“El Gobierno de La Rioja no recortará derechos a las personas con discapacidad en nombre de la crisis”

La directora general de Atención a la Dependencia y Prestaciones Sociales de la Consejería de Servicios Sociales, Carmen Corral, ha asegurado hoy que no está dispuesta a que “el Gobierno de La Rioja recorte derechos para las personas con discapacidad en nombre de la crisis”. Así se ha expresado durante su intervención en la Conferencia Interestatal “Hacia un nuevo modelo de sostenibilidad económica del Tercer Sector de la discapacidad”, organizado en Logroño por el CERMI La Rioja y el CERMI Estatal.

Corral ha expresado su seguridad en que “La Rioja ha llegado a un sistema en que todo es público y no daremos ni un paso atrás” porque se trata de “derechos que ha costado mucho conseguir”.

El Gobierno de La Rioja cuenta, actualmente con 227 medidas en el ámbito de la discapacidad y se ha dotado de un presupuesto de 64 millones de euros para este año 2010, según las palabras de la directora general. En este sentido, Corral ha recordado que el Gobierno cree en el sector de la discapacidad y lo considera un eje fundamental para el desarrollo de la Comunidad.

También ha señalado que “además de apoyar incondicionalmente, queremos hacer visible la discapacidad a todos, para que la comprendan”. En esta línea ha destacado el papel del CERMI La Rioja como un “luchador nato”.

Por su parte, la presidenta del CERMI La Rioja, Manuela Muro, ha apostado por el consenso como “prioritario” para los retos que se marca el movimiento asociativo y ha asegurado que “las propias asociaciones deben generar entre ellas espacios de confianza y reforzar la viabilidad del sector”.

También ha apostado por la formación tanto de las personas con discapacidad como de sus familias y de las estructuras asociativas; así como por la constancia y la transparencia en la gestión de los recursos a la hora de trabajar desde el Tercer Sector. Según sus palabras ésta es “la mejor vía de normalización” para conseguir la mejora de la calidad de vida de este colectivo, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades, asegurando, por tanto, sus derechos fundamentales.

En esta misma mesa debate, la presidenta del CERMI Asturias, Mónica Oviedo, ha desgranado las etapas que la entidad que preside ha ido superando hasta llegar al momento actual. Oviedo ha explicado los métodos de financiación y la situación actual del Tercer Sector en Asturias. Por su parte, el presidente de CERMI Cantabria, Roberto Álvarez, ha hecho lo propio con las entidades de su Comunidad Autónoma.

TERCER SECTOR

Durante la jornada de la mañana, el presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), José María Sánchez Monge, ha explicado el sistema de contratación pública que establecen las entidades del sector de la discapacidad con la administración. En este sentido, ha destacado que “las asociaciones no estamos en igualdad con la empresa, sino en clara desventajas”.

Según Sánchez Monge, muchos contratos públicos tienen demasiados requisitos complicados de cumplir por muchas entidades sociales. Para solucionar esto, propone “abordar los problemas conjuntamente con un frente común para poder abarcar todos los aspectos y atacarlos desde la unidad”.

Por otro lado, la gerente de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), Raquel Prieto, ha abordado algunos de los problemas que encuentra el Tercer Sector de la discapacidad en España. En este sentido, ha destacado la falta de transparencia y estabilidad de las subvenciones, la ausencia de cláusulas sociales en los convenios y contratos, así como la competencia con las empresas.

En cuanto a la financiación privada, Prieto ha destacado la escasa explotación que se ha realizado de la responsabilidad social de las empresas, la falta de profesionalización, de motivación o, incluso, de liderazgo de algunas entidades sociales.

Por su parte, Por otro lado, el presidente de la Confederación Autismo España, Antonio De la Iglesia, ha criticado el procedimiento del SAAD por el cual a muchas familias se le otorga la ayuda mensual para el cuidado de una persona dependiente en lugar de ofrecerle los servicios que necesita.

De la Iglesia considera “una perversión” este hecho que “en un principio iba a ser para situaciones excepcionales, pero se ha convertido en la práctica habitual”. Según sus palabras, “esta mala praxis corre el riesgo de convertirse en un cáncer en el sistema de prestaciones sociales”, ya que considera que las administraciones puedes acostumbrarse a “dar el cheque” y olvidarse de invertir en servicios sociales.

En este punto, De la Iglesia ha destacado, coincidiendo con los demás intervinientes, que las entidades del Tercer Sector tienen un alto grado de especialización y capacidad para detectar necesidades, gran innovación y creatividad en la satisfacción de necesidades sociales, experiencia, gestión de recursos más directa, eficaz y menos costosa, así como un valor añadido que supone la intervención de las entidades del sector de discapacidad.

Por otro lado, el presidente de Aspace, Jaume Marí Pàmies, ha recordado que, a diferencia de muchas empresas, “las entidades del Tercer Sector pueden sufrir pérdidas de un año para otro por su funcionamiento normal y cuadrando a cero su plan estratégico”. En relación a las fuentes de financiación, Pàmies ha destacado la colaboración que prestan a las asociaciones las Obras Sociales de las Cajas de Ahorro y, en esta línea, ha señalado la necesidad de que haya representantes del movimiento social de la discapacidad dentro de los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros.

En el encuentro, que se celebra en el Palacio de Congresos de La Rioja durante los días 29 y 30 de junio, se analizará el tejido asociativo de la discapacidad y la estructura del Tercer Sector así como sus fuentes de financiación y su sostenibilidad futura.