A la cárcel por favorecer la inmigración clandestina

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo acogerá desde hoy el juicio contra 19 acusados de introducir ilegalmente en el país a ciudadanos chinos a través de contratos de trabajo falsos con los que conseguían permisos de residencia. El Ministerio Público solicita para ellos la suma de 114 años de prisión.

Entre los imputados hay responsables de comercios y de consultorías y gestorías, principalmente de Gijón y Oviedo. Según el informe fiscal, los procesados se dedicaban a la inmigración clandestina. El 'modus operandi' era siempre el mismo: se solicitaba en la República China trabajadores para empleos inexistentes, como subterfugio para la entrada ilegal en el país a cambio de una prestación económica.

Asimismo, los que accedían a estas solicitudes de empleo acababan trabajando en locales propiedad de algunos acusados o en los que tenían participación accionarial.

Fruto de las investigaciones se comprobó que algunos particulares que ofertaban los empleos no tenían solvencia económica como para asumir los salarios de los posibles trabajadores, o eran empresas endeudadas o que habían cesado o no habían iniciado la actividad e, incluso, algunas no tenían centro de trabajo.

Entre los trabajos para los que eran contratados están los de empleada de hogar, dependientes, empleados de establecimientos hosteleros o de la construcción e incluso actores o modelos. A este respecto, en el Consulado algunos ciudadanos chinos dijeron no saber para qué se les contrataba y reconocieron no tener experiencia en pases de modelos o actuaciones en cine y televisión.

Asimismo, pese a que el procedimiento seguido para la entrada en España de los extranjeros obliga a que ejerzan la actividad para la que fueron contratados al menos un año y en el mismo lugar, muchos eran destinados a otros trabajos y a veces a otros sitios. Los permisos de residencia eran posteriormente renovados.

El informe fiscal apunta que los acusados actuaron en connivencia con gestorías o asesorías que tramitaban las solicitudes y que, a través de un sistema informático del Principado, conseguían eludir el control directo de la Tesorería. También los imputados gestionaban el pago de las cuotas a la Seguridad Social como si las abonaran los empleadores para dar a la situación “una apariencia de legalidad”.