España, uno de los regímenes de incomunicación más estricto

La organización pro derechos humanos, Amnistía Internacional , ha hecho público su último informe, España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación , en el que denuncia la situación de incomunicación que viven los detenidos en España. Según se señala en dicho documento, la ley de Enjuiciamiento Criminal española permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación un máximo de 5 días en todos los casos y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo.

“Es inadmisible que en la España actual una persona detenida por cualquier razón desaparezca durante días, como tragada por un agujero negro. Esta falta de transparencia puede utilizarse para ocultar violaciones de derechos humanos”, ha declarado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional denuncia especialmente la falta de acceso que tienen los detenidos a la asistencia letrada efectiva, a un médico de su propia elección, la ausencia de notificación a los familiares y la concesión sistemática que hacen los jueces de este régimen de incomunicación.

“Durante su detención en régimen de incomunicación, la persona no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección. Su familia vive con la angustia de no saber lo que le ha ocurrido, y muchas personas detenidas en régimen de incomunicación afirman haber sido sometidas a tortura o malos tratos, aunque raras veces se investigan tales denuncias”, ha asegurado Nicola Duckworth.

Esta práctica de las autoridades españolas es, según la organización, una violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional, y supone un riesgo de tortura y de malos tratos para cualquier detenido.“La detención en régimen de incomunicación deber relegarse al pasado. Ningún otro país de la Unión Europea conserva un régimen de detención con restricciones tan severas de los derechos de la persona detenida”, ha afirmado la responsable de Amnistía Internacional.

Por estos motivos la organización pide a España que elimine la legislación que permite este régimen de incomunicación, que se permita a toda persona detenida comunicarse con su familia, su abogado confidencialmente, así como a elegir un médico, obligar a grabar las sesiones de interrogatorio y realizar una investigación exhaustiva de las denuncias por casos de malos tratos y torturas durante la detención.