CCOO considera que el ahorro en la adjudicación del Consorcio de Aguas “puede poner en riesgo la calidad del servicio”

Tras el análisis de la adjudicación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales y abastecimiento concedido por Consorcio de aguas, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de La Rioja considera, como ha informado CCOO en un comunicado, “que la reducción económica en dicha adjudicación puede poner en riesgo la calidad del servicio, afectando en la calidad del agua de consumo y depurada, así como las condiciones de trabajo”.

Sobre este asunto, Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja adjudica el mantenimiento de este servicio, exponiendo, como ha recordado el sindicato en la nota, que “como consecuencia de las bajas presentadas por las gestoras adjudicatarias, el coste total de estos servicios en los próximos cuatro años será de 41 millones, lo que representa un ahorro a la administración de unos 14 millones de euros respecto al precio inicial de licitación que ascendía a 65 millones de euros”.

Así, el sindicato ha expresado: “Desde CCOO defendemos la estabilización del empleo y la mejora de las condiciones laborales, por lo que nos preocupa que, debido a este ahorro anunciado, las personas trabajadoras del sector del ciclo integral del agua vean agravadas sus condiciones laborales más de lo que están actualmente”.

“La experiencia nos demuestra que la aceptación de bajas en el precio de licitación suelen terminar derivando en rebajas de derechos laborales y salariales de sus trabajadoras y trabajadores, lo que se puede traducir en una falta de inversión en formación para la plantilla (en anteriores licitaciones no ha llegado a ejecutarse ni el 20% de la formación obligatoria) o la escasa inversión para arreglar y mantener los equipos y edificios que se encuentran en las instalaciones, lo que supone un empeoramiento de elementos preventivos que afectan negativamente al cumplimiento efectivo de la protección de la salud de las personas trabajadoras”, ha argumentado.

“Acompañando a la reducción del precio de licitación, se encuentra la oferta de las empresas licitadoras sobre el aumento de horas de vigilancia de las instalaciones y del control analítico de las muestras de aguas y vertidos. Estas prácticas generan una sobrecarga de trabajo a la plantilla, que supone cambios y ampliación de jornadas sobrevenidas”, ha continuado. “Si bien es cierto que esta licitación genera empleos ”verdes“, también es cierto que la administración ha de velar para que estos trabajos sean estables, de calidad y con salarios dignos”.

Del conjunto de la licitación, CCOO valora “positivamente la aceptación de nuestras propuestas para la inclusión de cláusulas en los pliegos de condiciones, con mejoras para las personas trabajadoras en formación, planes de igualdad y prevención de riesgos laborales”. Pero, ha apuntado, “para este sindicato y tras años de experiencia, somos conscientes de que las empresas gestoras de los servicios carecen de supervisión para el cumplimiento de los pliegos de condiciones y de lo ofertado por la adjudicataria, lo cual, sumado a la laxa actuación administrativa frente a las denuncias registradas, genera condiciones laborales cada vez más precarias”.

“El ciclo integral del agua es un sector que entra dentro de la estrategia de reparto de los fondos Next Generation para la transformación del modelo productivo, energético y social. Las estrategias de reparto de estos fondos, subvencionan proyectos a los que las empresas públicas y privadas del sector del agua tienen acceso; con la condición de que los fondos deben de ir acompañados de medidas para la protección de las personas vulnerables y eliminar las brechas existentes, promoviendo la calidad de empleo y la inclusión social; y es sobre estas medidas, sociales y laborales, donde CCOO tenemos mucho que decir”, ha contextualizado el sindicato.

Así las cosas, desde CCOO exigen “políticas redistributivas y que éstas se vean reflejadas en los contratos para la prestación de los servicios públicos, donde se garantice una contratación socialmente responsable en beneficio de la administración contratante, las personas trabajadoras asignadas a los servicios y de las empresas respetuosas con la normativa vigente”.

“En aplicación de la Ley 9/2017 de contratos del sector público y como ejercicio de transparencia por parte de esta administración, esperamos lo antes posible la designación de una persona responsable para cada contrato que supervise el cumplimiento del pliego de condiciones y sus condiciones”, ha reclamado en el comunicado. “Vemos necesario crear un canal de comunicación entre la persona sindical de referencia del sector y la administración adjudicadora del servicio y que ambas velen por el obligado cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución y cláusulas sociales, laborales, medioambientales y de innovación para la empresa adjudicataria del contrato”.

“Las personas que trabajan en el abastecimiento y saneamiento del agua forman parte de un sector terciario, esencial, penoso, peligroso y tóxico que requiere de formación especializada, de planes de prevención de riesgos laborales específicos y de protocolos de actuación para realizar los trabajos y como sindicato, nuestra máxima es la protección laboral de las personas”, ha concluido el comunicado.