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MADRID

Los letrados de la Asamblea aconsejan limitar la comisión de universidades a investigar el Instituto de Derecho Público

La presidenta de la Cámara, Paloma Adrados (PP), solicitó un informe jurídico que ha retrasado los tiempos y que concluye que incluir otras universidades sin concretar genera "inseguridad jurídica"

El PP amenaza con recurrir al Constitucional si la Mesa no reconsidera su decisión de constituir la comisión, tomada el lunes por acuerdo de PSOE, Podemos y Ciudadanos

La comisión aún no tiene calendario y la semana que viene los grupos deben volver a presentar el texto de la comisión para empezar a trabajar 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,d., el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado,iz., y la presidenta de la Comunidad de Madrid,Cristina Cifuentes,c., durante el XVI Congreso del PP de Madrid, en el que Cristina Cifuentes será proclamada nueva presidenta la formación. EFE/Mariscal

Pablo Casado y Cristina Cifuentes en una imagen de archivo. / EFE

La Mesa de la Asamblea aprobó este lunes la constitución de la comisión de investigación de universidades, pese a la negativa del PP, con el objeto de determinar responsabilidades políticas y que establece que puedan acudir a comparecer el presidente, miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, rectores de universidades o responsables de las unidades académicas. Un día después, los conservadores han amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional si la Mesa no reconsidera su decisión. 

l Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha asegurado este martes que estudia pedir a la Mesa del Parlamento madrileño que reconsidere la creación de la comisión de investigación de universidades y en el caso de no hacerlo, abrirían la posibilidad de solicitar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Según ha explicado el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, la Mesa aprobó la constitución de la comisión, pero no su texto final, ya que "estaba mal hecho" el escrito de la creación. Por ello, quieren esperar a que el próximo lunes esté presentado el escrito de la misma definitivo, y ahí será cuando se plantean pedir una reconsideración.

El PP apoya su postura en un informe solicitado por la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, a los servicios jurídicos de la Cámara regional porque tenía "dudas" con el objeto que han propuesto los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) para constituir una Comisión.

El documento enviado por los letrados, cuyas conclusiones no son vinculantes, indica que el asunto resulta de interés público y sostiene que "indudable" que sobre las universidades existe competencia de la Comunidad de Madrid y eso por tanto es "predicable" del Instituto de Derecho Público, ya extinto, de la Universidad Rey Juan Carlos "en tanto que forma parte del sistema universitario madrileño".Ahora bien, a su juicio, "la existencia del título competencial no habilita por si mismo a realizar cualquier tipo de investigación sobre la cuestión".

Los letrados, no obstante, recomiendan "eliminar la incertidumbre e inseguridad jurídica que la extensión con el añadido "y otras posibles en la Universidad pública madrileña y sus centros adscritos” introduce y el desbordamiento del que pudieran resultar afectados derechos fundamentales y muy especialmente el derecho fundamental a la autonomía universitaria". 

Esta comisión tiene por objeto "investigar", y en su caso, "determinar las responsabilidades políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público (IDP) desde su creación por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre de 2001".

Además, se pretende estudiar, y aquí está la redacción más problemática, "otros potenciales o posibles casos relacionados con la presunta obtención irregular de títulos académicos oficiales en las universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos por parte de cargos públicos". De este modo, entran en el objeto los estudios de Derecho de Pablo Casado en la Cardenal Cisnero (adscrita a la Complutense) pero se quedan fuera, por ejemplo, los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afectar a una universidad privada.

En la Comisión tienen obligación de comparecer, según lo estipulado en el artículo 75 del Reglamento de la Asamblea, el presidente y los miembros del Consejo de Gobierno, los altos cargos y funcionarios de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus empresas y entes públicos incluyendo las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, los rectores, miembros de los órganos de gobierno y representación.

También, los grupos parlamentarios propusieron que comparezca el profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios, y "cuantas personas y representantes de empresas o instituciones sean citados a comparecer para ser oídos, para informar o para asesorar a la comisión de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo".

No obstante, en la próxima reunión de la Mesa de la Cámara regional se determinarán las reglas que regirán esta comisión, para la que todavía no hay fecha.

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