La sentencia a Aung San Suu Kyi despierta distintas posturas
La decisión del tribunal especial de Birmania, que condena a la líder opositora Aung San Suu Kyi a tres años de trabajos forzados, conmutados por una arresto domiciliario de año y medio, no ha dejado indiferente a nadie. Mientras desde Estados Unidos y la Unión Europea se pide la inmediata liberación de la premio Nobel de la Paz, el gobierno chino ha pedido a la comunidad internacional que respete la “soberanía judicial” de Birmania.
El portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Jiang Yu, ha explicado que su país, como vecino de Birmania, espera que todas las partes en conflicto dialoguen de cara a avanzar en la “estabilidad, democratización y desarrollo”. “Esto no afecta sólo a los intereses de Birmania, sino que supone también un beneficio para la estabilidad regional”, agregó.
“En relación a los casos domésticos, la sociedad internacional debería respetar por completo la soberanía judicial de Birmania”, afirmó el portavoz del Ministerio chino.
Por otro lado, esta postura de China, junto a la de Rusia, Libia o Vietnam, ha impedido que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya dictado ya su condena a la actuación del régimen birmano. La falta de consenso entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad ha obligado a aplazar un día más la posible resolución de condena.
La división está básicamente entre los países occidentales, partidarios de una condena frontal a la decisión judicial, y países como Vietnam, Rusia, Libia o China, que prefieren consultar con sus gobiernos la postura definitiva.
El borrador elaborado por EstadosUnidos “condena la reclusión y la sentencia sobre Aung San Suu Kyi y expresa su profunda preocupación por el impacto político que esta acción tiene en la situación de Birmania”. Además, el texto pide la liberación de la disidente y de otros presos políticos y reclama a la Junta Militar que “establezca las condiciones y cree una atmósfera proclive a un proceso electoral y político creíble y global con la plena participación de todos los actores políticos”.
El embajador francés Jean Pierre Lacroix consideró necesario que exista una “reacción” por parte del Consejo de Seguridad al último movimiento judicial y político llegado desde Rangún. El veredicto es, a su juicio, “una clara violación y una violación de las peticiones realizadas por el Consejo de Seguridad”.
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