La privatización del Registro Civil “deja en el aire la situación de 30 funcionarios”

CSIF ha manifestado que “en las próximas horas” emprenderá “medidas” contra la privatización del Registro Civil. Según explican en un comunicado, el traspaso de las competencias del Registro Civil a los registradores de lo Mercantil, “deja en una situación de incertidumbre a más de 2.500 funcionarios dependientes de las comunidades autónomas”. En el caso de La Rioja “el número se sitúa en unos 30”, cuyo futuro y estabilidad laboral “no garantiza” el Ministerio de Justicia.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector, ha reiterado “su oposición” a este Real Decreto que “pone en peligro el futuro de un importante número de funcionarios interinos, que previsiblemente afectará a la gratuidad del servicio público(aunque hoy el Ministerio lo niegue) y que ha sido redactado a espaldas de los representantes de los trabajadores”.

El Ministerio de Justicia “se esmera en asegurar la permanencia del empleo pero únicamente en el territorio bajo su gestión. No dice nada de los funcionarios que dependen de la Comunidad Autónoma de La Rioja”, continúan en su comunicado.

Ayer mismo, el Ministerio de Justicia se reunió con los diferentes responsables de comunidades autónomas con competencias en materia de justicia (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Aragón), “donde se ha evidenciado la ausencia de unanimidad”.

CSI-F recuerda que el pasado 2 de julio solicitó a la Comunidad Autónoma de La Rioja “que la posición en esta reunión sea la de defensa de un Registro Civil público gestionado por funcionarios de Justicia en beneficio de todos los ciudadanos y, en consecuencia, se opongan a la entrega de ese servicio público esencial a los Registradores mercantiles”.

Por todo ello, concluyen, CSI-F “está poniendo toda la carne en el asador para evitar 'in extremis' que el Gobierno lleve a cabo esta medida injusta y que resta valor a la profesionalidad y la experiencia de los funcionarios de justicia, que son los verdaderos especialistas en la gestión del registro civil”.

Por tanto, en las próximas horas, tras conocer el contenido del Decreto, “anunciará las medidas que adoptará contra esta decisión injusta”.