Dos millones de fianza

El juez instructor del caso Relámpago, que investiga una presunta trama de corrupción a través de la canalización de dinero mediante paraísos fiscales, el blanqueo de capitales, las dobles ventas de solares y otra serie de ventas concretas, ha fijado una fianza de 1,8 millones de euros para la cantante Ana Torroja, imputada dentro de esta causa por un supuesto delito de fraude fiscal de 655.000 euros.

Se trata de una cantidad que la ex componente del grupo Mecano debe depositar para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de los delitos fiscales que se le imputan, tal y como publica el martes Diario de Mallorca. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, también ha fijado una cantidad similar para el encausado Gabriel Feliu, antiguo abogado de Torroja.

La cantante compareció el pasado 18 de junio ante el juez, aunque se acogió a su derecho de no declarar, después de que la Agencia Tributaria le haya atribuido una deuda fiscal de 655.000 euros, y tras darse a conocer sus vínculos profesionales con el despacho de abogados Feliu de Palma, asesoría legal sobre la que pesan varias sospechas de estafa investigadas en este procedimiento.

En concreto, Torroja debía explicar las supuestas relaciones de su empresa Carlitos Way con el despacho Feliu, que según las pesquisas realizadas hasta ahora habría urdido un entramado millonario de fraude fiscal.

Torroja, a través de sus abogados, pidió la nulidad del caso y que se declarasen nulos como pruebas los registros llevados a cabo en el bufete Feliu así como los pinchazos telefónicos realizados en las investigaciones. No obstante, el juez ha rechazado el recurso de la cantante mediante un auto sobre el que la defensa de Torroja ha presentado un recurso de reforma.

Las sospechas comenzaron cuando, durante de la investigación del caso, varios de los clientes de la asesoría Feliu acabaron como imputados. Todos ellos alegaron en su descargo que eran residentes fiscales en Inglaterra y que, por tanto, no tenían obligación de declarar o pagar sus impuestos en España sobre determinadas operaciones inmobiliarias o financieras o respecto a su patrimonio.

También Ana Torroja alegó ante Hacienda que no era residente fiscal en España y, al igual que el resto de clientes de la asesoría, señalaba el Reino Unido como su residencia. De este modo, la cantante aparecía como supuesta implicada en abril de 2007, como administradora única de la empresa Carlitos Way, constituida en 2004 y dedicada a dar servicios en restaurantes.