Los Defensores del Pueblo instan a los poderes públicos a evitar recorte en derechos de Estado Social

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, junto con su homólogo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, y la del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, han realizado un análisis de los temas tratados durante la celebración de las XXV Jornadas de Coordinación de estos órganos, celebradas en Logroño, y han concluido instar a los poderes públicos a evitar el recorte en los derechos del Estado Social.

Dichas jornadas, tituladas 'El impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas', abordaron, por un lado, las medidas de apoyo a las familias, en especial en materia de vivienda y, por otro lado, el impacto de la crisis en la actividad de las Defensorías a través de consultas, quejas y de actuaciones de oficio.

Así, los defensores han destacado que Bienestar Social, Vivienda, Trabajo, Economía, Educación y Sanidad son las principales áreas en las que la crisis económica se ha hecho notar con mayor intensidad.

En concreto, el incremento del desempleo lo sitúan como una de las principales consecuencias de la crisis económica, lo que provoca que muchas personas no puedan hacer frente a las deudas, agravándose la situación en relación con los créditos hipotecarios suscritos para la adquisición de su vivienda.

También señalan el déficit público como el causante del riesgo de recortes en las partidas presupuestarias destinadas a las políticas públicas: sanidad pública, educación, rentas básicas de asuntos sociales, prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación y viudedad, y recursos destinados tanto a la investigación y a la tecnología, como a la inversión pública y privada.

Además, añaden la posible descoordinación entre las distintas Administraciones Públicas, lo que implica una deficiente gestión de los servicios prestados, así como un incremento del gasto público.

LAS MATERIAS CON MAYOR NÚMERO DE RECLAMACIONES

La crisis económica también se ha dejado ver en el aumento de las reclamaciones de los ciudadanos en distintas materias. En primer lugar, se puede señalar Bienestar Social como una de las que más refleja la situación de actual crisis.

En este sentido, algunas de las causas podrían ser denegación y retraso en la percepción de ayudas económicas y asistenciales, insuficiencia presupuestaria para atender el incremento de la demanda, recortes en la financiación pública de las entidades sociales y asistenciales de carácter privado, entre otras.

Vivienda también es uno de los sectores más afectados por la crisis. Algunos de los problemas que sufren los ciudadanos son, entre otros, necesidades de ayudas al alquiler, insuficiencia de VPO en régimen de alquiler, personas adjudicatarias de VPO a las que finalmente no se les concede el préstamo y además se les penaliza, situaciones extremas y desesperadas ante desahucios y embargos.

La quiebra de empresas, el procedimiento de aprobación de los ERE, la falta de ayudas públicas para los trabajadores en régimen de autónomos “en paro” y desempleados de colectivos especialmente desfavorecidos, son algunas de las causas por las que se reciben quejas de los ciudadanos dirigidas contra la materia de trabajo.

Además, habría que añadir también Seguridad Social, Administraciones Públicas y Justicia, entre las materias con más quejas recibidas.

De ahí que las Defensorías hayan experimentado un aumento de las quejas relacionadas con la crisis económica procedentes de ciudadanos de todo tipo de clase y condición, por lo que coinciden en que no hay un perfil concreto de afectados, puesto que las consecuencias de la presente situación son muy variadas y por lo tanto se ven implicados colectivos diversos.

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Ante esta situación económica y social, los Defensores del Pueblo han pedido a los poderes públicos una decidida actuación reguladora y supervisora del mercado financiero, con el fin de garantizar los derechos de las personas.

En las conclusiones de las Jornadas también se apunta que la crisis económica no puede traducirse en una merma en los derechos del Estado Social. Por ello, han instado a los poderes públicos a garantizar el impulso de la sanidad, la educación, la protección al desempleo y los servicios sociales, especialmente en favor de las personas que padecen un mayor riesgo de olvido o exclusión social.

Se señala la educación como instrumento excepcional para la igualdad de oportunidades, por lo que, requiere atención específica de nuestros gobernantes y una supervisión muy activa de las Defensorías para evitar la pérdida o devaluación de las prestaciones educativas.

A su juicio, todas las administraciones y sus órganos deben actuar de manera coordinada y deben generar confianza, tendiendo hacia una administración moderna, transparente, eficaz y que mejore los servicios que presta a las personas.

Por último, los Defensores han abogado por reforzar la efectividad y extensión del derecho a la vivienda, con atención específica a colectivos con especial necesidad y que en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas se garantice la publicidad, concurrencia y transparencia, estableciendo un baremo basado en criterios objetivos y en cupos de colectivos preferentes.