habían votado por los candidatos aprobados por el Gobierno. De acuerdo con los abogados defensores, gran parte de las pruebas contra sus clientes está compuesta por información confidencial o confesiones anónimas de miembros del poder judicial sospechosos de formar parte de la red de Gülen.

Pero incluso esas confesiones tienen poca credibilidad. El presidente del HSYK y uno de los jueces turcos con más experiencia, Mehmet Yılmaz, sugirió a finales del año pasado que podría considerar la reincorporación de los jueces que confesaran contra la red gulenista.

En una entrevista posterior, admitió que lo había dicho sólo para atraparlos. “Sólo lo dije para incentivar las confesiones y tuve mucho éxito porque, de no tener ni a uno que confesase en ese momento, tras las declaraciones tuvimos una explosión” (de confesiones), declaró a la agencia de noticias Habertürk. “Gracias a aproximadamente 200 personas que confesaron, hemos obtenido pruebas que confirman la pertenencia (en la red gulenista) de 2.400 jueces y fiscales”, dijo también Yılmaz, que rechazó una solicitud de entrevista del periódico The Guardian.

Según Öykü Didem Aydın, uno de los dos turcos que forman parte de la Comisión de Venecia (también trabaja como abogado defensor de algunos jueces encarcelados), “por supuesto que hay gulenistas y que son una organización insidiosa que debería ser purgada, pero debería hacerse de una manera lógica, científica, ordenada y judicial”. “El círculo es tan amplio que yo lo llamo una expedición de pesca”, dijo.

Entre sus defendidos figura Murat Arslan, exjuez y presidente de Yarsav (una influyente asociación de jueces y fiscales turcos que solía criticar al Gobierno hasta que fue disuelta tras el intento de golpe de Estado). Aunque aún no hay una acusación formal contra él, Arslan está desde octubre en una celda abarrotada. Las únicas pruebas a las que ha tenido acceso su abogado son notas de los interrogatorios, denuncias de que había gulenistas entre sus conocidos y la confesión de una fuente anónima que aparece en varios casos.

Otros motivos que han alcanzado para sospechar de los jueces bajo detención son hablar otros idiomas o haber estudiado durante la juventud en las dershanes, las escuelas privadas que solían patrocinar los gulenistas. Un exjuez que se enfrentó a esa acusación la catalogó de absurda, en parte porque el propio Gobierno había permitido el funcionamiento de esas escuelas y en parte porque un veterano ministro había ido a la misma escuela que él.

Bajo la condición de anonimato, dijo: “Fuimos acusados de haber participado en un golpe, así que esperábamos preguntas como 'dónde están las armas'. Las únicas preguntas que nos hicieron fueron sobre nuestros antecedentes; estaban particularmente interesados en saber a qué candidatos habíamos votado durante las elecciones del HSYK de 2014”.

Hay pocos mecanismos para que los jueces despedidos presenten ahora recursos de apelación. La comisión creada para esos efectos aún no ha comenzado su trabajo y tiene ahora un montón de trabajo atrasado. Pero como esa comisión existe, los que quieran recurrir contra el estado de emergencia declarado por el Gobierno turco aún no habrán agotado todas las opciones domésticas y no podrán, por tanto, presentar recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El miedo al Gobierno

Para compensar la escasez de jueces, el Gobierno ha suprimido algunos de los requisitos que antes formaban parte de los exámenes para entrar en el poder judicial. Según la oposición, de los 900 nuevos jueces reclutados en abril, 800 tienen lazos con el AKP. “El propósito principal del AKP es meter a su gente en el poder judicial, llenar todas las vacantes con sus partidarios”“, dijo Barış Yarkadaş, un diputado opositor que descubrió los lazos entre los candidatos judiciales y el partido gobernante. En su opinión, el partido gobernante quiere controlar al poder judicial para descabezar futuras investigaciones por corrupción. ”Ha habido una carnicería en la justicia turca que ha quedado a oscuras. El derecho de los ciudadanos a un proceso con justicia ha sido eliminado.“.

Los jueces también han sido muy intimidados por los medios que, tras la mano dura aplicada a la prensa disidente, han caído en su mayoría bajo el control del AKP y sus aliados. Los medios afines al AKP criticaron con dureza a los tribunales cuando liberaron a Atilla Taş, un cantante pop acusado de pertenecer a la red de Gülen. Poco después, dieron marcha atrás con la decisión. Según los opositores y los abogados defensores, los jueces tienen miedo de ordenar la liberación de detenidos, no sea que terminen ellos mismos siendo investigados.

Las turbulencias sufridas por el sector judicial y las advertencias, por parte de observadores internacionales, de que el partido gobernante está endureciendo su control sobre el tercer poder han provocado las críticas desde el exterior. En la Unión Europea, los antiguos aliados critican lo que ven como una deriva de Turquía hacia el autoritarismo. El HSYK ya ha sido suspendido de su participación en un organismo de control judicial europeo que dejó de considerar independiente a su consejo directivo. Las conversaciones sobre el ingreso de Turquía a la Unión Europea están congeladas y no parece probable que comiencen pronto.

Mientras tanto, las familias de muchos de los jueces y fiscales detenidos han caído en la pobreza por el encarcelamiento de los que traían el pan a casa. Algunas juezas con niños pequeños han sido liberadas por compasión, pero siguen bajo investigación, sin perspectivas de encontrar trabajo y marginadas por aquellos que están convencidos de su culpabilidad. Varias personas rechazaron ser entrevistadas por miedo a represalias del Gobierno.

“Éramos algo así como una familia poderosa”, dijo la hija de dos jueces encarcelados tras el golpe y aún bajo arresto sin cargos formales. Para sobrevivir, duerme en los sofás de amigos y familiares. Aunque dijo tener poca fe en las instituciones o en el Estado de derecho en Turquía, sigue estudiando Derecho para convertirse en abogada porque “alguien tiene que luchar por la justicia y los derechos humanos”. “Mi padre siempre me decía, somos jueces (no políticos). Solo nos hemos podido dar un abrazo en los últimos dos meses”.

Traducido por Francisco de Zárate