Fronteras (de una nueva era)

El ataque a Ceuta ha sumido a España en una nueva crisis existencial. Desde el siglo XIX, nuestra vida nacional ha estado jalonada de diversos episodios de esta clase que han alterado la paz (o, al menos, el orden comunitario sereno) sobre la que un país erige sus periodos de prosperidad (en una comprensión multidisciplinar). Internamente, seguimos sin superar el conflicto de las guerras carlistas, esa tensión larvada entre tradicionalismo y liberalismo, entre revolución y contrarrevolución, que durante el siglo XX transitó desde manifestaciones de violencia explícita (la Guerra Civil y la posguerra franquista, y el terrorismo etarra) hacia estrategias políticas más subrepticias, pero igualmente disolventes: la autoamnistía amnésica de Euskadi y el procés independentista catalán. Desde la perspectiva geopolítica, España no había sufrido una convulsión equiparable desde el Desastre de Annual de 1921, que quebró el estentóreo modelo de la Restauración (hecho histórico que entabla inmanentemente un paralelismo con el presente: esa repercusión podría repetirse, pues las consecuencias de una desestabilización identitaria son tan procelosas, como impredecibles). 

El fracaso más irreparable en el que puede incurrir un Gobierno, e imputo esta acusación al actual Gobierno de España (por incompetencia o irresponsabilidad o desinterés patriótico, o aún más si se debe a una decisión deliberada), es que no ponga todos los medios para evitar que su país se precipite hacia una crisis existencial, porque estas crisis distraen la atención de la comunidad política hacia debates de un simbolismo trascedente (que, sí, asientan sus cimientos, pero que después no levantan el edificio) e impiden que concentre sus esfuerzos en los pragmáticos que propician más riqueza, justicia, libertad o igualdad de oportunidades. En otras palabras: si nos postran o estamos enredados permanentemente en la pregunta de qué es España (estadio de reflexión básico para cualquier estructura nacional, y al que la Transición supo ofrecer una contestación compartida satisfactoria), se paralizarán las reformas acuciantes a las que, por poner un par de ejemplos inmediatos, se enfrenta nuestro país por el inexorable declive demográfico o la escasez de vivienda a precios accesibles. 

Pero, como digo, para alcanzar ese estadio civilizatorio superior, que sería el propio del ideal democrático, debe preservarse a la comunidad política alejada de crisis existenciales que la devuelven a la casilla de salida. Y así, quienes eran reacios a las fronteras, quienes postulaban un cosmopolitismo naif (esos “ciudadanos del mundo”, que encima intentaban congeniarlo, mediante asombrosos juegos retóricos, con la reivindicación de regionalismos o localismos cantonalistas), quizá hayan reparado, a partir de la crisis nacional de Ceuta, en que la frontera es una garantía, no sólo legal (ejecutiva) sino también filosófica (ontológica), para que una comunidad política trabaje y pueda trabajar por el bienestar de sus miembros, que ya ven asegurada su caracterización como personajes de una determinada narración nacional. 

De todas maneras, y puesto que resultaría ingenuo sustraerse de este contexto de galopante incertidumbre que provoca la crisis nacional de Ceuta, propongo añadir nuevas capas al debate existencial que se ha desatado y que, evidentemente, la opinión pública está enfocando, sobre todo, en la frontera geográfica. Todos los cambios de era, y creo que el lector convendrá en que estamos rotundamente inmersos en uno (en el que los flujos migratorios constituyen un fenómeno tan complejo como preeminente), se han denotado por el dinamismo del concepto de frontera, con su polisemia metafórica: es un horizonte aspiracional que un sujeto o colectivo quiere empujar más allá, a la vez que un límite con el que mide el alcance de esa misión según un código moral. La vulnerada frontera territorial de España en Ceuta nos interpela, por tanto, sobre muchas fronteras; fronteras que se comportan siempre como un Jano bifronte (son anhelo, al tiempo que restricción) y afectan a esos otros debates no existenciales o prácticos que fomentan más riqueza, justicia, libertad o igualdad de oportunidades; fronteras respecto de las que resulta inaplazable que pensemos, pues nos posicionarán, como individuos y sociedad, ante esta nueva era.  

