El Poder Judicial suspende de nuevo a Garzón
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto suspender provisionalmente en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, después de que el Tribunal Supremo decidiera sentarle en el banquillo por un presunto delito de prevaricación y otro de violación contra las garantías constitucionales cometidos al intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión.
Se trata de la segunda vez en la que el órgano de gobierno de los jueces toma esta decisión con respecto a Garzón, que ya fue suspendido cautelarmente en el ejercicio de su función judicial el 14 de mayo del pasado año por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo careciendo de competencia para ello.
La Comisión Permanente ordenará previsiblemente esta medida cautelar después de recibir el jueves el informe emitido por la Fiscalía del Tribunal Supremo que apoyaba la suspensión de funciones del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El CGPJ, que inició el pasado martes los trámites para acordar la suspensión, ratificará esta decisión en el Pleno de celebrará el próximo 28 de abril.
La suspensión de Garzón puede tener su importancia el hipotético caso de que, de ser juzgado en primer lugar por la causa de la Memoria Histórica, Garzón resultara absuelto, pues no podría volver a la Audiencia Nacional al seguir estando suspendido por la 'Gürtel'.
Fiscalía se muestra a favor
El Ministerio Público justificó su informe favorable a la imposición de la medida cautelar en la finalidad de “evitar, como consecuencia de continuar ejerciendo las funciones de magistrado una vez que se ha dictado contra el mismo auto de apertura de juicio oral, que se produzcan daños al normal funcionamiento de la Administración de Justicia, o se ponga en peligro la confianza que los ciudadanos” deben tener en ella.
No obstante, la fiscal del Tribunal Supremo Pilar Fernández Valcarce solicitó este domingo la absolución en esta causa de Baltasar Garzón, que actualmente asesora a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda).
Frente a la opinión de las acusaciones, ejercidas por el abogado Ignacio Peláez (que defiende al constructor José Luis Ulibarri) y los propios imputados en el caso 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo, que piden la inhabilitación para Garzón durante 17 años, la fiscal entiende que en este caso no se ha producido delito, por lo que procede la exoneración del juez suspendido de la Audiencia Nacional.
Como contraposición a este análisis, el magistrado instructor de esta causa contra Garzón en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, considera que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tenía la finalidad de “obtener información de relevancia para el proceso, que no tenía seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos”, y por ello “decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales” que mantenían los internos con sus abogados en los locutorios de prisión.
Jorge Barreiro agrega en su auto de apertura de juicio oral, que fue dictado el pasado día 11, que la pretensión del juez era “obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación”, dada la confianza de los acusados de la Gürtel “en la confidencialidad de las comunicaciones con su letrado”.
El auto especifica que el juez de la Audiencia Nacional podría haber incurrido en la comisión de un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. No obstante, “ambos delitos concurren” por lo que prevalecería como tipo penal aplicable el de prevaricación.
Por otra parte, la defensa de Garzón en esta causa, que ejerce el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, ha presentado un recurso ante el magistrado Jorge Barreiro en el que le pide que reconsidere la denegación, como prueba documental en su defensa, del auto dictado por el actual instructor del caso 'Gürtel', Antonio Pedreira en diciembre de 2010 en el que archivaba las actuaciones contra los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal.
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