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MADRID

El Gobierno de Ayuso ignora a los sindicatos policiales en su proyecto para atraer más agentes a Madrid

El Ejecutivo regional diseña un plan de ayudas a la vivienda o al transporte para fomentar que más policías y guardias civiles elijan la Comunidad como destino

El consejero Enrique López declina reunirse con el sindicato CEP, que había solicitado un encuentro para abordar sus inquietudes respecto a este plan de incentivos

En la Comunidad sostienen que López se reúne habitualmente con colectivos, pero que en este caso la interlocución es con los mandos policiales por "lealtad institucional"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el nuevo consejero de Justicia, Enrique López.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Justicia e Interior, Enrique López. EFE

El Gobierno que dirige Isabel Díaz Ayuso no cuenta con los sindicatos policiales en la elaboración del plan con el que pretende incentivar que más agentes elijan la Comunidad de Madrid como destino profesional. Al menos, así está ocurriendo por el momento. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha declinado reunirse con miembros de la Confederación Española de Policía (CEP), el segundo sindicato policial en afiliación a nivel estatal, que le había reclamado un encuentro para proporcionarle un "conocimiento más directo" de las reclamaciones de los agentes.

A preguntas de eldiario.es, un portavoz de la consejería ha explicado que López mantiene reuniones con colectivos profesionales para tratar diversas cuestiones de su competencia de forma habitual. Sin embargo, para abordar esta cuestión, ha optado por mantener una interlocución directa con "mandos" tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil por una cuestión de "lealtad institucional".

"Es un tema de organización. Se está trabajando con los mandos, que serán los que después expliquen las medidas a los agentes a través de sus representantes sindicales", señala esta misma fuente. Tanto la Policía como la Guardia Civil dependen jerárquicamente del Ministerio del Interior.

El sindicato CEP considera una "falta de respeto" que López vaya a poner en marcha un programa de ayudas a los policías nacionales "sin querer escuchar las necesidades que tienen o las propuestas que podrían convertir esa iniciativa en un proyecto realmente útil". A su juicio, evitar una reunión con los agentes demuestra que se trata de "una iniciativa que no nace pensando en los policías sino en la conveniencia política de quien la formula".

"No se puede afirmar que busca fomentar la estabilidad de los agentes en la Comunidad de Madrid para, a continuación, demostrar que la opinión de los afectados no es relevante para el Gobierno regional", afirman fuentes del sindicato, al tiempo que instan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a rectificar. "De lo contrario, el proyecto corre el riesgo de acabar en fiasco porque evita contar con la opinión de los protagonistas", añaden.

Seis meses de trabajos

El consejero Enrique López anunció el pasado 23 de septiembre que el plan de incentivos que promoverá el Gobierno regional para hacer hacer más atractiva la Comunidad de Madrid como como destino profesional para policías y guardias civiles incluye ayudas para el acceso a la vivienda y el transporte, así como facilitar la escolarización inmediata de los hijos cuando se produzca un traslado.

López subrayó que ofrecer una oferta más atractiva de colaboración a estos cuerpos de seguridad supone "uno de los primeros encargos a los que da cumplimiento" para que el servicio se preste "de la mejor manera posible". El acuerdo de Gobierno que el PP firmó con Ciudadanos incluía, entre sus 155 medidas, la propuesta de "incentivar que haya más Policía Nacional y Guardia Civil velando por la seguridad de los madrileños".

Con este objetivo, el Gobierno regional acordó el pasado 24 de septiembre la creación de una Comisión de Estudio coordinada por la consejería de Enrique López. Este grupo, presidido por el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 y en el que se integran once representantes de los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico tendrá seis meses para determinar esos incentivos.

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