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El núcleo de soberanistas que arropa a Mas en el Govern tiene las claves de los grandes casos de corrupción de CDC

Homs, Puig y Gordó forman parte del denominado 'pinyol', el círculo independentista más próximo a Jordi Pujol Ferrusola, del que forma parte también su hermano Oriol

Los tres serán los encargados de gestionar la consulta de autodeterminación pactada con ERC para 2014 desde las carteras de Presidencia, Empresa y Justicia

La pieza separada sobre financiación de Convergència del 'caso Palau', la supuesta trama de concesión de estaciones de ITV y Pretoria, afecta a Puig, Oriol Pujol y Gordó

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Germà Gordó.

El nuevo consejero de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó./ gencat.cat/justicia

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha optado por un Gobierno de signo continuista. Para ello, cuenta con una exigua mayoría de CiU en el Parlament de Catalunya –50 diputados de 135– y con el apoyo de la segunda fuerza, Esquerra Republicana, a cambio convocar un referéndum de autodeterminación en Catalunya para 2014.

Pero sólo en apariencia. En esa pretendida continuidad, se ha reforzado a los sectores más soberanistas que, además, incluyen a personajes claves en algunos de los principales casos de corrupción que afectan a Convergència Democràtica de Catalunya.

Como señalaba hace unos días el maestro Moncho González Cabezas, Mas no se ha limitado a mantener los mismos nombres. Ha otorgado prácticamente todo el poder ejecutivo al denominado pinyol (hueso de aceituna, en catalán).

Constituye el núcleo duro de dirigentes soberanistas de la generación de Mas, liderado en la sombra por Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y públicamente por su hermano Oriol, que, además, es el secretario general del partido y presidente del Grupo Parlamentario.

Además de Oriol Pujol, tres son los hombres que han salido reforzados en el Gobierno de la Generalitat salido de las elecciones del pasado 25 de noviembre: el nuevo consejero de Presidencia, Francesc Homs, que ha pasado de ser portavoz del Ejecutivo catalán a convertirse en número dos del gabinete. El nombramiento de Homs, además, rebaja de forma considerable el papel de Unió, porque pasa por delante de la vicepresidenta, la democristiana Joana Ortega.

Pero hay más. Felip Puig, que a pesar de una más que discutible gestión en la cartera de Interior, mantiene su condición de conseller, aunque pasa a Empresa, y, sobre todo, Germà Gordó, que deja de ser secretario general del Govern y se convierte en titular de Justicia, de manera que tendrá un papel fundamental en la eventual consulta soberanista.

De todos ellos, Homs es el único que no se encuentra relacionado con ningún procedimiento judicial por corrupción vinculado a sus actividades en la Administración catalana o a la supuesta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya: la sede de CDC está embargada para hacer frente a una eventual responsabilidad civil de 3,3 millones de euros por orden del titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, encargado de la instrucción del expolio del Palau de la Música de Catalunya a manos del ex presidente de la entidad, Fèlix Millet, y de su director general, Jordi Montull.

Sumarios judiciales

Puig, Oriol Pujol y Germà Gordó sí aparecen relacionados con casos de esa naturaleza. La mayor sorpresa ha sido la irrupción de Germà Gordó como consejero de Justicia, quizás por su excepcional discreción. De hecho, Gordó es más conocido por sus vinculaciones familiares que por su propia trayectoria profesional, a pesar de que cuenta con un abultado currículum.

Nacido en la Pobla de Segur en 1963, Gordó es abogado y fue fundador de las JNC, las juventudes de Convergència, en 1980, y aún es presidente de la Asociación Barcelona 2020. El listado de títulos académicos de Gordó es interminable: diplomado en Estudios Europeos por la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble; en Función Gerencial en las Administraciones Públicas por ESADE, escuela de negocios en la que tiene dos títulos más, además de un máster del IESE.

