Los consejeros del PP reclaman fijar el coste de la asistencia sanitaria universal

La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha calificado de “demagogia sin fundamento” el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se está celebrando este jueves para abordar la vuelta de la asistencia sanitaria universal en el territorio español, y ha pedido “ser más serios” y “seguir pensando en los ciudadanos y no tanto en los votos”.

Así ha criticado la consejera riojana esta reunión de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, con los consejeros responsables de salud en las comunidades autónomas. Martín ha reiterado que “ninguna” administración regional está “dejando de asistir a las personas en situación irregular”, por lo que considera este problema “resuelto”.

“Es una cuestión de humanidad, de tener corazón y sentido común. Es cierto que cada comunidad autónoma lo había hecho de manera diferente, pero la vuelta de la universalidad no es de los problemas más acuciantes”, ha señalado la responsable riojana, quien ha insistido en que hay otra serie de “prioridades” más importantes, como la mejora de la financiación o avanzar en la cohesión.

En este punto, ha reclamado compartir la historia clínica de los pacientes en todo el territorio español, poder moverse sin trabas para ser atendidos con las “mismas prestaciones”. “Los consejeros del Partido Popular siempre hemos defendido la cohesión y seguimos trabajando por ella”, ha insistido María Martín.

De todas formas, ha puntualizado que la “solidaridad” que supone la vuelta de la universalidad “tiene que ir acompañada de seguridad jurídica”, así como de un texto que tanto abogados del Estado como servicios jurídicos de las comunidades autónomas refrenden.

Fijar el coste de la universalidad

Los consejeros de Sanidad de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Murcia, Madrid, La Rioja o Galicia, han reclamado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se fije cuál sería el coste económico derivado de devolver la asistencia sanitaria universal, mientras que los responsables socialistas les han recordado que “no hace falta” memoria económica porque las comunidades autónomas, con diferentes fórmulas, ya atendían a los irregulares.

Así, la discusión se ha centrado en otorgarse de fórmulas que den “seguridad jurídica” a esta atención. Pese a todo, Enrique Ruiz Escudero (Madrid), Manuel Villegas (Murcia) o María Martín (La Rioja) han incidido en que el problema de la universalidad “ya está resuelto” y que no es “uno de los problemas más acuciantes”.

Para los consejeros socialistas, más allá del tema de la financiación y la fórmula oportuna para la vuelta de la universalidad, esta cuestión es “un derecho fundamental”, tal y como han reivindicado Marina Álvarez, o su homóloga Balear, Patricia Gómez. “No tenemos que olvidar que los inmigrantes en situación irregular son personas que tienen miedo de acercarse a las administraciones, y ese miedo se tiene que sufrir para poderlo entender y se tiene que valorar cuáles son las consecuencias”, ha remarcado.