Piden a cinco cooperativistas 2 años de cárcel por hacer socios a los trabajadores para no contratarlos y darles un salario

El Ministerio Fiscal pide a cinco cooperativistas de tres constructoras dos años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores al hacer a éstos socios para no tener que contratarlos y darles un salario u otros reconocimientos.

Tal y como describe el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados pusieron en marcha tres cooperativas pero ninguna de ellas tenía “como finalidad promover el autoempleo, sino, simplemente, abaratar costes salariales y de Seguridad Social”.

Lo hacían “a base de crear socios cooperativistas en vez de trabajadores asalariados, con el coste sensiblemente menor que ello supone”.

“Esto da lugar”, ha explicado, “no sólo al fraude a la Seguridad Social, ya que los socios no cotizan al Fogasa, sino, fundamentalmente, a la vulneración de los derechos de los trabajadores”.

Así, aunque creían que “eran contratados como trabajadores, en realidad, eran vinculados a la cooperativa en concepto de cooperativistas sin ellos conocerlo”.

Para ello, se valían de su desconocimiento de la lengua y escritura española, así como de su precaria situación laboral y lo hacían a través de la creación de las cooperativas COJIMAR, AL-ITEHAD y FAIZAN.

Además los trabajadores “socios” fueron contratados “en período de prueba”, lo cual ha supuesto la exención de las obligaciones sociales de realizar aportaciones, desembolso de la cuota de ingreso, posibilidad de retorno cooperativo, reparto entre los socios del excedente cooperativo, etcétera.

Del mismo modo, su contratación como socios a prueba permite a la cooperativa, de un lado, no abonar el salario mínimo interprofesional que devengaría un trabajador del ramo por cuenta ajena, mientras que, de otro lado, permite el despido unilateral sin posibilidad de impugnación.

El escrito añade que “jamás hubo, tampoco, reparto de beneficios por el trabajo desempeñado”. Como consecuencia de su condición de socios, los trabajadores han visto frustrado su derecho a la percepción de un salario, así como a diferentes condiciones de cobertura de la Seguridad Social (como cotización por desempleo).

Las cantidades percibidas en condición de “socios” son sensiblemente inferiores a las que les correspondería como salario en virtud del Convenio Colectivo de Edificación y obras públicas en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Para el Fiscal, los hechos descritos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores y pide, para ellos, dos años de cárcel y multa de ocho meses a ocho euros al día con arresto sustitutorio para cada uno. La vista oral está prevista para mañana, martes 19 de diciembre en la Audiencia Provincial.