Los sindicatos riojanos vuelven a la calle

No habrá huelga, de momento, pero sí otra manifestación. Los sindicatos CCOO y UGT de La Rioja han convocado una nueva manifestación para protestar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Rajoy. Una reforma que no convence a los agentes sociales al considerar que abarata el despido y provoca la pérdida de derechos laborales para los trabajadores.

Los sindicatos han convocado la marcha que volverá a recorrer las principales calles de Logroño a las 20.00 horas. Esperan repetir el éxito de la pasada convocatoria: hace diez días, el 19 de febrero, unas seis mil personas se manifestaron en contra de la reforma laboral. Al lado de los sindicalistas estarán algunos miembros del PSOE de La Rioja, no su nuevo secretario general, César Luena, por encontrarse de viaje en Oviedo.

El pasado domingo 19, y encabezando la comitiva iban los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores (UGT), Javier Granda, y Comisiones Obreras (CCOO), Koldo González, así como a los principales partidos de la izquierda riojana como Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y la CNT.

Bajo el lema “No a la reforma laboral, injusta, ineficaz e inútil”, la manifestación partió de la Glorieta del Doctor Zubía de la capital riojana, y ha discurrido por las vías principales del centro. Durante el recorrido se escucharon gritos de lucha y de ánimo para todos ¡“No nos mires, únete”!, portado pancartas, repartido octavillas, tirado tracas de petardos y coreado voces de protesta contra la reforma impulsada por el Gobierno de España “¡reforma laboral a la patronal!, ¡así, así, ni un paso atrás, esta reforma la vamos a parar!, ¡menos reforma, más empleo! o ¡dónde están, no se ven, los obreros del PP!.

UNA NUEVA REFORMA DE CRISIS

La Reforma Laboral del Gobierno marcará un “antes y un después” en la historia de la legislación en materia. Con una fórmula que se añade a la de “reforma agresiva” de De Guindos y “reforma que va a costar una huelga general” de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría ha introducido una cambio legislativo que contempla rebajar la indemnización por despido improcedente de los 45 días actuales a los 33, hasta un máximo de 24 mensualidades. En el caso de que el despido sea procedente, la indemnización será de 20 días durante un año. En este sentido, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que se entenderán por causas económicas cuando los resultados de la empresa indiquen una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales y previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. Se entenderá que es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha explicado además que con la nueva reforma no se podrán encadenar contratos temporales de más de 24 meses. También ha avanzado que los desempleados que cobren una prestación por desempleo “realizarán un trabajo social para la comunidad”.

La reforma, que ha sido aprobada por decreto Ley, entrará en vigor este mismo lunes, tras su publicación, mañana, en el BOE.

Nuevo Contrato Indefinido

Las otras medias destacadas por la ministra de Trabajo han sido la creación de un nuevo tipo de contrato indefinido para pequeñas empresas (de menos de 50 trabajadores), en el que el periodo de prueba de cada trabajador será de un año.

A los trabajadores que se encontraban en situación de desempleo y serán contratados con esta nueva fórmula será permitido seguir cobrando el 25% de la prestación por desempleo.

En el marco de aplicación de este mismo contrato se concederá una deducción de 3.000 euros a los autónomos que contraten a su primer trabajador menor de 30 años en situación de desempleo.

Bonificaciones y EREs.

El Gobierno con esta reforma modifica también las bonificaciones y establece una ayuda de 4.000 euros para los empresarios que den trabajo a los llamados parados de larga duración. Asimismo, establece que las agencias de empresas de trabajo temporal puedan funcionar como agencias de colocación, dando un papel más central al sector privado en la recolocación de los desempleados.

En cuanto a los despidos colectivos, el Ministerio de Empleo ya no tendrá que autorizar los EREs.