Carmena estudia medidas para regular los apartamentos turísticos y pide todas las competencias a Cifuentes

El Ayuntamiento de Madrid quiere regular los alojamientos turísticos que están sacudiendo el centro de la capital. El fenómeno de la gentrificación expulsa a los residentes de la almendra central a un ritmo acelerado y a la vez proliferan cada día más las plataformas donde se anuncian los apartamentos para turistas. De entre estas plataformas destaca el nombre de Airbnb, aunque no es la única.

El Gobierno de Manuela Carmena quiere ahora negociar con Airbnb, Homeway y otras webs de este tipo para regular su uso. En el marco de sus competencias, el Ayuntamiento de Madrid pretende establecer un acuerdo por el que se regule un tope máximo de días al año, aplicar mecanismos de control para que no haya fraude y establecer una tasa turística que sería pactada con estas plataformas.

“El Ayuntamiento tiene competencia para firmar un acuerdo de memorándum con cualquier plataforma”, ha explicado el concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, que ha reconocido que las competencias del Ayuntamiento son limitadas.

Por eso, Calvo ha sugerido que la Comunidad de Madrid delegue al Ayuntamiento todas las competencias para regular las viviendas turísticas. El concejal considera que el Gobierno de Cifuentes se ha puesto “de perfil” en esta materia y ha advertido que, aunque el Ayuntamiento va a poner en marcha medidas, no va a renunciar a plantear propuestas a la Comunidad.

“Nosotros estamos comprometidos a abordar este problema. No queremos ponernos de perfil. Si la Comunidad no quiere regular o asumir ese compromiso, el Ayuntamiento tiende la mano para actuar y regular en materia de vivienda turística”, ha declarado Calvo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

José Manuel Calvo ha puesto como ejemplo los modelos de regulación puestos en marcha en San Francisco, Nueva Orleans y Amsterdam. Una de las medidas para garantizar que no haya fraude es que solo pueda ofrecer la vivienda a la plataforma la persona que viva en ella, lo que se tendría que certificar con el padrón, según ha explicado el edil. “Que no haya intermediarios ni nadie que se compre 17 casas para ponerlas como vivienda turística”, ha señalado.

El segundo eje del acuerdo que se trabaja con las plataformas que ofertan viviendas turísticas pasaría por fijar un plazo máximo temporal, de modo que no pueda ofertarse un piso durante todo el año, dado que entonces debería regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Calvo ha puesto como ejemplo Amsterdam, que ha impuesto un plazo máximo de 60 días, al que ha calificado de “razonable”.