Piden cuatro años de prisión para una mujer que transfirió el dinero de una empresa a su cuenta para evitar un pago de 1,6 millones

El Fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión para una persona acusada de un delito de insolvencia punible al transferir a otra cuenta bancaria de su propiedad el dinero de una empresa, de la que ella era administradora, y evitar así una responsabilidad de 1,6 millones de euros.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada, mayor de edad y sin antecedentes penales, era la

administradora y responsable civil subsidiaria “en caso de que su marido no pudiera hacer frente a las mismas” de una empresa contra la que se dictó auto de apertura de juicio oral en octubre del 2016 por una responsabilidad de 1.675.709 euros. Además, se establecía el embargo “en caso de no garantizar la mencionada cantidad”. El juicio tendrá lugar el próximo martes, 15 de noviembre, en la Audiencia Provincial.

De esta manera, al no ofrecer bienes suficientes ni el marido ni la sociedad se acordó el embargo de las cuentas de la sociedad por decreto en agosto del 2017. En ese momento, la acusada “con conocimiento de su ilicitud y con ánimo de evitar el pago” procedió a realizar la transferencia de la cuenta de la empresa de diferentes cantidades procedentes de la venta de 2.539 acciones de BBVA (18.744,67 euros) y de 1.500 acciones de Gas Natural ( valor 30.139,79 euros) a una cuenta de la que ella era la única titular sin poder justificarlo.

De la misma forma también vendió participaciones de un fondo de inversión por importe de 19.608,4 euros, el cual fue inmediatamente transferido a la misma cuenta propiedad de la acusada “de nuevo sin poder justificarse”, explica el Fiscal. Finalmente solo quedó 465 euros en la cuenta de la empresa.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de insolvencia punible y procede imponer a la acusada la pena de 4 años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 18 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros.

Con la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 en caso de impago. Además, la acusada deberá indemnizar en la cantidad de 68.328 euros.