El Consejo Regulador defenderá su competencia sancionadora ante el Supremo

Esta semana se han conocido dos sentencias que cuestionan la competencia sancionadora del Consejo Regulador. Tras esta noticia, la Institución ha asegurado que seguirá defendiendo el interés general y que velará para que todos los inscritos cumplan el Reglamento. De esta manera el Consejo Regulador DOC se ha propuesto defender su competencia sancionadora y para ello, pedirá al Ministerio que interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Consejo Regulador

reafirma su convicción de que se debe defender un modelo basado en la autodisciplina y el estricto control porque asegura que ha sido fundamental para el desarrollo y éxito de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

A pesar del resultado de estas dos sentencias de los juzgados de lo Contencioso Administrativo número uno y dos de Logroño, en las que se invalidan las sanciones impuestas por el Consejo Regulador a Bodegas Sonsierra, cooperativa de San Vicente de la Sonsierra, el Consejo sigue defiendo sus competencias, y aunque el Ministerio tendrá la última palabra para presentar o no el recurso, confía en que se le dé la razón en el Supremo tal y como se la dieron en su día el propio Ministerio, la Abogacía del Estado y la Administración de Justicia.

“QUEREMOS QUE EL CONSEJO SEA UNA CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO...”

El Consejo Regulador ha defendido desde hace casi cuatro años la modificación del Reglamento de la Denominación, convertir al Consejo Regulador en una Corporación de Derecho Público, que entre otras capacidades delega el ejercicio de la capacidad sancionadora a la Corporación.

La opinión del presidente, Víctor Pascual Artacho, se ha mantenido en el espacio-tiempo, intacta. En este sentido, se manifestaba en 'La Gaceta jurídica de las pymes' en el número 106 de enero de 2009. En sus páginas se recogen estas declaraciones:

“¿Qué lectura hace de las recientes sentencias judiciales sobre el papel del Consejo Regulador?”

“Tienen una importancia fundamental para nosotros porque nos están dando la razón en lo que queremos y hemos tenido siempre: la capacidad del Consejo Regulador como órgano desconcentrado que es y como Corporación de Derecho Público que queremos que sea, para poder tomar sus propios acuerdos y, en especial, para poder desarrollar su propio reglamento. Somos los que mejor lo sabemos hacer y sobre todo porque con esto, lo digo ya como Presidente de la Interprofesional, que no tengo nada que ver con el control, evitamos la posibilidad de una competencia desleal, que es nuestro principal objetivo.”

“¿Cuáles son las principales demandas para la actualización del Reglamento y dónde están las principales divergencias para que éste pueda salir adelante?”

“Hay muchos puntos en los que tenemos discrepancias, pero la principal divergencia es que nosotros queremos que nuestro modelo esté aglutinado en una corporación de derecho público con nuestro propio órgano de control y el Ministerio está buscando otra fórmula o modelo en el que sea externo el propio órgano de control. Lo estamos pidiendo siempre desde la perspectiva y la intención de la separación clarísima de funciones, como lo pide el sector”.

EL SECTOR PIDE A LA ADMINISTRACIÓN SU RESPALDO

En el Pleno del Consejo Regulador celebrado el pasado mes de diciembre, el sector vitivinícola reiteraba a la Administración que respaldese el modelo de Rioja para seguir desarrollándose. En este sentido, tras la reunión mantenida con representantes de las asociaciones del sector, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marítimo, así como de las tres Comunidades Autónomas de la Denominación, el presidente del Consejo Regulador aseguraba que los resultados eran “poco alentadores”.

El objetivo es continuar con las negociaciones para la adaptación del Reglamento de Rioja al actual marco jurídico español y europeo, de acuerdo con los planteamientos y necesidades puestas de manifiesto por el sector vitivinícola riojano. Y otro de los ejes fundamentales de la propuesta de modificación del Reglamento de la Denominación, es convertir al Consejo Regulador en una Corporación de Derecho Público, propuesta que ha venido contando con el respaldo de las tres Comunidades Autónomas por las que se extiende la Denominación.

Tal Corporación de Derecho Público integraría al Órgano de Gestión de la Denominación (el Pleno del Consejo integrado por los representantes de las asociaciones del sector que forman la Junta Directiva de la Interprofesional), así como al Órgano de Control (el actual Servicio Habilitado de Veedores), que ejercerían sus funciones de forma totalmente independiente, como exige la ley, bajo la tutela de la Administración Pública. Igualmente, se pretende que se delegue el ejercicio de la capacidad sancionadora en dicha Corporación. Se mantendría también así la unidad de criterio en la aplicación del Reglamento en toda el área de la Denominación, cuestión irrenunciable frente a la posible delegación de competencias del MARM a las Comunidades Autónomas que ahora se baraja y constituye un nuevo escollo en la negociación.

LOS TRIBUNALES, EN ESTE ASUNTO, RECONOCEN LA COMPETENCIA SANCIONADORA

También nos remitimos al pasado mes de mayo, momento en el que el Consejo Regulador acuerda por unanimidad tras la celebración de un pleno, manifestar públicamente que las decisiones, adoptadas hasta la fecha en materia sancionadora por la entidad, obedecen al planteamiento realizado por el Ministerio y la Abogacía del Estado como respuesta a la consulta del Consejo sobre la forma de proceder tras la promulgación de la Ley 24/2003 de la Viña y del Vino.

Además señalaron que, en la práctica totalidad de los casos, el criterio seguido por los tribunales de Justicia en este asunto ha sido reconocer la competencia sancionadora del Consejo, salvo en dos pronunciamientos puntuales, uno de los cuales fue rectificado en sentencia posterior por el mismo Tribunal de Madrid que lo dictó.

Contrariamente a esta actuación del Juzgado madrileño, la sentencia nº 48/08 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño contradice otra que había dictado con anterioridad y en la que reconocía la competencia sancionadora del Consejo Regulador.

Este pronunciamiento está en vías de recurso ante el Tribunal Supremo a fin de que sea éste quien efectúe su propia interpretación del marco legal y al amparo de diversas Sentencias del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que en varias ocasiones han dado también conformidad en sus fallos a la actuación del Consejo en materia sancionadora.

El pleno celebrado en mayo se realizó con la finalidad de transmitir al sector vitivinícola riojano tranquilidad, así como reconocer el respaldo a las actuaciones del Consejo por parte del Ministerio y la Abogacía del Estado, con el fin de que se proceda a recurrir cuantas sentencias se dicten en el futuro en que se cuestione la competencia sancionadora del Consejo Regulador.