Manifestación contra la reforma de la Ley de Extranjería

La Federación Regional de Vecinos de Madrid [FRAVM], junto con ACSUR-Las Segovias, CEAR-Madrid, COGAM, FERINE, Foro Social de Madrid, Fundación IEPALA, Campaña ¿Quién debe a quién?, REDI-Madrid o SOS Racismo-Madrid, participarán en la manifestación que partirá de Atocha y finalizará en la plaza de Tirso de Molina este sábado, contra la reforma de la Ley de Extranjería.

Estas organizaciones denuncian que el 26 de junio el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que, según afirman, “lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona” por “no haber sido consensuado con las organizaciones sociales” y por “profundizar en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial contribuyendo a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo”.

Las sanciones contra la población extranjera son “desproporcionadas” en opinión de los manifestantes, que afirman que contempla privaciones de libertad y expulsiones forzosas “por ejercer sus derechos fundamentales” y mantiene el “desproporcionado e injusto” sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el hecho de trabajar sin permiso de trabajo.

“Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento por un periodo de hasta 60 días en un Centro de Internamiento para Extranjeros [CIE]”, exponen.

Los organizadores consideran además que se criminaliza la solidaridad “al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad”. “Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros”, recuerdan.

También argumentan que el tratamiento que se da a los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley es preocupante porque se prima “la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU”. El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino “la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor”.

Por otro lado, consideran que el proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con “grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial”.

Por todo ello manifiestan su rechazo a la reforma al suponer “una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración”.