España podría dar un paso atrás en justicia universal

La justicia española podría retroceder en materia de derechos humanos si la reforma que plantean el grupo socialista y el grupo popular en el Congreso sigue adelante. Esta modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial limitaría la jurisdicción española a los crímenes contra los derechos humanos cometidos en territorio nacional y/o a víctimas españolas. Es decir, personas que han sufrido crímenes contra sus derechos más fundamentales, como ocurrió en Ruanda, Tibet, Gaza, El Salvador, Guatemala, Argentina o Chile, podrían quedarse en un total desamparo judicial, ya que es más que improbable que sus propios Estados juzguen crímenes de los que muchas veces son autores.

Para denunciar este paso hacia atrás de la justicia universal española, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), entre otras asociaciones, se han unido para lanzar un manifiesto que solicita la anulación de la reforma. El comunicado cuenta con la firma de más de 98 asociaciones nacionales e internacionales y de 350 personalidades del mundo académico, incluidos algunos magistrados de la Audiencia Nacional.

Según Manuel Ollé, presidente de APDH de España y abogado de varias de las causas por Justicia Universal en la Audiencia Nacional, la jurisdicción universal es una obligación del Derecho Internacional, ya que juzga crímenes que “lesionan a toda la humanidad”. Ollé también ha destacado la importancia de la presión internacional, concretamente de China, Israel y Estados Unidos, en la toma de esta decisión por parte de los parlamentarios socialistas y populares.

Ignacio González Vega, representando a la Unión Progresista de Fiscales y a la asociación Jueces para la Democracia, ha apoyado esta idea de presiones políticas internacionales. Ha resaltado la sorpresa que provoca un acuerdo entre PP y PSOE en época electoral y la falsa justificación del atasco de los tribunales españoles, para realizar esta reforma. Según González Vega, la carga de trabajo que tienen los tribunales españoles por casos de derechos humanos está alrededor de un 0,035%, una cifra insignificante que no sirve de argumento para la toma de esta decisión.

El consejero jurídico de HRW, Reed Brody, ha querido destacar el papel de España en la justicia universal: “Esta ley no pertenece sólo a los españoles, ha contribuido a lograr avances muy importantes en otros países. Pertenece a salvadoreños, guatemaltecos, chilenos, argentinos, palestinos,...” Por todo ello, el representante de Human Rights Watch ha querido cerrar su intervención en rueda de prensa con un mensaje para los españoles: “No nos decepcionéis”.

Este reconocimiento a la justicia universal española también viene por parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Derechos Humanos, que no duda en rechazar este posible cambio en la legislación. “Lamentamos que las consideraciones políticas y diplomáticas puedan conducir a España a dar marcha atrás en materia de lucha contra la impunidad de los crímenes más graves, dado que su legislación forma parte de las más avanzadas para el ejercicio de la competencia universal”, ha declarado Souhayr Belhassen, presidenta de la FIDH.

Por su parte, Giulia Tamayo, responsable de investigación de Amnistía Internacional, ha revelado las verdaderas consecuencias si la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se lleva a cabo: “Con esta reforma se les dirá a las víctimas que están solas”. Los que han perpetrado los crímenes contra la humanidad quedarán impunes.

La mayoría de los firmantes del manifiesto destaca el papel de las presiones económicas por parte de China y políticas de Israel para que esta ley sea modificada. Además del manifiesto, los convocantes tienen pensado entrevistarse con los grupos parlamentarios y movilizar a la población si esta reforma sigue adelante.