El Tribunal de Cuentas advierte: algunos ayuntamientos pagaban servicios en edificios cerrados

El Tribunal de Cuentas denuncia en un Informe que un significativo número de ayuntamientos no suspendieron, ni total ni parcialmente, los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia y seguridad privada a pesar de que muchas de las instalaciones o dependencias estuvieron cerradas durante la vigencia del primer estado de alarma.

Así se recoge en el Informe de Fiscalización de los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia privada celebrados por las entidades locales de aquellas Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio, es decir, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia.

Según se desprende de este informe, muchos ayuntamientos de estas regiones no suspendieron estos contratos pese a referirse a instalaciones como las escuelas infantiles, colegios públicos, palacio de exposiciones, museos, etc.

Esto evidencia, según el Informe, “una gestión indebida” de los recursos por parte de la Administración contratante al continuar destinando gasto público a actuaciones carentes de utilidad sobre edificios fuera de uso a pesar de disponer de la posibilidad legal de suspender los correspondientes contratos, “con el consiguiente ahorro para el presupuesto de la entidad local”.

De otro modo, el Informe también destaca que muchos ayuntamientos también están realizando una “prolongación irregular” de la ejecución del contrato, mediante la continuación de la prestación del servicio, así como a su abono conforme a los precios estipulados en el contrato ya extinguido.

Por otra parte, advierten de que, en más de la mitad de los contratos examinados, se ha observado que no se han valorado las repercusiones y efectos en el cumplimiento por la entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Además, en lo que respecta a la fase de ejecución, el Informe dice que en un elevado número de contratos no se nombró un responsable del contrato que permitiera ejercer una mayor diligencia en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, para que se cumplieran las condiciones y los plazos establecidos en el contrato.

Recomendaciones

Por todo ello, el Informe termina con una serie de recomendaciones a estas entidades locales, tales como establecer mecanismos de planificación y gestión de su actividad contractual que permitan concluir la tramitación y adjudicación de sus contratos con la debida antelación, evitando situaciones de contratación irregular.

También recomiendan dotarse de los procedimientos adecuados para cuantificar el presupuesto de licitación y el valor estimado de los contratos y su adecuación al precio general de mercado a partir de una correcta estimación de los costes directos e indirectos, y definir indicadores adecuados para la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que salvaguarden los principios de publicidad, transparencia y objetividad, informadores de la contratación pública.