¿Menores protegidos?

Si la infancia y la adolescencia son edades difíciles, más lo son aún cuando se pasan alejadas de la familia y en un centro para menores. Las situación de miles de jóvenes en España ha quedado muy cuestionada gracias a los datos recogidos por el último informe de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional.

En 'Si vuelvo, ¡me mato!. Menores en centros terapéuticos de protección', la asociación denuncia las condiciones en las que viven los menores internados en estos centros que se encuentran “bajo la protección y el cuidado de la Administración española”. Según Amnistía Internacional, en estos establecimientos los jóvenes ven violados sus derechos más fundamentales, algo que pasa totalmente inadvertido para el resto de la sociedad española.

“Los menores que ingresan en estos centros están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables. Primero, porque nadie sabe cuántos son, y nadie sabe cuántos centros de protección terapéuticos existen. Segundo, porque tanto la Administración como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo investigaciones independientes de organizaciones que defienden los derechos humanos, e incluso de instituciones como el Defensor del Pueblo”, ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La organización ha investigado la situación de varios centros de protección terapéuticos españoles en Andalucía, Cataluña y Madrid. Amnistía Internacional ha podido constatar que en algunos de estos lugares “se vulneran normas fundamentales como el interés superior del menor, su derecho a ser escuchado y no discriminado de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por este país el 30 de noviembre de 1990, así como otras normas internacionales, entre ellas las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, e incluso, la Convención Contra la Tortura y otras formas de Castigo y Penas Crueles, inhumanas o degradantes”.

Los testimonios que ofrece el informe son escalofriantes: inmovilizaciones, sedaciones, humillaciones... unas prácticas que, si son ciertas, violan los derechos más fundamentales de los menores ingresados y que además les deja en una situación de auténtica desprotección.

Tras hacerse eco de esta situación, Amnistía Internacional pide al gobierno español que impulse una investigación urgente, la elaboración de protocolos de actuación y control en estos centros, y la supervisión judicial práctica durante el tiempo de internamiento de un menor.