El Ayuntamiento logroñés aumenta el gasto en 700.000 euros “sin que el ciudadano note mejora”

El concejal socialista Vicente Urquía ha acusado hoy al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño de aumentar el gasto en 700.000 euros anuales para que “los ciudadanos no noten ninguna mejora”. En rueda de prensa, Urquía se ha referido tanto a la puesta en marcha de la 'Smart city' como al gasto de telefonía y mantenimiento informático que, debido a “malas decisiones políticas”, van a crecer, ha dicho, en conjunto, en 700.000 euros anuales.

En su comparecencia, Urquía se ha apoyado en un informe de la intervención general del Ayuntamiento de Logroño que señala cómo los servicios de regulación del tráfico, el alumbrado público y el Servicio de Información Ciudadana (010) aumentarán su coste en la 'Smart city' un 5,52 por ciento.

A esto, el informe une los gastos de inversión de la plataforma, adecuación del edificio y equipamientos básicos para señalar que el incremento total será del 12,86 por ciento.

Ante esto, recuerda que la Ley Estabilidad Presupuestaria incide en la necesidad de poner en marcha políticas de racionalización del gasto y mejora de la gestión del sector público.

DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

El informe advierte de que los incrementos de este servicio “minorarán el ahorro neto municipal, disminuirán la capacidad de financiación y a medio plazo, de no darse importantes crecimientos del ingreso público, pudieran generar desequilibrios presupuestarios pero, sobre todo, podrían llevar al Ayuntamiento al incumplimiento de la Regla de Gasto”.

En cuanto a los gastos de telefonía y mantenimiento informático, Urquía ha señalado que aumentarán de 400.000 a 900.000 euros, lo que supone, ha señalado, un 128 por ciento más.

Un contrato, por tanto, ha dicho, “malo” para la ciudad para contar con “una sala de control que parecerá la NASA para que la alcaldesa se haga una foto”.

A esto ha unido que el gasto corriente que esta actuación supone (de más de un millón de euros), que podría hacerse efectivo en una anualidad, se ha decidido aplazar a un pago a cuatro años, lo que supone “hipotecar” la ciudad.