Es funcionario de carrera de la Generalitat, aunque desde 2010 tiene una excedencia especial por los cargos de confianza que ha venido desarrollando en la Generalitat de Pujol y, especialmente, porque en los últimos 10 años ha ejercido como gerente de Convergència con atribuciones sobre las finanzas del partido, algo que le pone en el punto de mira del juez Pijuan, aunque su condición de consejero y el hecho de que, por primera vez, es diputado en el Parlament, retrasará su comparecencia ante el magistrado, porque, en el momento que le cite, tendrá que inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pero si es especialmente conocido es por ser hijo de Francesc Gordo –él añadió más tarde el acento en la o- compañero de viaje de primera hora de Jordi Pujol padre y, durante años principal imputado en el caso Casinos, el primer caso de financiación ilegal de partidos, que fue archivado tras casi 10 años de instrucción a raíz de la sentencia del caso Filesa, que establecía que antes de 1995 no existía en el ordenamiento jurídico español el delito en cuestión.

Al igual que Oriol Pujol, aparece estrechamente vinculado a la supuesta trama de concesión irregular de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. A diferencia del hijo del ex president, que aparece en el sumario a raíz de las referencias que hacen a él los principales imputados, en el caso de Gordó, los investigadores han acreditado comunicaciones entre el actual consejero de Justicia y los implicados.

El pinyol ha tenido siempre un padrino: el que fue secretario de Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990, Lluís Prenafeta, una persona muy próxima a la esposa del ex presidente Pujol, Marta Ferrusola. Prenafeta y Ferrusola siempre han considerado una injusticia que los chicos Pujol-Ferrusola no pudieran dedicarse a los negocios privados a causa del cargo de su padre. De hecho, Prenafeta dio a Jordi Pujol Ferrusola una de sus primeras oportunidades laborales en la empresa de su familia, Tipel. Igual que a Artrur Mas.

La influencia de Prenafeta, que está en libertad bajo fianza de 200.000 euros acusado de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a la Hacienda Pública, fraude en subvenciones, fraude y exacciones ilegales, falsedad en documento oficial y encubrimiento por su implicación en el caso Pretoria, queda de manifiesto en dos de las escuchas de la Guardia Civil.

En la primera conversación, el 3 de junio de 2009, que aparece en el folio 915 del tomo 3 del caso Pretoria, Prenafeta habla –de manera que revela que está sometido a un pinchazo telefónico- con el hoy presidente de la Generalitat, Artur Mas, de la necesidad de que el entonces candidato de CiU se reúna con un misterioso empresario de Terrassa “controvertido”, pero que puede ayudar a CDC. En la conversación, el subconsciente traiciona a Prenafeta y se refiere al entonces gerente de CDC como Francesc Gordo, aunque Mas le corrige inmediatamente: Germà Gordó.

Una semana más tarde, en una conversación intervenida entre Prenafeta y Gordó, el segundo informa al primero de que mientras hablaba con Mas, él ya había quedado con Lao –aparentemente el patrón del imperio del juego radicado en Terrassa, Manuel Lao- y que en principio, podrán acceder a lo que piden los Lao.

Veteranía política

Miembro del Pinyol, pero menos vinculado a Prenafeta, es Puig. Pero Felip Puig era consejero de Obras Públicas en el último Govern de Jordi Pujol, cuando se produjeron las concesiones a la constructora Ferrovial que supuestamente remuneró a CDC su elección en forma de comisiones ilegales abonadas al partido a través del Palau de la Música que presidía Fèlix Millet.

Tanto el juez Pijuan como los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) coinciden en considerar que las donaciones de Ferrovial al Palau de la Música responden a esas concesiones. El auto del juez Pijuan en el que establece la fianza de 3,3 millones para CDC cita las siguientes adjudicaciones:

