El juez que condenó al presunto asesino de Mari Luz creía que éste estaba entre rejas

Comienzan a buscarse responsables de los 'fallos' del sistema judicial en el caso de Santiago del Valle, el detenido por la muerte de la pequeña Mari Luz. Uno de los señalados es Rafael Tirado Márquez, el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, quien en 2002 condenó a Del Valle a dos años y nueve meses por abusar sexualmente de su hija de nueve años. Hoy, el magistrado aseguraba que él creía “sinceramente” que el acusado estaba cumpliendo la pena porque la sentencia era firme, y se queja de que “nadie” le informase de que el procesado no estaba en prisión tras haber recurrido. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció que investigará este “fallo clamoroso” de la justicia para “depurar las posibles responsabilidades” y evitar nuevos casos como este.

“Desde el 13 de enero de 2006, día en el que dicté un auto de no suspensión de condena y de cumplimiento de pena, hasta el día de ayer, nadie me dio cuenta del procedimiento”,

indicó el juez sevillano, que hace años fue multado por retrasos injustificados en la tramitación de unos asuntos. Sin embargo, el magistrado consideró “injustas” algunas de las cosas que se están diciendo sobre su labor profesional, “porque no son ciertas”. En sus alegaciones, Tirado Márquez señala que la funcionaria que llevaba el caso estuvo de baja durante cinco meses, y le facilitaron una sustituta sólo por tres días.

En este sentido, recibió el apoyo del decano de los jueces de Sevilla, Federico jiménez Ballester, quien advirtió que la “excesiva” carga de trabajo que hay en los juzgados de la capital hispalense, podrían ser la causa de este error. “Si a todo se le suma la vacante de funcionarios se acrecienta el problema”, puntualizó. Para demostrar estas circunstancias, aseguró que los funcionarios del juzgado sevillano están recopilando información para el caso, para enviar copias de todas las actualizaciones llevadas a cabo al CGPJ.

Precisamente, el máximo órgano de gobierno de los jueces ha abierto una investigación para determinar los hechos “concretos” que han llevado a este “fallo clamoroso del sistema en su conjunto” y de esta manera “depurar posibles responsabilidades” y “tratar de prevenir” que se repitan situaciones como ésta. Según el portavoz del Consejo, Enrique López, la información previa abierta investigará “la tardanza en conformar la segunda sentencia” en la que se condena a Del Valle a tres años de cárcel por abusos sexuales y, en segundo lugar, “por qué no estaba dictada una orden de búsqueda y captura contra un sujeto que debería estar en prisión”.

Para López, “la descoordinación entre jueces y Policía” se ha producido porque, tras la segunda condena, no se emitió esta orden, que hubiera remitido la detención del acusado por la muerte de Mari Luz “en cualquier tipo de actuación policial” que no se pone en conocimiento de toda la Policía, sino de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial.

Además, el portavoz del CGPJ se manifestó a favor de crear “un registro de actuaciones” como el que existe en el caso de la violencia machista. Según López, si hubiera existido este registro, el juez que suspendió la segunda condena “a lo mejor se hubiera cuestionado” hacerlo, ya que hubiera sabido que tenía procesos previos por la misma causa.

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla, que inició el jueves una investigación para esclarecer los supuestos errores, remitió hoy sendos informes a la Fiscalía General del Estado y al Fiscal Superior de Andalucía al detectar la existencia de un “defectuoso control” en la tramitación de la ejecutoria contra Santiago del Valle por abusos sexuales a su hija. En un comunicado, el Ministerio Público indicó que desde la firmeza de la sentencia no consta ninguna entrada de la causa en Fiscalía hasta el 7 de marzo de 2008, dictaminándose el 19 de marzo, fecha en que el fiscal interesa la detención de Del Valle para el cumplimiento de la pena impuesta.

Asimismo, aseguró que el resto de procedimientos examinados tuvieron una “correcta” tramitación, como es el caso del “delito de acusación y denuncia falsa contra Del Valle y su esposa, Isabel García, ya que habiéndose aplicado al acusado una eximente completa, resultó absuelto con una medida de un año de tratamiento ambulatorio a controlarse por el centro de salud correspondiente, lo que así se efectuó, archivándose una vez cumplida y transcurrido del plazo de suspensión de condena de dicha mujer”. “Lo mismo cabe decir respecto de otras diligencias previas del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla”, añadió.

LA CADENA PERPETUA A DEBATE

Tras este caso, y las declaraciones que ayer realizaba el propio López sobre plantearse el tomar medidas como la cadena perpetua en este tipo de casos, las asociaciones 'Clara Campoamor' y 'Francisco de Vitoria' han salido en defensa de una posible reforma del código penal, para evitar más casos como estos y “evitar que pederastas asesinos estén libres”. Sin embargo, la opción de la cadena perpetua no es del gusto de ninguno de las dos asociaciones. Así, la presidenta de la 'Clara Campoamor', Blanca Estrella Ruiz, señaló que “no es verdad que se necesite un código penal que contemple” esta medida “porque va en contra de la constitución” pero pide que “se cumpla el artículo 78 del Código penal”, que supone que “si se condena a 30 años, se cumplen 30 años, y si se condena a tres penas de 2 años, se vayan acumulando penas”.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de jueces 'Francisco de Vitoria', Lorenzo del Río, indicó que, la perpetua se trata de una medida “más formal que material” porque tendría que haber medidas penitenciarias para las personas que con el paso del tiempo en prisión “va mejorando”, puedan tener “salidas y contactos con el exterior”. Una apuesta que coincide con la de Jueces para la democracia (JpD). La asociación considera “impensable” que se abra un debate sobre la posibilidad de establecer la cadena perpetua y, a su juicio, se podrían establecer medidas post penitenciarias de tratamiento psicológico o psiquiátrico y de programas de educación.

Otra opción es la sugerida por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien aseguró hoy no descartar la castración para los casos de pederastia cuando sea el propio enfermo quien lo solicite voluntariamente. “Siempre que se endurecen las penas sale más perjudicado el colectivo menos culpable”, dijo.

Mientras, el detenido por la muerte de Mari Luz ingresó la pasada madrugada en la cárcel junto a su hermana, tras decretar el juez prisión provisional y sin fianza para ambos. Ambos están ingresados en una zona apartada del resto de los presos, ya que en dicha prisión muchos reclusos proceden del barrio del Torrejón, por lo que se teme que haya represalias contra ellos. Esta medida se ha tomado “porque es responsabilidad del centro velar por la seguridad de los internos”.