200 manifestantes contra la reforma de la Ley de Extranjería

Cerca de 200 personas se manifestaron este sábado en Madrid contra la nueva reforma de Ley de Extranjería aprobada el pasado 26 de junio por el Consejo de Ministros, y que, en su opinión, “lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera, y en consecuencia de la autóctona”.

El secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado [CEAR] de la sección de Madrid, Alfredo Abad, recordó que “todavía hay tiempo y oportunidad para el Parlamento para cambiar y no seguir el Pacto Europeo por la inmigración y se trabaje en el asilo y la integración y en la ciudadanía”, y que si se recortan “los derechos de estas personas, recortamos los de todos”.

Bajo el lema 'Paremos la reforma', los manifestantes pidieron al Gobierno que no recorte los derechos que se hacen en esta reforma de la Ley de Extranjería. Según Abad se necesitan cambios porque “complica la reagrupación familiar y el tiempo de detención que aumenta hasta los 60 días”.

En este sentido, subrayaron que la ley lo único que hace es aumenta en sanciones pero recorta en derechos. “Es una mala herramienta para gestionar los flujos migratorios”, sentenció. Como posible solución, desde CEAR, marcaron el Plan Estratégico para la Integración de la Ciudadanía, ya que “es una herramienta bidireccional, con la nueva reforma, perdemos todos”, agregó.

Finalmente, aludió a la situación de los menores. Según Abad, con el actual planteamiento de reforma de Ley los menores no se ven beneficiados porque “con la directiva de retorno pueden ser devueltos a diferentes centros del norte de África donde no cumplen ni con las necesidades no con los intereses del menor”. “No garantiza que el bienestar del menor sea preservado”, aseguró.

Al final de la concentración, la actriz Pilar Bardem leyó un comunicado firmado por más de 70 organizaciones sociales opuestas al recorte de derechos a las personas extranjeras. Tales asociaciones lamentaron que la reforma de la Ley de Extranjería no fuera “consensuada” con ellas, lo que ha dado lugar a una ley “muy alejada de la realidad social”.

A su juicio, como consecuencia de dicha reforma se contribuye a “criminalizar” la inmigración puesto que ésta establece sanciones “desproporcionadas”. “La nueva reforma agrava en medidas de persecución, sanción y castigo contra las personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social”, lamentó Bardem.

Asimismo, las asociaciones convocantes denunciaron “las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en el interior de los Centros de Internamiento para Extranjeros [CIE], algo que ya denunció el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo.