Carmena sanciona a Ferrovial y Dragados con un millón de euros por cobrar servicios no prestados en la M-30
El Gobierno de Manuela Carmena ha pasado de las palabras a los hechos con las constructoras que realizaron el soterramiento de la M-30 y ahora explotan la vía. El Consejo de Administración de Calle 30, donde el Ayuntamiento de Madrid tiene mayoría, decidió ayer imponer las tres primeras multas a Emesa la sociedad que integran las constructoras Ferrovial y Dragados (del grupo ACS) por incumplimientos graves en los contratos de mantenimiento de la infraestructura, una de las principales arterias de Madrid.
Según las auditorías en poder del Gobierno Municipal, tanto Dragados como Ferrovial llevan una década cobrando por servicios no prestados al Ayuntamiento de Madrid, en virtud de un contrato que la Cámara de Cuentas ya consideró gravoso para el erario público y cuyo único sentido según el organismo fiscalizador es pagar unos intereses del 7% a las constructoras que adelantaron el dinero de la obra. Desde el inicio del contrato, en 2005, ambas han ingresado más de 500 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid y el contrato firmado en 2005 por el Gobierno municipal que presidía Alberto Ruiz-Gallardón expira en 2040.
El Ejecutivo de Carmena ya había anunciado en noviembre de 2016 la apertura de seis expedientes sancionadores por otras tantas irregularidades a las adjudicatarias. El consejo de administración de Calle 30 estipuló este miércoles la cuantía de las tres primeras multas, que suman 995.000 euros.
El primer incumplimiento de contrato que ha decidido sancionar Calle 30 es “la falta de inspección, mantenimiento, e inventariado” de los llamados “apoyos” del bypass. Los auditores detectaron que un supuesto sobrecoste incluido en la modificación del contrato de la obra en 2007 -y que tenía su origen en el gasto adicional que según la concesionaria iba a suponer el mantenimiento de los apoyos del bypass tras un cambio en el proyecto constructivo del tunel- no fue tal porque ese servicio nunca se prestó. Según el informe que motiva la sanción, pese a que la unión temporal de empresas ha recibido tres millones de euros en la última década por ese concepto no hay constancia “de que se hayan iniciado los mecanismos de inspección que pudieran derivar en el posterior mantenimiento”. Esta irregularidad la cifra ahora el Ayuntamiento en 375.000 euros.
El segundo incumplimiento detectado por Calle 30 guarda relación con el compromiso de la concesionaria de instalar una red WiFi “en la totalidad del anillo”. Eso fue lo que ofertó la UTE de Ferrovial y Dragados en 2005 para hacerse con el contrato millonario de la obra. Su propuesta contemplaba la instalación de una red “con soporte móvil para datos y voz y facilitar así la comunicación no sólo de usuarios sino de los operadores”. Suponía una mejora sobre las exigencias de la licitación y fue valorada muy positivamente en el informe de adjudicación del contrato que permitió a Emesa hacerse con la concesión. Sucede, según los técnicos de Calle 30, que esa red nunca fue instalada. Por eso el consejo de administración ha decidido multar a las dos constructoras con 320.000 euros.
El último expediente guarda relación con otra red de telecomunicaciones prevista y no instalada por el socio privado de Madrid Calle 30. Se trataba de la habilitación de una red PDH que, supuestamente, mejoraría el sistema de gestión de comunicaciones entre las instalaciones de la infraestructura y el centro de control.
Como mejora en la licitación, Dragados y Ferrovial prometían duplicar el anillo de comunicación “para el envío de datos críticos y la posible suplencia en caso de fallo del otro anillo de comunicación”. El informe de la inspección de Calle 30 sostiene que “ninguna de las redes mencionadas anteriormente ha sido instalada por EMESA”. Esta última multa asciende a 300.000 euros.
Desde que llegó al poder, el Gobierno de Carmena se ha mostrado muy crítica con los contratos y los compromisos de gasto heredados de anteriores alcaldes. En el caso de la M30 se trata del proyecto estrella de Gallardón que invirtió más de 5.000 millones de euros en soterrar una de las principales arterias de la capital. La concesión a las dos constructoras ha consumido más de 500 millones de euros desde 2004 y la Cámara de Cuentas ha recomendado el rescate de la infraestrucura para prestar una gestión directa desde el consistorio. De momento, el Gobierno de Ahora Madrid no se ha planteado este plan pero sí se ha mostrado tajante para obligar a las dos constructoras a cumplir lo pactado en la adjudicación.
Al repasar los expedientes, el Gobierno de Ahora Madrid ha hallado de todo: desde facturas de electricidad por 58 millones de euros abonadas que no correspondían al Ayuntamiento, hasta gastos de 1,5 millones para conservar una estación meteorológica cuyo coste de mercado es de 700 euros.
