UGT pide el cese inmediato del número dos de la consejera Arruga, imputado por persecución a un funcionario

La Federación de Servicios Públicos de UGT de La Rioja ha denunciado las situaciones de acoso laboral que se producen en la Administración autonómica. Es la segunda vez que se produce un hecho similar en esta administración, después de la condena a Aranzazu Vallejo, por entonces Consejera de Obras Públicas, por acoso a un trabajador público en el desempeño de sus funciones. En este caso, la Administración tuvo que indemnizar al trabajador con 60.000 por quedar demostrado el acoso que venía sufriendo por la consejera.

Ahora se encuentran, han explicado desde el sindicato, con que aflora un nuevo caso de acoso a un empleado público por parte de un alto cargo de designación política nombrado por el Gobierno regional: el señor Ezequiel Fernández Navajas, Secretario General Técnico de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, número dos de la Consejera Concepción Arruga, ha sido imputado por un delito contra la integridad moral contra un funcionario de la Comunidad Autónoma.

Desde FSP-UGT están muy preocupados por la “coacción” que quiere ejercer el poder político sobre la independencia de los empleados públicos, a través de “diferentes modos de acoso”, como en este caso con la apertura de un expediente disciplinario. “Los empleados públicos deben desarrollan el trabajo que tienen encomendado con total libertad e independencia, como recoge la Constitución (art. 113.3) y velando siempre por el interés ciudadano y no por intereses partidistas”, han añadido.

“El Gobierno de La Rioja debería ser el primer interesado en velar por la imparcialidad y objetividad de sus empleados públicos y poner freno a aquellos que pretenden que la administración pública atienda más a la satisfacción de intereses personales o de grupo que a los generales”, han indicado desde UGT, por lo que creen “necesario” y “urgente” que el Consejo de Gobierno cese al imputado como Secretario General Técnico de la Consejería por quedar cuestionada su capacidad para ejercer el cargo que ostenta eficientemente. El Consejo de Gobierno es el responsable de su nombramiento, cuando ya existía la acusación contra él, por lo que debe cesarle y asumir la responsabilidad de su decisión.