El PSOE pedirá que Sanz acuda a la Audiencia Nacional a declarar como testigo

Las explicaciones del secretario general del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, sobre la falta de información en la documentación entregada al juez Ruz el pasado 7 de febrero no convencen al PSOE. Los socialistas, a través de la acusación particular, van a solicitar la declaración en la Audiencia Nacional como testigos del presidente riojano, Pedro Sanz, y del arquitecto que diseñó la reforma de la sede del partido en Logroño. “Pedro Sanz, y lo sabe todo el mundo en La Rioja, es el que sabe, el que hace y el que manda. Si es así, tiene que ser el que declare, el que se responsabilice y, en su caso, el que pague”, dijo ayer el máximo mandatario de los socialistas en la región, César Luena, en una entrevista en la Cadena SER.

El PSOE quiere conocer todos los detalles de la operación y considera que la documentación entregada por el PP es insuficiente para esclarecer el caso. Para los socialistas riojanos, explicó ayer su secretario de Organización, Francisco Ocón, falta el documento “más relevante para saber el coste exacto de la reforma de la sede”, que no es otro que la certificación final de obra. “Sin ese documento es imposible conocer un desglose pormenorizado de los gastos y hacer un seguimiento de lo que costó”, añadió. Cuevas no tardó en contestar, apenas media hora, y señaló que no hay más información que la ya está en manos del magistrado. “Si no se ha entregado certificado final de obra es porque no lo hay. ¿A ustedes les dan en su casa un certificado final de obra? Aquí hay un proyecto que se cumplió, se ejecutó y se pagaron las obras. Punto y final”.

A partir de aquí, procuren no perderse. El tema es algo farragoso. Lo que sí entregó el PP riojano al juez son trece facturas y un documento al que se refiere como final de obra (visado ante el Colegio de Arquitectos de La Rioja con fecha de 13 de noviembre de 2008). A pesar de que en esa fecha se entrega un final de obra, indicó Ocón, el PP siguió pagando facturas hasta agosto de 2009, sujetas a otras tantas certificaciones parciales. “Alguien debe explicar cómo es posible que el PP siguiera certificando obra una vez que su sede ya estaba concluida e inaugurada. Es un hecho irregular”. Según la versión de Cuevas, este hecho se debe a que acordaron con la constructora un calendario de pagos que, una vez finalizada la obra, se dilató por la liquidación final requerida por la empresa.

Otro hecho que ha llamado la atención de los socialistas es que de las trece facturas, hay dos que el PP paga antes de ser emitidas. Una del 2 de enero 2009 que se pagó el 10 de noviembre de 2008 y otra del 5 de febrero de 2009, pagada el 5 de diciembre de 2008. Ante esta cuestión, el número dos de los populares riojanos reconoció que se había podido trastocar el acuerdo con la empresa, ya que es posible que en algún momento no pudieran atender adecuadamente ese calendario de pagos. Lo raro, en este caso, es que de tener problemas se resolvieran pagando con antelación y no con posterioridad.

La documentación del certificado final de obra (realizada una vez que el técnico ha declarado que está concluida), que no la certificación, ese documento visado en el Colegio de Arquitectos el 13 de noviembre de 2008, consta con un presupuesto de 214.136,07€. Sin embargo, en las trece facturas que el PP ha entregado en la Audiencia Nacional, los costes suman 317.840€. Más de 100.000€ de diferencia. “Una de las dos cantidades es falsa. Es posible que las dos, pero lo que está claro es que una es falsa. O el PP engaña al Colegio de Arquitectos o al juez Ruz”, dijo Ocón, quien se quejó de que es imposible cotejar cualquiera de las dos cifras ante la ausencia de la tan mencionada certificación final de obra. “Si el pago total no coincide con el del proyecto… pues como siempre”, indicó Cuevas, que explicó que este desfase es debido a que “el proyecto habla de cuestiones constructivas y contiene una serie de cosas y otras cosas no las contiene”. Nosotros pagamos a la empresa lo ejecutado del proyecto y parte del equipamiento“, concluyó. Ese equipamiento del que habla el secretario general del PP en La Rioja son, según detalló, ”elementos que no se contemplaban en el proyecto o mejoras de otro tipo como lámparas o mobiliario“.

Los honorarios de la empresa que redacta el proyecto de reforma, Arquinomio SL, y del arquitecto son otro de los puntos de fricción entre los dos partidos. Según la documentación del PP riojano, están valorados en 1.050 euros (906 + IVA). Para el secretario de Organización socialista es “chocante” que el arquitecto que llevó la dirección técnica de la obra ni siquiera cobrara por ello. “El PP no ha justificado ni un euro por esta tarea”, apuntó. “Dígame qué arquitecto cobra 900 euros por algo por lo que normalmente se cobran alrededor de 18.000. Aquí está claro que más que una dirección técnica, lo que hubo fue un compadreo”, apostilló Luena, quien comentó que “el arquitecto fue funcionario en la comunidad durante un tiempo” y que se le habrían adjudicado numerosas obras en la región como el centro de la emigración que hay en Torrecilla. Por su parte, el PP respondió que, en el pago de la dirección de obra, pagó lo que se les facturó. “La empresa facturó lo que quiso facturar y, en todo caso, no creo que nadie en su sano juicio pueda pensar que el PP quiso ahorrarse 8.000 o 9.000 euros en una inversión total de 1,5 millones de euros”, resaltó Cuevas.

La cosa no termina ahí. El PSOE también indicó que no se ha aportado registro en la contabilidad del PP del acuerdo suscrito el 14 de abril de 2008 entre el partido y la mercantil Casasal SA (empresa propietaria de la anterior sede del PP), ya que, al rescindir el contrato, dicen los socialistas, la empresa indemnizó al partido con 34.000 euros. 22.000 por los que se hace cargo de la demolición de la nueva sede y 12.000 en un cheque bancario para completar. El 14 de abril, destacó Ocón, el PP todavía no había adquirido el último de los locales, que compró en el mes de octubre, “por lo que en ese local también se hicieron trabajos de demolición de los que esa empresa no se hizo cargo, porque ni siquiera estaban en el proyecto inicial”. Le llama la atención que “esos trabajos no aparecen reflejados en ninguna parte, ni siquiera en ese final de obra que se entrega al Colegio de Arquitectos”.

Las peticiones de imputación, por el momento, quedan apartadas aunque se están estudiando, tanto para los dos apoderados de la compra de la sede, Carlos Cuevas y Ana Elvira Martínez, como para el presidente del Gobierno de La Rioja y el arquitecto. De momento. Esas dos palabras fueron ayer utilizadas por el secretario general del PP riojano en un par de ocasiones. “El PSOE está manoseando la documentación para intentar conseguir una condena en la opinión pública que, de momento, no hay en los tribunales. Insisto, de momento, nosotros hemos ido como testigos”, dijo. Luena comentó que “estamos ante un caso de mentiras y de irregularidades contables y fiscales que ya es más que supuesto” y que, políticamente, “esto se saldará con dimisiones”.