Desaparición de expedientes sancionadores en el Ayuntamiento de Calahorra

Un oficial de la Policía Local de Calahorra ha llevado ante la Fiscalía de La Rioja la “ocultación, desaparición o destrucción de expedientes administrativos sancionadores completos, así como de documentos o escritos presentados a la atención de la Jefatura” en la localidad riojabajeña. Este problema, según señala la documentación a la que ha tenido acceso Rioja2, se llevaría produciendo desde, al menos, el año 2007. Fue detectado en un procedimiento judicial ante la Audiencia Provincial de Logroño, cuando la letrada que defendía a este funcionario le pidió una serie de archivos (consistentes en grabaciones internas y fotografías de un detenido). Solicitados los datos al Consistorio calagurritano, el denunciante pudo comprobar, indica en el escrito presentado ante la Fiscalía, “que se había procedido al borrado de las grabaciones y a la desaparición de los archivos fotográficos, tanto del álbum impreso como del digital” correspondientes al expediente en cuestión.

La Fiscalía, tras recibir este comunicado y la documentación correspondiente, envió el pasado 11 de julio un requerimiento dirigido al Consistorio, en el que se solicitaban más datos por la apertura de diligencias informativas. Las irregularidades denunciadas por esta persona se pusieron en su día en conocimiento de la Alcaldía de Calahorra y del Jefe de Policía. Ante la falta de respuesta de ambos, se solicitó dar vista a una serie de expedientes sancionadores de tráfico. Después de otro silencio, se presentó un recurso de reposición ante la desestimación presunta de la solicitud. Esta vez sí, mediante un decreto de la Alcaldía fechado el 24 de noviembre de 2009, se procedió a desestimar la petición, a pesar de encontrarla “razonable” y de reconocer el derecho del denunciante al acceso a los expedientes sancionadores por él iniciados.

Esta solicitud buscaba iniciar una investigación por parte del Inspector Jefe, señala la documentación consultada por Rioja2, para que pudiera depurar responsabilidades “con ocasión del borrado de las grabaciones sonoras de las comunicaciones policiales la madrugada del 28 de diciembre de 2002, el borrado de la fotografía y ficha de detención del actual alcalde de Quel, Víctor Manuel Rada, la eliminación del álbum policial de la misma, así como de la manipulación del informe policial y su entrega al abogado del detenido”. El motivo de la Administración para negar la petición fue que no la consideraba “operativa ni eficaz para los fines públicos”, debido a que habían pasado siete años desde que se habían producido los hechos. Se requirió entonces al Inspector Jefe un informe en el plazo de tres meses sobre el funcionamiento del acceso y custodia de los archivos gráficos y de la documentación policial.

El 19 de mayo de 2014, día en el que se presentó la documentación ante la Fiscalía, ninguno de esos requerimientos ha sido cumplimentado. Hay que reseñar, se detalla en el escrito, que, de los doce expedientes sancionadores de los que se había solicitado el acceso o vista, “cinco habían desaparecido y otros dos habían prescrito por la inactividad de la Administración”. Las medidas de seguridad en el procedimiento de recepción de escritos y denuncias son, señala la denuncia, “nulas”. Y la seguridad jurídica, “inexistente”, pues no existe ningún medio administrativo de comprobación de la entrada y registro de los documentos. El proceso consiste en un buzón de hojalata con una llave como la que se puede encontrar en el buzón de una casa de vecinos.

De esta forma, se argumenta en la documentación, “siempre queda al arbitrio del propio Inspector Jefe la posibilidad de negar o admitir la recepción de un documento”, incluidas las denuncias originadoras de expedientes sancionadoras. Este hecho también se había puesto en conocimiento de la Administración en marzo de 2010, cuando se dirigió un escrito a Jefatura en el que se denunciaban más desapariciones de archivos y falta de tramitación de otros expedientes. Se pidió la adopción de medidas, pero, tras citar al funcionario que ahora ha llevado todo el asunto ante la Fiscalía, no se han producido cambios pese a reconocerle la imperfección del sistema.