El Ayuntamiento anuncia acciones judiciales por la venta de pisos a fondos buitre durante la etapa de Botella
El delegado de Economía y Hacienda y portavoz de Ahora Madrid en la comisión municipal de investigación, Carlos Sánchez Mato, ha avanzado actuaciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) por la venta de 1.860 pisos a fondos buitre durante el Gobierno de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid.
Sánchez Mato ha considerado que “hay base jurídica para una actuación contra los administradores de una sociedad que no han velado por el correcto funcionamiento de la misma y su patrimonio”. El delegado de Economía ha añadido que “no hay duda” de que se ejercerán “actuaciones judiciales”.
La Cámara de Cuentas reveló en un informe, que recogió eldiario.es el pasado mes de mayo, que el Ayuntamiento de Madrid que gobernaba Ana Botella (Partido Popular) “vulneró las más elementales reglas de buena gestión” en 2013 cuando vendió 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros.
Carlos Sánchez Mato ha destacado la “incapacidad” de los mecanismos de control para detectar “el incumplimiento de la normativa”. “No ha habido forma” de evitar estas actuaciones que han supuesto una “vulneración del Código Penal y de las normas mercantiles” y eso “me indigna”, ha señalado.
El delegado de Economía de Ahora Madrid ha criticado que el Partido Popular no haya acudido a la comisión de investigación. Sánchez Mato ha advertido de que “podría resultar imposible la devolución de las viviendas al patrimonio de todos”, pero que “siguen estudiando” el caso para intentar revertir la situación.
El informe indicaba que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.
La Cámara sospecha que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales porque con cuatro fondos aspirantes ya disponían de información que nadie más tenía. De hecho, habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese público.
La conclusión de la Cámara de Cuentas es contundente: la empresa pública municipal en la venta a los fondos buitres “no solo ignoró las normas de contratación” sino también “los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos”.
