La Audiencia Provincial de Madrid ordena reabrir la investigación sobre el corte de luz en la Cañada Real

La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso presentado por la asociación de vecinos Tabadol y ordena reabrir la investigación sobre los cortes de luz en los sectores cinco y seis de la Cañada Real, que ya duran ocho meses. Los magistrados de la sección nº16 descartan que haya delitos de lesiones, trato degradante o de denegación de auxilio por parte de las administraciones, pero advierten de que el cierre del caso se basó en un informe aportado por la empresa que suministra la electricidad en el poblado, Naturgy, que imputaba el corte a la sobrecarga de la red. “Se trata de un informe de parte y además de una de las partes interesadas, la entidad sobre la que recae la denuncia”, dice el auto, emitido el 26 de mayo.

Los jueces piden que se “extremen las garantías del proceso” porque es un caso “con grave trascendencia para un gran número de personas” y exigen que el informe emitido por Naturgy “sea contrastado” por un perito imparcial designado por el Juzgado de Instrucción nº 42. La Audiencia Provincial explica que también se puede solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.

“Va a obligar a examinar los motivos reales”

“No estamos diciendo, ni siquiera insinuando que dicho informe falte a la verdad, antes al contrario su contenido  resulta en principio fundamentado, correcto y basado en datos objetivos”, matiza el auto, que supone un tirón de orejas a la forma de proceder del juez de instrucción y ha sido celebrado por los vecinos de la Cañada Real. “Desde la Asociación Tabadol valoramos positivamente esta decisión, que va a obligar a examinar los motivos reales del corte de luz, contrastando la versión de Naturgy y de las autoridades la Comunidad de Madrid, quienes habrían remitido todo el problema a una cuestión de sobrecarga en la red”, asegura la asociación Tabadol.

En el poblado, tras ocho meses sin luz, hay agotamiento y poca esperanza en que el problema se solucione. “Servirá para poner luz sobre las causas del problema y sobre las posibles soluciones”, señala el abogado de la asociación, Javier Rubio, en conversación con elDiario.es.

La falta de acción de las administraciones concernidas -desde el Estado hasta los ayuntamientos-, sin embargo, no es reprendida por los jueces. “Se han intentado acuerdos, algo se ha mejorado, pero los problemas siguen latentes. Ahora bien no podemos hablar de una desidia administrativa, ni de un desentendimiento absoluto del problema, sino de un problema social, económico,  administrativo, urbanístico de primer orden, que , obviamente, no puede abordarse a golpe  de Código Penal pues los tipos penales son concretos y no se aprecia la concurrencia de  ninguno de ellos”.

“Una cosa -prosigue el auto- es que los problemas sociales no se solucionen o no se arreglen  en su totalidad y otra es que los responsables políticos, que además son muy diversos en el  caso que nos ocupan, hayan dictado resoluciones administrativas groseramente arbitrarias y contrarias a derecho”.