Los prejubilados de Kaufil siguen sin respuesta

El proceso se alarga más y más. Ya ha superado los tres años. No hay novedades. Ni dinero. Los trabajadores siguen sin solución y buscan respuestas. No las encuentran. Nadie les escucha ni les contesta. Han llegado ya hasta la Defensoría del Pueblo en Europa, pero tampoco parece que así consigan nada. Están desesperados pero no se rinden. Tienen una sentencia a su favor que no se ejecuta porque el asunto se ha enmarañado en los tribunales de recurso en recurso por parte de la empresa que les debe el dinero.

Son diecisiete prejubilados de Kaufil Sealing Tecnologies, antigua Metzeler, que no perciben cantidad de dinero alguna desde enero de 2011. En su poder obra una sentencia del Juzgado de lo Social número 3, de mayo de 2012, que impone a la empresa el pago a estos extrabajadores en concepto del Convenio Especial como acuerdo derivado del ERE que sufrieron hace ya varios años. La situación no es baladí al tratarse de un caso único en España, ya que los impagos se producen porque la empresa belga que aseguraba a Kaufil, Apra Levin, y que debía abonar el dinero, se declaró en quiebra. Las cantidades oscilan entre los 40.000 y los 50.000 euros por persona.

Estos diecisiete trabajadores debían pagar sus cuotas a la Seguridad Social (800 euros al mes, aproximadamente) y a distintas mutuas hasta el momento de su jubilación efectiva, a pesar de no percibir cantidad alguna debido a la situación de esa aseguradora. Era Apra Levin quien tenía encomendado el abono de las cuotas que estos prejubilados tenían que suscribir hasta el cumplimiento de la edad de jubilación. Durante todo el tiempo que lleva este agónico proceso alguno ha tenido que endeudarse para poder hacer frente a sus pagos. A todos, a los derivados del ERE de la empresa y la quiebra de la aseguradora, así como a los diarios de su casa. “La situación ha sido catastrófica, hemos tenido que sobrevivir durante estos tres años”, indica uno de ellos.

La principal reivindicación de los trabajadores, que se siguen reuniendo el primer martes de cada mes para decidir actuaciones, es acelerar el proceso para que les paguen lo acordado. Que alguien se haga cargo de su situación. “Aquí te pegas contra un muro y allí (por Madrid) contra otro más grande”, dice otro. Señalan que, cuando todo este calvario comenzó, un funcionario de la Consejería de Empleo les enseñó una resolución en la que el Gobierno de La Rioja amenazaba a Kaufil con tener problemas si no hacía efectiva la parte que le correspondía de las Ayudas Previas a la Jubilación (APJ), que era del 60% entre los 60 y los 61 años de sus trabajadores (el 40% le tocaba a la Comunidad Autónoma). En este documento, apuntan los afectados, había datos, con nombres y apellidos de cada uno, y cantidades a abonarles. La resolución no aparece, se le pida a quien se le pida.

Abocados al ninguneo de la Administración, cuatro de ellos optaron por jubilarse un año antes, a los 60. Era la vía rápida para poner fin a sus dolores de cabeza, aunque en el camino se dejaron entre un 6 y un 7% de por vida en su jubilación. Apremiaba más el corto que el medio y largo plazo. Solicitaron entonces al Gobierno que les diera ese 40% del que se tenía que hacer cargo, pero entonces el conflicto se enconó entre abogados y sindicatos. Les pedían su certificado de fe de vida y estado (documento que acredita que una persona está viva y cuál es su estado civil), pero no el IBAN (código que identifica una cuenta bancaria), por lo que los ingresos nunca llegaron. Lo único que han cobrado, resumen, es un 20% de lo que les correspondía hasta los 60 años. Nada más.

“No hemos conseguido nada, ni por las buenas ni por las malas”, resalta uno de los afectados, quien destaca que para resolver su problema necesitarían un abogado con exclusividad, algo prácticamente imposible por su coste y por la división de fuerzas, ya que algunos de los extrabajadores van de la mano de los sindicatos y utilizan otras vías. Resignación, enfado, rabia, incredulidad… son algunos de los sentimientos que estas personas padecen. Lo han pasado y lo pasan mal. Son el claro reflejo de la crisis en su versión más radical en un conflicto laboral. Todo les ha venido de cara para mal. Nada les ha salido bien. Tres años de agonía que no tienen visos de resolverse, al menos, hasta 2015.