Las comunidades autónomas deberán coordinar con Sanidad la gestión de las residencias de mayores

El estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo por el Gobierno por la expansión del coronavirus en España finaliza a las 00.00 horas de este domingo 21 de junio, momento en el que todo el territorio entrará en la 'nueva normalidad'.

El Gobierno ha establecido en esta nueva etapa que serán las comunidades autónomas las que deberán garantizar la coordinación con el Sistema de Salud de los centros residenciales de personas con discapacidad y de personas mayores, así como los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia. Así lo establece el artículo 10 de la publicación del BOE relativo a los Servicios Sociales.

Además, las comunidades autónomas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, que aquellas establezcan. En particular, velarán por que su normal actividad se desarrolle en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.

Los titulares de estos centros deberán tener planes de contingencia por Covid-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del servicio de salud que corresponda.

Igualmente, deberán adoptar las medidas organizativas, de prevención e higiene en relación con los trabajadores, usuarios y visitantes, adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Asimismo, garantizarán la puesta a disposición de materiales de protección adecuados al riesgo.

La prestación del resto de Servicios Sociales y de atención a víctimas de violencia de género, deberá realizarse asegurando que se adoptan las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

Vuelta al cole en septiembre

Mientas, en esta nueva etapa, los centros educativos podrán abrir garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y evitando las aglomeraciones. El artículo 9, dedicado a los centros docentes, señala que “deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros”.

No obstante, el documento establece que cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan.

El curso 2020-2021 tendrá 175 jornadas lectivas y los centros educativos deberán adaptar sus programaciones didácticas para “recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados” en los meses de enseñanza a distancia durante el confinamiento. También se tendrán que realizar, según lo acordado, planes de seguimiento y apoyo para el alumnado con más dificultades.

Con este acuerdo, las comunidades autónomas asumen la elaboración de protocolos para garantizar la higiene, la limpieza y el control sanitario en los centros. Las comunidades también se encargarán de elaborar los planes de contingencia de los centros ante las “eventualidades” que pueda provocar la evolución de la pandemia en el desarrollo del curso escolar.