Descartado un golpe de Estado contra Chávez

La seguridad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y la de su gobierno parece estar garantizada tal como se desprende de las últimas declaraciones del ministro de Defensa del país. Carlos Mata Figueroa, titular de Defensa, ha descartado la posibilidad de que se produzca un golpe de Estado militar contra Chávez. Sin embargo, ha indicado que en los próximos meses llegarán armamento y efectivos rusos para garantizar la seguridad nacional.

“En Venezuela anteriormente los componentes andaban por su lado. Ahora hay una sola Fuerza Armada, unida y moralizada, bajo una sola doctrina: la bolivariana”, dijo Mata al rechazar la posibilidad de que efectivos militares pudieran levantarse contra el gobierno.

Así, el ministro destacó el fortalecimiento del Ejército y reveló que en el último año se graduaron 980 oficiales de comando, 585 oficiales técnicos, 418 oficiales asimilados y 8.314 tropas populares. “En total, 10.297 hombres y mujeres”, indicó.

En la misma línea apuntó que en el mismo periodo se registraron 56.293 voluntarios, lo que representa un incremento del 109,73 % respecto a 1998, cuando solo hubo 26.840 incorporaciones de esta naturaleza.

Además, Mata denunció el “boicot” de Estados Unidos, que se niega a facilitar a Venezuela los repuestos de los aviones F-16 que le entregó en su momento. “Desde que nos los vendieron hubo irregularidades”, aseveró, en declaraciones recogidas por Venezolana de Televisión (VTV).

Por el contrario, agradeció la colaboración de otros “países amigos” en materia de defensa, entre los que mencionó a Brasil, Argentina, Cuba, China, Bielorrusia y Rusia. En referencia a éste último, adelantó que en los próximos meses llegarán los equipos acordados y los efectivos entrenados en la nación europea.

Peticiones

En otro ámbito de cosas, el gobierno de Hugo Chávez tiene que hacer frente a la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , quien ha urgido al Ejecutivo venezolano a tomar las medidas necesarias para proteger la integridad de los presos, tras los últimos hechos ocurridos en las cárceles del país en los que han muerto siete reclusos.

En noviembre del año pasado, la CIDH había dictado medidas provisionales con respecto a la cárcel venezolana de Tocorón en las que pedía al Estado venezolano “la adopción de las medidas que fueran necesarias y efectivas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral” de los reos.

“La CIDH urge nuevamente a las autoridades venezolanas a implementar acciones de impacto inmediato sobre la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad”, señala un comunicado de la comisión adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) .

Estas medidas incluyen la adecuación de las condiciones de los centros de reclusión venezolanos a los estándares internaciones, así como la adopción de acciones inmediatas y planes a mediado o largo plazo para garantizar la vida y la integridad personal de los internos.

Por su parte, la OEA tiene que enfrentarse a las demandas de algunos estudiantes venezolanos que piden a la organización regional que su secretario general, José Miguel Insulza, visite Venezuela. Para ello, una docena de estudiantes llevan ya 10 días en huelga de hambre. Los manifestantes quieren que Insulza compruebe de primera mano el estado de unos 27 detenidos que son considerados presos políticos.

Tendidos en varias camas frente a la sede de la OEA en Caracas, los 12 jóvenes exigen Insulza que cumpla con el compromiso de enviar a Venezuela una comisión de investigación de Derechos Humanos, promesa que hizo el año pasado cuando los estudiantes decidieron deponer una protesta similar.

En Venezuela, donde la población se encuentra polarizada entre simpatizantes y opositores del presidente Hugo Chávez, falleció el año pasado el agricultor Franklin Brito tras varias huelgas de hambre en protesta por las políticas agrarias del Gobierno.

“Insulza empeñó su palabra y no vino, lo estamos esperando. Estamos acá, somos 12 jóvenes y no nos vendemos”, ha dicho a Reuters Carlos Arteaga, un estudiante de Derecho de 25 años.

Los huelguistas piden además que tres políticos electos en los comicios de septiembre, que actualmente se encuentran detenidos, puedan ejercer sus escaños en el Congreso. El gobierno acusa a estos diputados electos de hechos delictivos, motivo por el que los estudiantes consideran que son unos perseguidos políticos, al igual que varios sindicalistas y líderes de la oposición.

“Esta huelga se diferencia a las otras en que aquí hay un compromiso, vamos hasta las últimas consecuencias”

, ha señalado Arteaga, quien tenía en su cabeza cintas con los colores patrios de Venezuela.