El Ayuntamiento de Madrid acusa a una entidad vecinal a la que derivó una familia de “usar la pobreza para hacer política”

La relación entre el Ayuntamiento de Madrid y las despensas solidarias de los barrios que reparten cestas de alimentos a sus vecinos se ha tensionado un poco más. Varias asociaciones vecinales han puesto de manifiesto en la última semana que los servicios sociales municipales les continúan derivando a familias que necesitan atención urgente a través de documentos oficiales firmados por trabajadores sociales. El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha enmarcado la denuncia en “la campaña electoral”, acusando a una de las asociaciones, la AVA de Aluche, de “intentar usar la pobreza para hacer política”, al ser preguntado por esta situación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Aniorte ha señalado directamente a uno de los vocales de la entidad, Rogelio Poveda, por figurar en la lista de la precandidatura de Sol Sánchez (IU) -que perdió las primarias dentro del partido para las elecciones del 4M- y ha calificado a la asociación como una organización, además de vecinal, “política”. La asociación de vecinos, histórica en el distrito de Latina, publicó un tuit que se hizo viral con una carta enviada por los servicios sociales a una familia con un menor en la que informaban que dada su situación de extrema necesidad había sido derivada a su organización para la donación de alimentos y productos de primera necesidad. El delegado de Bienestar Social defiende que fue la entidad la que fue a pedir el documento “para hacer ese tuit”.

El Ayuntamiento de Madrid ha insistido desde que empezó la pandemia en que los servicios sociales han “liderado” la respuesta a la crisis social con la “colaboración” de la sociedad civil. “Estamos pudiendo dar respuesta con recursos propios de la administración local”, ha repetido este jueves Aniorte al dar a conocer un informe sobre la evolución de la tarjeta familias, la medida estrella del Ayuntamiento de Madrid contra la crisis. Se trata de una herramienta pionera que permite a las familias con ayudas alimentarias comprar autónomamente en los supermercados pero que ha despegado con lentitud.

Hasta el 5 de abril, los distritos habían entregado 3.117 tarjetas de las 27.000 máximas previstas por la corporación a finales de verano. Esto es, un 11%. El delegado ha precisado que hay tramitadas 7.866. “Se ha acelerado la gestión. En 2020 dábamos 247 al mes y ahora hasta 709”, ha defendido. El 70% de las tarjetas se han entregado a familias y un 30% a unidades monoparentales con una edad media de 42 años. Solo el 8% de las personas que están usando esta herramienta tienen trabajo, según el informe realizado por el área.

Un compromiso para no privatizar la EMT

La corporación también ha salido al paso de las sospechas de la oposición sobre la privatización de una parte de la Empresa Municipal de Transportes. Más Madrid y PSOE solicitaron este miércoles al delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, la convocatoria de un consejo extraordinario de la EMT para conocer el nuevo plan estratégico de la compañía. Un proyecto encargado a Deloitte por más de 300.000 euros y que ha sido presentado esta semana a los directivos de la EMT. Ni el comité de empresa ni la oposición todavía no han sido informados de su contenido.

Carabante ha desmentido que se produzca una entrada de capital privado en esta empresa 100% municipal. También la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que acusa a la izquierda de basarse en “rumores” para lanzar esta alarma. La número dos del Gobierno de Madrid ha asegurado que la compañía no se va a privatizar ni ahora ni a lo largo de lo que queda de mandato.