Cinco ONGs recurren ante la Defensora del Pueblo por su exclusión de los Fondos de Cooperación
Cinco ONGs riojanas recurrirán ante la Defensora del Pueblo de la comunidad lo que consideran su “exclusión” del reparto de los Fondos de Cooperación que distribuye el Gobierno de La Rioja. Se trata de Amistad Rioja-Cuba, Casal, Coliche, Sodepaz y Tareas Solidarias.
En un comunicado, estas organizaciones explican que “hemos venido siendo excluidas durante años por el Gobierno de la Rioja de los Fondos de Cooperación en todos sus apartados”, por lo que han decidido recurrir a la Defensora del Pueblo “para seguir denunciando esta injusticia y buscar una solución democrática y no excluyente”.
Señalan que, en el mes de julio, “y tras ser excluidos un año más, enviamos una carta certificada a cada uno de los miembros del Consejo de Cooperación denunciando la situación y pidiendo una solución justa”.
“Esta carta -añaden- no fue tratada en el último Consejo de Cooperación pues el Gobierno no la llevó como era su obligación y tampoco hemos recibido ninguna respuesta de este a nuestras demandas, ni explicaciones por su actuación”.
Esta situación les ha llevado “a dirigirnos a la Defensora del Pueblo, solicitando su intervención para encontrar una solución a esta exclusión antidemocrática”.
En su informe a la Defensora, estas ONGs indican, por ejemplo, que “hemos agotado muchas vías para conseguir que se haga justicia en el reparto de los Fondos de Cooperación. Hay una vulneración de nuestros derechos ciudadanos a ser tratados de la misma forma que a los demás, sin exclusión por razones políticas o ideológicas”.
Aducen que “se vulneran nuestros derechos, se desprecia a las ONG de las que formamos parte, y además se hace un flaco favor al trabajo en defensa de la solidaridad y la justicia que llevamos a cabo en diversos países del Sur”, por lo que defienden “una coherencia entre las políticas de solidaridad y las demás políticas públicas, y en esta actuación la ética pública sale muy mal parada”.
Por ello, solicitan de la Defensora que “se investigue la evaluación de los proyectos y adjudicación de los fondos de Cooperación y Concienciación en los últimos años, y que se analice la transparencia, coherencia y justicia del procedimiento de adjudicación de dichos fondos”.
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