Por ejemplo, la frontera sobre hasta dónde puede sostenerse un derecho internacional basado en la buena fe y en la diplomacia blanda, o si su utilidad, particularmente ante políticas de hechos consumados cada vez más frecuentes, depende de que se le dote de instrumentos coercitivos para combatir agresiones que, como ya ha ocurrido en Ucrania o Gaza, utilizan la dignidad humana como directa arma de guerra. 

O la frontera sobre cómo pueden armonizarse la soberanía (no tanto en términos políticos de Estado liberal, modelo agotado, ya lo he denunciado, para la gestión de las relaciones exteriores, sino fundamentalmente económicos, de recursos disponibles) y los desequilibrios demográficos; sobre cuándo es aceptable que la demanda poblacional y la oferta de bienes y servicios publificados deje de interpretarse como un juego de suma positiva, en virtud de la solidaridad que como especie nos debemos, para convertirse en uno de suma cero (o a la inversa). 

O la frontera sobre cuándo la autonomía estratégica en una cadena de suministro o respecto de una infraestructura crítica (y para qué sectores se elige esa autosuficiencia) debe ampliarse mediante una cooperación competitiva, y cuándo es legítimo que se pulsen los resortes presionantes de esa cadena de suministro o infraestructura crítica que posee un Estado para impulsar la propia autonomía estratégica, a cambio incluso de subordinar la dependencia de terceros, o forzar la negociación de una cooperación competitiva en otras áreas de interés. 

O la frontera entre la productividad y la libertad, la justicia o la igualdad de las personas, de todas las personas. La primera está obsesionada con la eficiencia y el dato medible, mientras que las segundas son realidades sintéticas que escapan de una comprensión matemática o analítica (aunque haya estadísticas comparativas que busquen capturarlas) y que no necesitan optimizar los procesos si al final se logra el resultado: que aumenten. ¿En qué frontera debe dirimirse, pues, el dilema? ¿En qué frontera podrían llegar a generarse, en su caso, sinergias mutuas?

O la frontera sobre dónde se trazan otras fronteras con profunda repercusión o influencia por su capacidad de transformación civilizatoria: las fronteras geográficas responden a una jurisdicción que se gestó para un mundo divisible y que sigue dividido, pero, partiendo de ambas premisas, que persisten, y más allá de la voluntad de poder de algunos híper-empresarios y su (difusa) ética personal, ¿cuál es la jurisdicción de un universo digital indivisible, plenamente conectado, potencialmente sin fronteras (más allá de que el desarrollo y recepción de la tecnología no sean homogéneos)?

O, por último, la frontera de la verdad, las fronteras de la verdad democrática: ¿El relativismo plural puede continuar constituyendo el canon de verdad de sociedades que la polarización está centrifugando hasta segmentarlas en compartimentos estancos, cuya comunicación o sustrato común empieza a atisbarse tísico? ¿O debemos configurar un nuevo criterio de verdad para vencer a la posverdad a la que esa dinámica envilecida nos ha arrastrado?

La calamidad que les han arrojado está obligando a los ceutíes a que vivan, elijan y actúen (a que se posicionen, y además frenéticamente) respecto de todas estas fronteras, y seguro que respecto de otras tantas que ahora no intuyo; fronteras sobre las que, por el momento, los demás podemos detenernos a cavilar, siquiera durante unos minutos, e incluso desde el sosiego de la escritura. Así que no sólo cuentan con mi solidaridad por su sufrimiento, sino también con mi admiración, porque su experiencia (y, en varios casos, su conducta) nos está anticipando algunas respuestas a inquietudes tan perentorias.