Llegan los GPS para maltratadores

Los juzgados españoles, incluidos los de La Rioja, tienen a su disposición los sistemas de localización GPS, un total de 3.000 dispositivos portátiles para garantizar que los maltratadores cumplen las medidas cautelares de alejamiento que se les impongan respecto de sus víctimas.

Esta iniciativa, anunciada el pasado 8 de julio y cuya entrada en vigor está prevista para mañana, ha sido impulsada por el Ministerio de Igualdad en colaboración con las carteras de Interior y Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía contra la Violencia sobre la mujer.

Según explicaron fuentes de Igualdad en declaraciones a Europa Press, estos sistemas ya están repartidos por distintas provincias españolas gracias a la logística de la empresa adjudicataria, el consorcio Securitas Direct-Telefónica, que ha “garantizado” que todos los jueces que lo soliciten tendrán el sistema en sus manos en un plazo no superior a 24 horas.

Así, aunque la extensión de los primeros 3.000 dispositivos que funcionarán se realizará progresivamente y a demanda de los juzgados, a partir de mañana, en el momento en que se produzca una sentencia que lo requiera, la empresa lo tendrá preparado y operativo, al igual que estará funcionando el centro de control que se encargará de hacer el seguimiento.

Las mismas fuentes aclararon que no se producirá un reparto de dispositivos por comunidades autónomas, sino que la empresa gestora los irá desviando a los juzgados que lo soliciten independientemente de la región en que se encuentren.

EL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN

Estos 3.000 dispositivos, cifra que equivale al 10 por ciento del total de órdenes de alejamiento que se dictaron en 2008, se impondrán por orden judicial en los procedimientos de violencia de género en los que se dicte una medida cautelar de alejamiento y concurra una situación de especial riesgo para la víctima. Una vez adoptada la decisión judicial, será comunicada a la empresa gestora y a las fuerzas policiales en un plazo de 24 horas para que puedan disponer de toda la información tanto de la víctima como del inculpado.

El sistema conecta al supuesto agresor y a la mujer con un centro de control único operativo 24 horas al día y todos los días del año, donde personal cualificado atenderá las incidencias y trasladará toda la información relativa a las mismas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto si se trata de una incidencia técnica como si se da un caso de emergencia.

En el Centro de Control las alertas están clasificadas atendiendo a su gravedad. Además de recibir información a tiempo real sobre la ubicación geográfica de agresor y víctima, detecta y demarca las zonas de exclusión (aquellas a las que no puede acercarse el agresor por orden judicial) como las de inclusión (aquellas en las que se supone que debería estar en momentos determinados) para controlar el acceso el inculpado a las mismas.

UN BRAZALETE ACUÁTICO, CON 6 MESES DE BATERÍA

Tanto el inculpado como la víctima estarán equipados con un dispositivo. En el primer caso, se trata de un brazalete ajustable a la muñeca o el tobillo que funciona como transmisor de radiofrecuencia y que lleva aparejado un dispositivo de rastreo GPS. El transmisor envía señales al centro de control para verificar que el inculpado lleva consigo el localizador y es capaz de activar una alarma en el momento de coincidir a menos de 500 metros con el dispositivo de la víctima.

El brazalete, acuático, va equipado con un sistema de seguridad que activa una alarma si el inculpado intenta quitárselo o manipularlo. También avisa al Centro de Control si se separa del transmisor de radiofrecuencia o si a la batería del mismo, de unos 6 meses de duración, le quedan menos de diez días de autonomía.

Por su parte, el equipo de la víctima, parecido a un teléfono móvil, permite la comunicación de voz y datos con el Centro de Control, incluye un sistema de localización geográfica por GPS, un botón de pánico para activar en casos de emergencia y un dispositivo de radiofrecuencia que detecta la proximidad del agresor para advertir tanto la víctima como al centro si éste quebranta la medida de alejamiento.