La FER pide la retirada de la proposición de ley de Economía Social de La Rioja “por inconstitucional”

La Federación de Empresas de La Rioja ha defendido que “la proposición de ley de Economía Social de La Rioja, que Izquierda Unida ha presentado en el Parlamento regional, no puede salir adelante por inconstitucional y debe ser retirada inmediatamente de su trámite parlamentario”.

Aseguran que el análisis efectuado por los servicios jurídicos de la FER ha concluido que “en el planteamiento de la norma no se aclara que sea economía social, al manejar tres planteamientos distintos e intencionadamente ambiguos. Además, se invaden competencias del Estado, se fomenta la inseguridad jurídica en muchos aspectos y se autoriza al Gobierno a priorizar o favorecer a unas entidades sobre las empresas ordinarias en el acceso a los servicios y concesiones públicas”.

Igualmente, “la iniciativa parlamentaria para dotar a La Rioja de una ley de Economía Social tiene un notorio sesgo ideológico, se ha tramitado por medio de un procedimiento que no responde a la importancia y calado de la nueva norma y dota al Gobierno de La Rioja de la capacidad de planificar, dirigir y ordenar los objetivos políticos de la actividad económica de estas entidades de economía social”.

“Invasión de competencias del Estado”

“La proposición de ley supone una invasión de competencias exclusivas del Estado, -como garante de la igualdad en todo el territorio-, porque se excede de las competencias autonómicas para desarrollar una legislación básica que ya está contenida y consensuada en la Ley de Economía Social Estatal, enumerando una serie de principios, sin tener en cuenta aspectos sobre obligaciones contractuales, de la legislación mercantil o del Derecho de sociedades”, consideran desde la Federación de Empresas.

Además, señalan que “la iniciativa legislativa maneja un concepto del interés social incompatible con la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado reconocida constitucionalmente, porque apuesta por una economía planificada. Es decir, dota al Gobierno regional de un instrumento con el que planificar, dirigir y ordenar los objetivos políticos de la actividad económica a través del derecho de sociedades, lo cual es inconstituciona”.

Otro de los aspectos analizados por la FER hace referencia a la “inseguridad jurídica que subyace en la norma”. La proposición de ley crea “inseguridad jurídica al determinar qué entidades son o pueden ser empresas de economía social, calificando las entidades de economía social con criterios inconcretos, no garantizando la función social de las empresas, vulnerando la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y contradiciendo las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el mercado interior”.

Según indica la FER, “la propuesta para una nueva ley de Economía Social de La Rioja autoriza al gobierno de La Rioja a otorgar prioridad a estas entidades de economía social, en detrimento de las empresas ordinarias en aspectos tan transcendentales como el acceso a ayudas y subvenciones, la internacionalización, la contratación pública o la tramitación acelerada en los procedimientos administrativos, lo que crea una evidente desigualdad entre empresas de primera (aquellas que considere el Gobierno) y todas las demás”.

“Ausencia de consulta y exposición públicas”

“La transcendencia de una Ley de Economía Social, en todo caso, debería haberse tramitado como proyecto de ley y no como proposición de ley”, consideran.

La FER cree que se ha fomentado “una clara falta de transparencia, porque la proposición no está sometida a la exposición pública necesaria para que toda la sociedad riojana, los ciudadanos, las organizaciones o cualquier colectivo que se vean afectados por la ley puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas y así mejorar la nueva norma. En definitiva, se ha evitado un análisis y un debate más serio con el concurso de toda la sociedad riojana”.

Por tanto, la Federación de Empresas de La Rioja (FER) reclama la retirada de esta proposición de ley de su actual trámite parlamentario, con el objetivo de que esta “norma inconstitucional no ocasione un grave perjuicio al interés común de nuestro tejido empresarial y al normal desarrollo de la actividad económica de nuestra región”.