Las empresas públicas de petróleo, entes opacos que tienen en sus manos el futuro de nuestro clima
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Tienen en sus manos el futuro de nuestro clima y casi nadie sabe cómo se llaman: las 71 empresas estatales dedicadas explotar reservas nacionales de combustibles fósiles representan hoy la mayor parte del petróleo y gas producido en todo el mundo, por delante de empresas con cotización pública como ExxonMobil, BP y Shell.
La particularidad de las empresas estatales es que, con la excepción de la noruega Equinor, son conocidas por su secretismo y opacidad: sólo responden a un pequeño grupo de altas autoridades en sus respectivos gobiernos y no forman parte de los esfuerzos coordinados a nivel mundial para enfrentar la emergencia climática. Según la investigación desarrollada por Richard Heed, 12 de las 20 empresas con mayor responsabilidad por las emisiones mundiales son compañías petroleras nacionales (CPN): organizaciones estatales o controladas por el Estado con el objetivo de explotar el petróleo de su país, en primer lugar, pero también el gas y el carbón.
Tres de las cinco empresas con más emisiones son de propiedad pública: la saudí Aramco es la mayor de todas; la rusa Gazprom ocupa el tercer lugar; y la National Iranian Oil Company, el quinto.
Según los investigadores, la falta de datos históricos fiables sobre las corporaciones chinas de carbón, así como las complejas estructuras de propiedad, impidieron incluir en el informe la producción estatal y privada de carbón chino, aunque es sabido que sus emisiones de carbono están entre las más importantes a nivel mundial. En los últimos años, las empresas petroleras públicas han estado de enhorabuena gracias a la lucha de los gobiernos nacionales por controlar sus reservas y maximizar los beneficios. Aproximadamente el 90% de las reservas conocidas de petróleo pertenecen a corporaciones públicas.
Según la Agencia Internacional de la Energía, las principales empresas estatales de petróleo produjeron el año pasado 84 millones de barriles diarios de petróleo y gas, un número muy por encima de los 21 millones producidos por las siete mayores petroleras de propiedad privada. Las petroleras más pequeñas y las empresas especializadas produjeron otros 67 millones de barriles.
Las últimas cifras disponibles son de 2017. Ese año, las empresas públicas de petróleo tenían como mínimo 3 billones de dólares en activos, aunque lo más probable es que el número total sea mucho mayor. En al menos 25 gobiernos, una quinta parte de los ingresos o más venía de este tipo de identidades.
La gente sabe poco sobre estas corporaciones públicas porque así es como han sido diseñadas: en su mayoría, no publican la información de sus operaciones como sí tienen que hacer las empresas que cotizan en bolsa. Sus reuniones son a puerta cerrada y sus estrategias suelen mantenerse en secreto.
Esta primavera y después de más de tres años de una detallada investigación, el Instituto para la Gobernabilidad de los Recursos Naturales publicó la primera base de datos mundial integral de las empresas petroleras nacionales. Según Patrick Heller, su autor principal, menos de un tercio de ellas publica la información suficiente para cumplir con los “indicadores clave” que los ciudadanos necesitan para evaluar el desempeño de sus empresas en el objetivo de maximizar el bien público. “Y algunas de las petroleras públicas más importantes del mundo siguen sin publicar casi nada”, añade Heller.
Casi ninguna se ha comprometido en lo relacionado con sus estrategias futuras para enfrentar el cambio climático. The Guardian ha preguntado a 12 de las más grandes cómo adaptarían sus operaciones al compromiso firmado por sus países en el Acuerdo de París sobre el Clima y qué planeaban hacer para la transición a una economía global sin emisiones en 2050.
Sólo Petrobras ha contestado. La empresa cita sus avances en la reducción de emisiones de sus operaciones, la inversión en tecnologías más limpias y los objetivos futuros de reducción de emisiones por unidad de combustible fósil producido: para el año 2025 piensan reducir en un 32% las emisiones durante la exploración y producción de petróleo y en un 16% las del proceso de refinado.
“El hecho de que muchas petroleras estatales den tan poca información tiene importantes implicaciones sobre la respuesta de sus países al cambio climático”, señala Heller. “A los reguladores todavía les cuesta conseguir información fiable y periódica sobre cuánto están gastando, las proyecciones futuras de producción o las estrategias comerciales fundamentales. Esto dificulta que el público pueda evaluar con confianza la viabilidad de los compromisos nacionales en materia de clima o llevar a cabo una transición hacia una combinación de energías más limpias. También dificulta analizar el riesgo de que el dinero gastado hoy por las petroleras estatales en exploración pueda quedar varado en activos financieramente inviables a medida que el mundo abandone los combustibles fósiles”.
Según Bryony Worthington, director ejecutivo del Environmental Defense Fund Europe, los gobiernos y las petroleras públicas son la misma cosa en lo referido a sus intereses y su forma de comportarse durante las negociaciones por el clima. Worthington, que ha revisado el informe, lleva dos décadas estudiando el comportamiento de estas corporaciones en las cumbres por el clima. “No hay diferencia entre las petroleras nacionales y sus gobiernos en las negociaciones, son lo mismo”, dice. Muchos de ellos, con Arabia Saudí como el ejemplo más notorio, “han actuado como un freno al progreso”.
Según Christoph Frei, el secretario general saliente del Consejo Mundial de la Energía, la clave para entender y cambiar estas corporaciones públicas está en el mandato que reciben de sus gobiernos. “El mandato de la mayoría es simplemente extraer petróleo y gas”, dice. “No tienen estrategias para cumplir con el Acuerdo de París”.
Para presionar a las grandes petroleras, los activistas han desplegado una amplia variedad de tácticas: piquetes en conferencias, manifestaciones en plataformas petrolíferas y hasta activismo inversionista haciendo campañas para vender las acciones.
Pero muchos de los países con empresas petroleras públicas no son democracias y tienen un historial de violaciones a los derechos humanos: en Arabia Saudí, Rusia, China y Venezuela, los manifestantes se enfrentan a leyes draconianas y hostigamiento policial.
Como mínimo, hace falta más transparencia. “También deberíamos buscar que cambien los mandatos”, añade Frei, que piensa en obligar a los responsables de las empresas nacionales a considerar su responsabilidad por el caos climático. Según Frei, un precio global al carbono sería la manera más eficaz de obligarlas a reconocer su daño medioambiental.
Un cambio difícil, pero no imposible, dice Heller. “Para la transformación de estas empresas representa un gran obstáculo la medida en que han crecido, junto con su poder político, gracias a los enormes beneficios del petróleo”.
Traducido por Francisco de Zárate