  1. Obras de revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro, adjudicada por la entidad Regs de Catalunya S.A., empresa pública de la Generalitat.
  2. Construcción del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Valles, adjudicada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de dicha población, en el que gobernaba CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA.
  3. Construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona, adjudicada a una UTE participada en un 20 por ciento por FERROVIAL AGROMAN, S.A. por la empresa pública GESTIÓ D' INFRAESTRUCTURES S.A.U. (GISA).
  4. Construcción de la Ciutat de la Justícia de Barcelona y L'Hospitalet, adjudicada a una UTE participada en un 20 por ciento por FERROVIAL AGROMAN, S.A. por la empresa pública GESTIÓ D' INFRAESTRUCTURES S.A.U. (GISA). En el cobro de estas comisiones habrían intervenido los imputados Félix MILLET TUSELL y Jordi MONTULL BAGUR como intermediarios entre la empresa FERROVIAL-AGROMAN y personas afines a CONVERGÈNCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA, formación política en el Govern de la Generalitat de Catalunya cuando se adjudicaron dichas obras públicas.

Todas esas adjudicaciones dependían en último extremo de Felip Puig, en su calidad de consejero de Obras Públicas. Además, durante el año 2005, cuando el entonces presidente de la Generalitat era Pasqual Maragall y afeó a Artur Mas en un debate parlamentario que CiU cobraba el 3% de las adjudicaciones públicas, sin prueba alguna, en la comisión de investigación que se forzó para salvar el exceso verbal del presidente socialista Puig fue el peor parado.

No fue creíble respecto al papel que había jugado su primo Josep Maria Penín en la supuesta recogida de maletines para el partido cuando ejercía como conductor para el fallecido Pere Esteve cuando era secretario general de CDC.

El fiscal negocia con las partes una conformidad en el 'caso Pallerols' de financiación de Unió

Convergència Democràtica lo va a tener más difícil a la hora de controlar a su socio de federación, Unió Democràtica, mientras negocia la eventual celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña en 2014. Ayer debía iniciarse en la Audiencia de Barcelona el macrojuicio del caso Pallerols, en el que debía procesarse al empresario andorrano Fidel Pallerols y a varios antiguos altos cargos del Departamento de Trabajo de la Generalitat, militantes o dirigentes, a su vez de Unió Democràtica.

Sin embargo, el juicio se aplazó mientras las partes negocian un acuerdo que evite la celebración del proceso, en el que la Fiscalía reclama a UDC casi 200.000 euros como partícipe a título lucrativo. Según fuentes judiciales, la vista del caso Pallerols debía iniciarse ayer por la mañana, pero antes de su comienzo los letrados de los procesados, acusaciones y defensas se reunieron para negociar un acuerdo de conformidad y evitar así el proceso, que podría alargarse 54 semanas, informa Efe.

La Fiscalía pide penas de hasta 11 años de prisión por el caso, un entramado para el supuesto desvío de fondos públicos procedentes de cursos de formación subvencionados por la Unión Europea que implica a dos exaltos cargos de la consejería de Trabajo y a militantes de UDC.

Las partes implicadas se han dado de plazo hasta esta tarde para alcanzar un acuerdo que comporte una rebaja de las penas de prisión e inhabilitación y posiblemente de las indemnizaciones a pagar. La Fiscalía reclama 200.000 euros a UDC como partícipe a título lucrativo de la trama, dado que considera que se quedó con parte del dinero desviado mediante el entramado liderado por el empresario andorrano Fidel Pallerols.

La Fiscalía pide también que los procesados indemnicen, conjunta y solidariamente, al Departamento de Trabajo con 595.972,61 euros, cantidad que habrían desviado de las subvenciones recibidas por Pallerols para la realización de cursos de formación.

El fiscal considera que en la concertación de todos los acusados "jugó un papel decisivo" Vicenç Gavaldà, militante de UDC desde 1984 y que ocupó varios cargos en este partido, entre ellos el de secretario de Organización y de Relaciones Institucionales entre los años 1992 y 1999, por lo que pide 9 años de prisión para él.

La conjunción de intereses entre los procesados por el caso Pallerols, mantiene el fiscal Fernando Rodríguez Rey, les llevó a idear una trama para desviar el 10% del importe anual de los fondos públicos que las empresas de Fidel Pallerols recibían del Departamento de Trabajo de la Generalitat en concepto de subvenciones.


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