El presidente de CSIF-Rioja se suma al encierro de Instituciones Penitenciarias

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de La Rioja, Jesús Vicente Hernández, se sumó este martes al encierro que mantienen desde hace una semana delegados de este sindicato en las dependencias de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) para reclamar una mejora salarial y de condiciones laborales para los funcionarios de prisiones.

Consideran urgente que Instituciones Penitenciarias “atienda una reivindicación justa, desbloquee la situación actual e impulse la equiparación salarial con Cataluña, como ha sucedido con los colectivos de Policía y Guardia Civil”.

Tras la moción de censura que ha puesto fin al Gobierno del Partido Popular, la dirección de CSIF ha decidido mantener el encierro y continuar las protestas hasta que puedan mantener una reunión de manera inmediata con el equipo de Instituciones Penitenciarias que salga del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Es fundamental que el próximo gabinete de Interior reaccione y demuestre su voluntad negociadora, algo que no encontramos en los anteriores gestores”.

Durante estos días de encierro, los delegados CSIF han recibido muestras de apoyo masivas de los compañeros de Prisiones a través de las redes sociales con gestos como la difusión de un lazo verde en solidaridad con esta causa y anuncian que seguirán en la lucha hasta que se atiendan sus reivindicaciones y que, asimismo, iniciarán una ronda negociadora con todos los grupos parlamentarios.

Los delegados sindicales de CSIF iniciaron el encierro en la sede de IIPP tras participar el pasado martes 29 de mayo en la reunión de la Mesa Delegada de IIPP, que “fue un fiasco total a todos los niveles y concluyó sin ningún resultado”, y como una medida de presión ante la falta de capacidad negociadora de Instituciones Penitenciarias.

Diferencias salariales

Las diferencias salariales con Cataluña oscilan desde un mínimo de 1.600 euros (funcionario de oficina genérico) hasta los 25.000 euros, según los puestos, gasto que le supondría al Estado 168 millones de euros.

Reclaman, asimismo, la reclasificación de niveles con un gasto de 15 millones de euros, la asignación al grupo B de los actuales C-1, un gasto de 31 millones de euros, y la recuperación del 100 por 100 de las pagas extras perdidas en 2010 (5 millones de euros).