Esta pandemia es la oportunidad para conseguir que todas las personas accedan a las vacunas básicas

Las inversiones, tanto públicas como privadas, para desarrollar la vacuna que detenga el coronavirus han sido ingentes y han demostrado que pueden alcanzarse resultados en tiempo récord. El mundo reacciona en consecuencia. Un estudio reciente sobre los acuerdos de compra de vacunas para la COVID-19 revela que los países con mayor poder adquisitivo, así como algunos de renta media con gran capacidad industrial, ya han comprado dosis para inmunizar a toda su población.

Pero la administración de la vacuna necesita un nuevo nivel de atención. Sobre todo en lo que respecta a las poblaciones de los países empobrecidos o asolados por la guerras, donde los sistemas de salud son débiles o inexistentes. Incluso antes de la pandemia, alrededor de 20 millones de niños al año, los más vulnerables, ya no recibían las vacunas más básicas. Por ejemplo, se calcula que hay más de 10,6 millones de niños en los países más pobres que en 2019 no recibieron siquiera la primera dosis de una vacuna para la difteria y el tétanos.

Esta población no se distribuye de modo aleatorio: alrededor de la mitad de los niños no vacunados viven en zonas inestables o afectadas por algún conflicto, lo que refleja una nueva concentración de la pobreza en estos estados (como Yemen, la crisis humanitaria más grande del mundo en este momento). Terminar con este problema requiere de nuevos mecanismos de trabajo y la crisis de la COVID-19 nos ofrece una oportunidad perfecta para plantearlos. Nuestras organizaciones están convencidas de que es necesario trabajar juntas para aprender de las experiencias de cada una.

Una de nuestras prioridades urgentes son los desplazados internos, que no gozan de la protección internacional de los refugiados y suelen tener acceso limitado a los sistemas sanitarios. Con 79,5 millones de desplazados en 2019 -más de la mitad son desplazados internos y su número dobla al de hace 10 años-, la diferencia entre las necesidades y la provisión de servicios es cada vez mayor.

En 2017, hemos visto un brote de difteria, el peor en décadas, entre los Rohingya que viven en los campos de refugiados de Cox Bazar, en Bangladesh. Los Rohingya, a quienes se niega ciudadanía en Myanmar desde 1982, no pudieron, en gran medida, acceder a vacunas. El brote de difteria dio paso a una importante campaña de vacunación en los campos y sus alrededores, que logró terminar con la crisis. Pero que un brote de una enfermedad que puede prevenirse con tanta facilidad sucediera fue, en primer lugar, el indicador de la dimensión en la que las personas desplazadas en su propio país carecen de la vacunación más básica.

Incluso antes del estallido de la COVID, el estancamiento de las tasas de inmunización ya debilitaba la seguridad sanitaria mundial. Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) descubrieron que las muertes por sarampión en 2019 aumentaron en más de 200.000 fallecimientos, una cifra un 50% superior a la registrada en 2016. La inmunización desempeña un papel fundamental en la prevención de los brotes, pero solo puede funcionar si todas las personas acceden a ella. El hecho de que hoy en día no podamos hacer llegar a todas las personas vacunas ampliamente disponibles, como las del sarampión, la poliomielitis o la difteria, no solo significa que no hemos logrado proteger de forma colectiva a estas personas, muestra también que no estábamos preparados para una pandemia mundial.

Los sistemas sanitarios deben fortalecerse mediante la consolidación de las cadenas de suministro, asegurando la sostenibilidad de su financiación y mejorando la situación de los trabajadores del sector salud comunitarios. En muchos contextos afectados por conflictos y crisis, el sistema sanitario público no es capaz de llegar a toda la población que necesita acceso a las inmunizaciones. Las instalaciones sanitarias son a veces destruidas (y atacadas) y quienes huyen del conflicto pueden desplazarse a zonas más seguras, que no siempre están cerca de los centros médicos. En estos casos, el trabajo comunitario en la mejora de la salud juega un papel fundamental. En un estudio sobre el impacto del desempeño de los trabajadores comunitarios de la salud en la inmunización en Kenia se comprobó que su intervención elevó las tasas de cobertura al 99%, un aumento de 10 puntos frente a cifras anteriores.

Muchas vacunas (entre las que se incluye la de la COVID-19) requieren de almacenamiento en frío, lo que significa que necesitamos una cadena de suministro que pueda llegar a los lugares afectados por conflictos o en zonas que carecen de electricidad y equipos especializados. El fortalecimiento de las cadenas logísticas y la disponibilidad de las vacunas deben suceder en paralelo a los intentos de aumentar la demanda de vacunas entre la población. Esto solo ocurrirá cuando las comunidades confíen en las vacunas y en los servicios de salud locales. Para que eso pase, tenemos que involucrar a los ciudadanos en los procesos de planificación y mantenerlas comprometidas a lo largo de todo el proceso de vacunación, con acceso a la información, los servicios y la motivación para participar.

Para abordar esta cuestión, el Comité Internacional de Rescate y Gavi, una alianza en defensa de las vacunas, están poniendo en marcha una nueva asociación destinada a llegar a los más vulnerables del Cuerno de África y el Sahel con la mejor atención posible. La situación actual constituye una oportunidad valiosa. La atención mundial está más centrada que nunca en prevenir la propagación de las enfermedades infecciosas y en disminuir las diferencias en materia de inmunización.

Es el momento de un nuevo proceso que pueda asegurar que cada niño reciba los beneficios de la vacunas. Porque salvan vidas. Ya sea sarampión, difteria o COVID-19, las pandemias mundiales y sus réplicas no terminarán hasta que contemos con todo el mundo y, así, todas las personas puedan acceder a las vacunas que necesitan.

*David Miliband es el Presidente del Consejo del International Rescue Committee y Anuradha Gupta es la Vicepresidenta del Consejo de Gavi, la alianza en defensa de las vacunas.