CSIF denuncia “la utilización de estudiantes de Enfermería como sustitutos de profesionales titulados”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes que “la Consejería de Sanidad está utilizando a los estudiantes de cuarto curso de Enfermería como sustitutos de los profesionales titulados, cuando la normativa dicta que los estudiantes deben realizar sus funciones en calidad de apoyo y siempre bajo supervisión de un profesional sanitario”.

En este sentido, CSIF ha señalado que ya denunció el pasado mes de noviembre, cuando se contrató a estos estudiantes para el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, “el abuso que se estaba produciendo por parte de la Administración regional en las prestaciones y funciones de dichos estudiantes en la misión que se les había encomendado”.

“El mismo atropello a la interpretación de la norma se ha vuelto a reproducir durante los últimos días en el servicio de Infecciosas del San Pedro”, ha detallado el sindicato aludiendo a las 'carteleras' a las que ha tenido acceso.

Para CSIF, “la crisis provocada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto y empeorado la mala salud de la sanidad pública riojana debida, entre otras cosas, a la falta de personal y previsión. Estos achaques que aquejan a todos los niveles y categorías del Servicio Riojano de Salud son aún más graves en servicios como el que se ocupa de enfermedades infecciosas”.

En dicho servicio, ha criticado la organización sindical, “los estudiantes de Enfermería están sustituyendo a profesionales titulados, no como personal de refuerzo sino como meros trabajadores. De tal forma, que los efectivos de la plantilla actual que debería constar de 5, 4, 3 enfermeras, según turno, se ven claramente disminuidos”. “Es decir; los refuerzos que prometió la Consejera de Salud siguen sin aparecer, tal y como viene denunciando CSIF durante toda esta pandemia”, ha añadido.

El sindicato rechaza “la interpretación que está haciendo el Servicio Riojano de Salud (SERIS)” del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que le permitió al Gobierno de La Rioja adoptar una serie de medidas que fueron publicadas el 5 de noviembre de 2020 en el BOR.

En concreto, CSIF critica la puesta en práctica del artículo 4 referido a las prestaciones personales de estudiantes del grado de enfermería en su último año de formación, donde dice textualmente que “se establece la prestación personal obligatoria de los estudiantes del grado de enfermería en su último año de formación. En todo caso sus funciones serán las de auxilio sanitario y se tienen que desarrollar en calidad de apoyo y bajo supervisión de un profesional sanitario”.

“La realidad es muy distinta a lo que dice el Decreto firmado por la presidenta de La Rioja, Concha Andreu. En la práctica diaria lo que ocurre es que los estudiantes de 4º curso de Enfermería están, en ocasiones, ocupando el puesto de una enfermera titulada debido a la escasez de plantillas. Todo esto sucede en una situación de difícil supervisión por la presión asistencial y porque ocupan el puesto de quien debiera supervisarles”, asegura el sindicato.

Y añade que, “una vez más, la Administración se equivoca al sustituir empleo de calidad por contratos precarios que nada favorecen la calidad asistencial de los servicios públicos y mucho menos en estos momentos una pandemia que ha puesto en evidencia la debilidad de nuestro sistema sanitario”.

El sindicato exige “que los servicios públicos de La Rioja cuenten con plantillas suficientes y profesionales cualificados para hacer frente a todas las necesidades de todos los centros socio sanitarios. Unos trabajadores que deberían tener contratos dignos y acordes al esfuerzo y responsabilidades para la ingente tarea de luchar contra la Covid-19 y, al mismo tiempo, seguir atendiendo a todas las necesidades de los saturados servicios públicos”.

La Administración “prefiere aprovechar la indefinición de un decreto que le permite precarizar y menospreciar el trabajo de los profesionales de la sanidad pública”, ha indicado.

CSIF ha reiterado su apuesta por “unos servicios públicos de calidad, con plantillas suficientes y profesionales debidamente remunerados que no tengan que emigrar a otras comunidades o a otros países con mejores condiciones laborales y económicas, que es lo que desgraciadamente está sucediendo ahora”.